Participación Ciudadana destaca avances judiciales en tres grandes casos de corrupción

Participación Ciudadana (PC) puso en circulación el noveno informe del Observatorio de los Casos de Corrupción Administrativa, en el que analiza el avance de los principales procesos judiciales por presunta corrupción que se conocen actualmente en los tribunales de la República Dominicana.

El movimiento cívico no partidista otorgó especial atención a los casos de Adán Cáceres y compartes, Donald Guerrero y compartes, y José Ángel “Jochi” Gómez y compartes, debido a las recientes decisiones judiciales adoptadas en estos procesos y su relevancia para la justicia penal en materia de corrupción.

La organización destacó que, en un período de apenas dos semanas, se produjeron decisiones en tres de los principales expedientes de corrupción administrativa del país, con condenas en primer grado y el envío a juicio de fondo de numerosos imputados.

Asimismo, informó que incorporará al Observatorio el proceso relacionado con el Instituto Regional Oncológico del Cibao, cuyas solicitudes de medidas de coerción son conocidas en Santiago.

Participación Ciudadana explicó que dará seguimiento a la evolución de este expediente debido a su trascendencia jurídica e institucional, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y el Estado de derecho.

Caso Donald Guerrero y compartes

Sobre el proceso contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero y otros imputados, el informe señala que la jueza Altagracia M. Ramírez de la Cruz, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, envió a juicio de fondo a los acusados, con excepción de Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Marcial Reyes, Rosa Aris Ruiz y Daniel Alberto Guerrero Mena.

A favor de estos últimos fue dictado un auto de no ha lugar, decisión recurrida en apelación tanto por el Ministerio Público como por el equipo gubernamental encargado de la recuperación de bienes del Estado.

De acuerdo con el informe, el tribunal admitió como válidas más del 90 % de las pruebas presentadas por el Ministerio Público y los imputados. También rechazó los incidentes planteados por las partes, incluyendo la solicitud de extinción de la acción penal sustentada en el vencimiento del plazo máximo de duración del proceso.

Condenas en el caso Adán Cáceres

Participación Ciudadana también analizó la sentencia emitida el 15 de junio de 2026 por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional en el caso Adán Cáceres y compartes.

El tribunal, integrado por las magistradas Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, condenó a 20 personas y absolvió a siete imputados. Las penas impuestas oscilaron entre 20, 15, 10 y cinco años de prisión, además de condenas suspendidas y casos de pena cumplida.

Entre las sanciones más severas figuran las condenas de 20 años de prisión contra el mayor general retirado Adán Benoni Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP); el general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), y el coronel Rafael Núñez de Aza.

También fueron impuestas penas de diez años de prisión a varios de los procesados, entre ellos Esmeralda Ortega Polanco, José Manuel Rosario Pirón, Boanerges Reyes Batista, Franklin Antonio Mata Flores, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Erasmo Pérez Núñez y Kelman Santana Martínez.

El tribunal condenó a Raymel Pastor del Rosario Viola a dos años de prisión con suspensión condicional de la pena y declaró cumplida la sanción de Raúl Alejandro Girón Jiménez, tomando en consideración el tiempo que permaneció privado de libertad.

En cuanto a las personas jurídicas, cinco sociedades comerciales fueron condenadas al pago de 200 salarios mínimos y se ordenó su disolución.

El tribunal absolvió a Miguel Alfredo Ventura Pichardo, Eric Daniel Pereyra Núñez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Santiago Antonio Suárez Peguero y la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo.

Como consecuencia de las condenas, fue ordenado el decomiso a favor del Estado de 29 armas de fuego, cargadores, municiones, esposas, 18 relojes de alta gama, equipos electrónicos, 115 vehículos, 160 inmuebles, US$283,515 y RD$39,732,690 en efectivo.

Además, el tribunal acogió la acción civil del Estado dominicano y condenó a los responsables, de manera conjunta y solidaria, al pago de una indemnización de RD$5,000 millones.

Caso de Jochi Gómez irá a juicio de fondo

El informe también aborda el proceso contra José Ángel “Jochi” Gómez Canaán y otros imputados, enviados a juicio de fondo por la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Entre las personas físicas enviadas a juicio figuran el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; José Ángel “Jochi” Gómez Canaán; Frank Rafael Atilano Díaz Warden; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda; Juan Francisco Álvarez Carbuccia; Pedro Vinicio Padovani Báez; Carlos José Peguero Vargas; Mariano Gustini o Agustini, y Manuel Eduardo Mora Vázquez.

También fueron enviadas a juicio las empresas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.

Aunque fue descartado el tipo penal de terrorismo, fueron admitidas otras imputaciones presentadas por el Ministerio Público, entre ellas corrupción, estafa, coalición de funcionarios, delitos tecnológicos, sabotaje y lavado de activos.

El juicio estará a cargo del Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que fijó la primera audiencia para el 11 de agosto de 2026.

El tribunal está integrado por las magistradas Arlín Ventura Jiménez, quien lo preside; Leticia Martínez Noboa y Milagros Ramírez.

PC favorece que grandes casos lleguen a juicio

Participación Ciudadana reiteró su posición de que los procesos de gran corrupción sean conocidos en juicio de fondo, al considerar que es la etapa en la que se desarrolla plenamente la actividad probatoria y se garantiza el debate contradictorio.

La organización explicó que durante el juicio se escuchan testimonios y se incorporan y examinan las pruebas, permitiendo al tribunal valorar de manera integral su credibilidad y pertinencia.

También destacó que el carácter público de las audiencias permite a la ciudadanía y a los medios de comunicación observar el desarrollo de los procesos, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de justicia.

No obstante, PC precisó que el envío de una persona a juicio de fondo no representa un pronunciamiento sobre su culpabilidad ni afecta la presunción de inocencia.

“Este derecho fundamental permanece incólume hasta que exista una sentencia condenatoria firme, con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada”, sostuvo la organización.