La discusión sobre la reforma educativa dominicana entró en una nueva etapa. El Decreto 309-26, emitido por el presidente Luis Abinader el 7 de mayo de 2026, creó la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa, con el mandato de diseñar las bases de un Sistema Educativo Nacional Integral y elaborar un anteproyecto de ley de educación integral.
La medida coloca sobre la mesa una de las discusiones institucionales más sensibles del país: cómo reorganizar, articular y transformar un sistema que abarca desde la educación inicial hasta la superior, incluyendo la formación técnico-profesional, la ciencia, la tecnología y la innovación. No se trata solo de cambiar estructuras; el debate apunta al modelo de escuela, universidad y formación laboral que la República Dominicana quiere construir para las próximas décadas.
Según el decreto, la comisión deberá coordinar sus trabajos con la Comisión Nacional creada mediante el Decreto 173-16, para garantizar coherencia con procesos anteriores de transformación educativa. También deberá conformar un Comité Consultivo, integrado por expertos de distintas áreas, y un Comité Técnico, responsable de la redacción de las propuestas finales.
Una reforma con plazo y presión política
La Comisión Ejecutiva tiene un plazo de seis meses para presentar al Poder Ejecutivo el anteproyecto de Ley de Educación y las recomendaciones derivadas del proceso. La disposición también instruye a las instituciones del Poder Ejecutivo a colaborar con la comisión dentro de sus competencias.
Ese plazo, para el Gobierno, busca acelerar una transformación que considera urgente. Para los sectores críticos, en cambio, abre una alerta: una reforma educativa de esa magnitud no debería construirse con prisa ni sin una evaluación profunda de las políticas aplicadas durante los últimos años.
Lo que está en juego es amplio. La matrícula del año escolar 2025-2026 fue anunciada oficialmente en 2,664,028 estudiantes, de los cuales el 77.5 % corresponde al sector público y el 22.5 % al sector privado. Esa cifra da una idea del alcance social de cualquier cambio estructural en el sistema educativo dominicano.
Del intento de fusión a una reforma integral
El Decreto 309-26 llega después de un episodio que marcó el debate educativo reciente: la propuesta de fusionar el Ministerio de Educación (MINERD) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).
Esa iniciativa fue impulsada previamente mediante el Decreto 580-24, del 7 de octubre de 2024, que creó una comisión especial para coordinar los procesos administrativos y legales relativos a la fusión de ambos ministerios. El nuevo Decreto 309-26 derogó esa disposición, dejando atrás la ruta formal de la fusión ministerial, pero manteniendo la apuesta por una visión articulada del sistema educativo.
Esa diferencia es clave. La reforma actual no plantea, formalmente, la unión administrativa del MINERD y el MESCyT, sino la construcción de un marco integral que conecte los distintos niveles y modalidades educativas. Sin embargo, el recuerdo de la propuesta de fusión alimenta la desconfianza de sectores docentes, universitarios y académicos que temen que la reforma termine reduciendo la rectoría pública o debilitando instituciones existentes.
El Gobierno defiende una visión articulada
Desde el Gobierno, el discurso ha sido presentar la reforma como una respuesta a los desafíos del desarrollo nacional. En su rendición de cuentas del 27 de febrero de 2026, Abinader anunció una reforma legislativa y curricular orientada a diseñar un nuevo sistema educativo capaz de formar el capital humano necesario para duplicar el tamaño de la economía dominicana hacia 2036.
El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, respaldó el decreto al señalar que la transformación educativa requiere visión, articulación y capacidad de ejecución, y que debe estar orientada a la calidad, la innovación y la conexión entre educación y desarrollo.
El ministro de Educación Superior, Rafael Santos Badía, ha defendido que el proceso busca construir un sistema integral, no una fusión ministerial. De acuerdo con informaciones publicadas sobre la agenda oficial, las consultas se extenderán por territorios y sectores, incluyendo universidades, empresarios, iglesias, medios de comunicación, diáspora, familias, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
El mapa de las consultas oficiales
Las consultas fueron anunciadas para desarrollarse entre el 16 de mayo y el 29 de junio, con encuentros territoriales en distintas regiones del país y un congreso nacional final para recibir los aportes. El esquema incluye regiones como el Cibao, el Sur, el Este y la zona Ozama, además de consultas sectoriales con actores del sistema educativo y social.
