En el marco de un proceso judicial del Caso Camaleón que involucra a Jochy Gómez, su abogado defensor, Juan Hirohito Reyes, planteó que el tribunal ya dejó fuera la imputación por terrorismo al considerar que “evidentemente no hay un delito de terrorismo”, según expuso durante su intervención.
Reyes sostuvo que, además de esa exclusión, la discusión de fondo debe centrarse en si los hechos atribuidos a su cliente encajan —o no— en figuras como la estafa contra el Estado. A su juicio, la acusación no logra sostenerse si no se acredita el elemento que considera “fundamental y consecutivo”: el perjuicio.
“Se habla de estafa contra el Estado, pero ¿dónde está el perjuicio?”, cuestionó el defensor. En su argumento, afirmó que el Estado no habría sido afectado patrimonialmente porque, en sentido contrario, el propio Estado tendría deudas pendientes con su representado. “No se puede hablar de perjuicios contra el Estado, cuando evidentemente el Estado todavía le debe a nuestro cliente”, insistió.
El abogado también rechazó que pueda imputarse a Gómez un “desfalco” en los términos expuestos, alegando que esa figura no le correspondería porque “a él no se le imputa porque él no es funcionario”, dijo.
En el mismo planteamiento, Reyes se refirió al contrato con el INTRANT y a las “adendas” mencionadas dentro del expediente. Indicó que esas adendas “son parte de los contratos administrativos” y defendió que su existencia no implica por sí misma una estafa, sino que corresponde a aspectos propios de la administración contractual. En ese punto, señaló que lo que debería revisarse es si se cobraron servicios o si hubo modificaciones, en el marco de los procedimientos administrativos.
Otro de los aspectos abordados por el defensor fue la participación de una compañía encargada de realizar cobros. Reyes afirmó que esa modalidad sería habitual “en todo lo relativo a los bancos e instituciones del Estado”, al argumentar que dichas entidades pueden cobrar por la prestación de servicios vinculados a la recaudación.
En su intervención, el abogado puso énfasis en una auditoría vinculada al contrato con el INTRANT. Según explicó, esa auditoría habría establecido que se ejecutó un 20%, mientras que “la parte auditada decía que se había ejecutado más de un 90%”. En ese contexto, citó cifras: aseguró que lo pagado habría sido “263 millones de pesos” y que lo pendiente era de “1300 y tantos millones de pesos”, con “más de 1100 millones de pesos” aún por saldar, de acuerdo con su exposición.
El intercambio incluyó una pregunta directa desde otra voz presente en la escena: “¿Cuánto le debe el Estado?”, interrogante que quedó planteada al cierre del fragmento transcrito y que resume uno de los ejes del argumento defensivo: si existen montos pendientes a favor del imputado, la defensa sostiene que el caso no puede presentarse como un perjuicio económico contra el Estado.
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