El abogado y ambientalista Winston Vásquez Valera calificó como una victoria de la legalidad y la defensa ambiental la sentencia que ordena la paralización de los trabajos de exploración minera del proyecto "Cobre el Hoyazo II" en la Cordillera Septentrional.
Vásquez, uno de los accionantes del recurso de amparo acogido por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, sostuvo que la decisión judicial detiene en todas sus partes las operaciones de la empresa Vertrixi Holding SRL vinculadas al proyecto de exploración de oro, plata, cobre y otros metales en la zona.
Según explicó, la acción fue presentada por el Movimiento Cívico Tiempo Verde junto a otras organizaciones y activistas, entre ellos el sacerdote Nino Ramos y representantes comunitarios que durante meses denunciaron los riesgos ambientales de la iniciativa minera.
El jurista destacó que durante el proceso fueron presentados documentos y testimonios, pero consideró especialmente relevante la posición asumida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. De acuerdo con sus declaraciones, la institución certificó ante el tribunal que la empresa no contaba con permisos ni licencias ambientales para desarrollar las labores de exploración.
"En buen derecho se hizo justicia", expresó Vásquez al valorar la decisión judicial.
A su juicio, el caso enfrentó importantes intereses económicos, políticos y jurídicos, por lo que entiende que el fallo fortalece la credibilidad del sistema de justicia dominicano.
El abogado sostuvo además que las operaciones cuestionadas vulneraban disposiciones de la Constitución, la Ley General de Medio Ambiente y las normas que protegen áreas sensibles de la Cordillera Septentrional. También afirmó que los trabajos afectaban zonas de amortiguamiento vinculadas al área de Ranchito de Piché, lo que, según argumentó, implica una afectación a derechos fundamentales de las comunidades.
La sentencia emitida por el tribunal ordena la paralización inmediata de los trabajos de exploración y dispone que las autoridades competentes supervisen el cumplimiento de la decisión.
Aunque reconoció que las partes accionadas disponen de un plazo legal para recurrir la sentencia, Vásquez consideró que la decisión cuenta con fundamentos jurídicos y ambientales sólidos.
"Tienen derecho a apelar, pero una sentencia así, fundamental en derecho y ecológicamente hablando, no pienso que ningún tribunal pueda variarla", afirmó.
La decisión judicial representa uno de los fallos más relevantes en los últimos años en materia ambiental y se produce en medio del debate nacional sobre la exploración y explotación minera en zonas consideradas estratégicas para la conservación de fuentes de agua y ecosistemas.
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