El proceso también contempla debates sobre áreas críticas: lectoescritura y operaciones matemáticas en el primer ciclo de primaria; reforma curricular en secundaria; carreras cortas en educación superior; articulación con el mercado laboral; ciencia, tecnología, innovación y calidad educativa.
En los documentos de base y en la narrativa oficial aparece una idea central: superar la fragmentación del sistema educativo. La pregunta es si esa articulación será producto de un consenso amplio o de una decisión conducida desde una comisión con poder de redacción y plazos definidos.
Una consulta paralela desde sectores críticos
Mientras avanza el proceso oficial, sectores vinculados al magisterio y a la academia han impulsado espacios propios de discusión. Este jueves 21 de mayo fue convocado en la UASD el Primer Seminario Nacional: Desafíos de la Educación Dominicana y cuál es la Reforma Necesaria, concebido como un espacio de debate sobre el estado del sistema educativo y las políticas orientadas al sector.
La existencia de ese foro paralelo revela el fondo político del momento: no solo se discute el contenido de la reforma, sino también quién define la agenda, qué voces son escuchadas y qué nivel de incidencia real tendrán los gremios, universidades, familias, docentes y comunidades escolares.
ADP, FAPROUASD y ODPP-UASD rechazan el decreto
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), la Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (FAPROUASD) y el Observatorio de Políticas Públicas de la UASD (ODPP-UASD) rechazaron el Decreto 309-26 al considerar que impulsa una transformación educativa sin discusión científica, democrática ni vinculada a la realidad nacional.
Durante el programa La Voz del CEN, transmitido por La Voz Docente Media, representantes de esas entidades advirtieron que el proceso carece de planificación seria y pretende imponerse de forma acelerada y excluyente.
El presidente de FAPROUASD, Pastor de la Rosa, afirmó que una verdadera reforma educativa no puede improvisarse “en 45 días” ni desarrollarse sin estudios diagnósticos, participación amplia y respeto a las instituciones académicas del país. El secretario general del gremio, Apolinar Méndez, sostuvo que no se oponen a los cambios, sino a la improvisación y a la ausencia de participación democrática.
Por su parte, Fernando Peña, coordinador del ODPP-UASD, calificó el decreto como parte de una estrategia orientada a profundizar la privatización de la educación pública y reducir el papel del Estado. Según Peña, el Gobierno debió evaluar primero los resultados del Pacto Educativo y de las políticas implementadas en los últimos años antes de impulsar una reforma de esta magnitud.
La disputa por la educación pública
El punto más sensible del rechazo gremial es la sospecha de privatización. El secretario de Comunicación y Relaciones Públicas de la ADP, Menegildo De La Rosa, ha planteado que el decreto evidencia, a juicio del gremio, la intención de entregar el sistema educativo al capital privado y subordinarlo a intereses empresariales y organismos internacionales.
Esa acusación instala una tensión política difícil de ignorar. Para el Gobierno, la articulación entre educación, ciencia, tecnología, innovación y mercado laboral es parte de una agenda de desarrollo. Para sus críticos, el riesgo está en convertir la educación en una herramienta funcional al mercado, debilitando su carácter de derecho social y responsabilidad pública.
La discusión, por tanto, no es meramente administrativa. Es una disputa sobre el sentido de la educación pública: si debe organizarse principalmente alrededor de la productividad y el empleo, o si debe preservar una visión más amplia de ciudadanía, igualdad, pensamiento crítico, cultura, democracia y movilidad social.
Las voces técnicas: transformar no es solo reorganizar
En medio de la polarización, algunas voces expertas han intentado colocar el debate en un plano más estructural. Radhamés Mejía, exministro de Educación, ha planteado que el Decreto 309-26 abre una oportunidad para repensar integralmente el sistema educativo nacional, siempre que la nueva ley vaya más allá de una actualización normativa o una redistribución de competencias entre el MINERD, el MESCyT, el INFOTEP y otros órganos del sector.
Mejía sostiene que el valor del decreto está en desplazar el debate desde una eventual fusión administrativa hacia la construcción de un sistema nacional integral, articulado con ciencia, tecnología, innovación, formación técnico-profesional y aprendizaje a lo largo de la vida. Pero advierte que la pregunta rectora debe ser cómo mejorar los aprendizajes, fortalecer trayectorias educativas y laborales, reducir desigualdades y permitir que el sistema aprenda de su propio desempeño.
En la misma línea, Jacqueline Malagón, exministra de Educación y asesora técnica del Senado, había propuesto formalmente una Ley de Transformación Integral del Sistema Educativo Dominicano, orientada a articular la educación básica, la educación superior y el INFOTEP como motor del desarrollo nacional y la equidad. Para Malagón, transformar el sistema no consiste solo en distribuir dispositivos o digitalizar aulas, sino en lograr coherencia estructural entre currículo, formación docente y evaluación.
En una reflexión previa sobre la fusión MINERD-MESCyT, Malagón también advirtió que el debate no debía ser ideológico, sino un diálogo nacional centrado en elevar el nivel de aprendizaje de niños y jóvenes.
Comisión avanza en metodología para consulta nacional de reforma educativa
La Comisión Técnica de la Consulta Nacional para la Transformación de la Educación Dominicana avanzó en la definición de los contenidos, metodología y calendario preliminar que servirán de base para elaborar el documento final con las propuestas de reforma del sistema educativo.
Durante el encuentro, encabezado por el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, se informó que el proceso incluirá foros regionales, sectoriales e institucionales, así como consultas con universidades, sindicatos, empresarios, iglesias, organizaciones sociales, especialistas, estudiantes, colegios privados y representantes de la diáspora dominicana.
Las autoridades explicaron que la iniciativa no busca imponer una ley previamente elaborada, sino construir una propuesta colectiva, flexible, tecnológica y orientada al desarrollo nacional, capaz de responder a los desafíos de la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial y las nuevas demandas del mercado laboral.
El problema de fondo: calidad, coherencia y confianza
La reforma educativa dominicana llega en un contexto marcado por diagnósticos repetidos: bajos aprendizajes, brechas territoriales, debilidades en la formación docente, problemas de gestión, débil articulación entre niveles educativos, distancia entre currículo y realidad productiva, y dificultades para convertir la inversión pública en resultados sostenidos.
El propio Decreto 309-26 reconoce líneas de trabajo que apuntan a esos desafíos: mecanismos de aseguramiento de la calidad educativa, articulación entre educación, formación técnico-profesional y mercado laboral, fortalecimiento del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, y elaboración de un anteproyecto de ley de educación integral.
Pero la eficacia del proceso dependerá menos de la solemnidad del decreto que de la confianza que logre construir. Una reforma educativa requiere legitimidad social, diagnósticos claros, participación real, evidencia, continuidad institucional y capacidad de implementación. Sin esos elementos, cualquier nueva arquitectura legal corre el riesgo de convertirse en otra promesa acumulada.
Una reforma que deberá pasar por el Congreso
El proceso abierto por el Decreto 309-26 no termina en las consultas. La comisión deberá entregar un anteproyecto de ley al Poder Ejecutivo, y ese texto tendrá que entrar al debate legislativo. Ahí comenzará una segunda fase política, posiblemente más intensa, en la que se definirá si la reforma mantiene su alcance integral, si incorpora las críticas de los gremios y si logra traducirse en una propuesta viable.
El Congreso tendrá entonces que discutir no solo la estructura del sistema, sino también temas de fondo: rectoría estatal, autonomía universitaria, papel del sector privado, relación con el mercado laboral, financiamiento, evaluación, formación docente, calidad, descentralización, investigación, innovación y mecanismos de rendición de cuentas.
La pregunta que queda abierta
La reforma educativa llega con una promesa ambiciosa: construir un sistema más articulado, moderno y orientado al futuro. Pero también llega con una desconfianza acumulada por reformas inconclusas, pactos evaluados parcialmente, tensiones entre gobierno y gremios, y una percepción de distancia entre las decisiones institucionales y la realidad cotidiana de las aulas.
El desafío no es solo redactar una nueva ley. Es lograr que el país discuta qué educación necesita, para quién, con qué recursos, bajo qué rectoría y con qué garantías de participación.
Las consultas ya están sobre la mesa. La disputa de fondo es si serán un trámite para legitimar una decisión tomada o una conversación real capaz de definir, con responsabilidad pública, el futuro de la escuela dominicana.
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