Eliezer Pérez llegó al Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional cargando un dolor que, según sus propias palabras, "hace difícil poder hablar". Lo hizo de todas formas. Habló por su hermano Roberto Antonio Pérez Herrera —conocido en los escenarios como Rubby Pérez, "la voz más alta del merengue"—, por sus sobrinos, por una menor de edad que creció de golpe la madrugada del 8 de abril de 2025, y por las otras 235 familias que comparten su pérdida.
Su intervención ante el juez Reymundo Mejía, en la audiencia preliminar reanudada este lunes, fue una de las más cargadas de la jornada: mezcló el duelo personal con una denuncia directa contra los propietarios del establecimiento y un llamado firme al sistema judicial dominicano.
"Sabía lo que iba a suceder"
Eliezer Pérez reveló que meses antes del colapso le preguntó a su hermano por qué había dejado de presentarse en el Jet Set, una de las salas más emblemáticas del merengue en Santo Domingo. La respuesta que recibió entonces adquirió, con el tiempo, un peso insoportable.
"Me dijo que no asistía porque no se respetaba ni a los artistas ni al público", relató ante el tribunal.
Rubby Pérez tenía 69 años cuando murió bajo los escombros del techo que colapsó mientras interpretaba "Color de Rosa" ante el público del tradicional lunes bailable. Había nacido el 8 de marzo de 1956 en Bajos de Haina, provincia San Cristóbal, y construido una carrera de más de cuatro décadas que lo llevó a convertirse en uno de los mayores exponentes del merengue en América Latina.
Para Eliezer, aquella advertencia de su hermano no fue una casualidad. "Esas palabras cobraron un significado doloroso cuando tuve que ir a retirar su cadáver", expresó.
"Una voluntad permisiva"
Más allá del dolor familiar, el hermano del artista apuntó directamente a los responsables del establecimiento. Denunció que el Jet Set habría operado ignorando normas básicas de seguridad, permisos municipales y advertencias provenientes de la propia comunidad.
A su juicio, la decisión de mantener el local en funcionamiento no fue un descuido: fue una elección deliberada.
"Si esos seres humanos hoy no están vivos, ha sido por la voluntad de ese señor", afirmó, en referencia al propietario del local, Antonio Espaillat. Y fue más allá: no solo señaló una responsabilidad directa, sino también lo que llamó una "voluntad permisiva" —la de quienes, sabiendo el riesgo, no actuaron para impedirlo.
La expresión se alinea con el argumento que varias familias querellantes han sostenido a lo largo del proceso: que los hechos no configuran un simple homicidio involuntario, como acusa el Ministerio Público, sino un homicidio voluntario bajo la figura del dolo eventual —es decir, que los imputados conocían el peligro y aceptaron el riesgo de que ocurriera una tragedia.
"Nos aferramos a la fe de que la justicia pueda aquilatar el dolor"
Eliezer Pérez cerró su intervención con una frase que resumió el estado de ánimo de muchas de las familias presentes en la sala: esperanza frágil, pero esperanza al fin.
"Nos aferramos a la fe de que la justicia pueda aquilatar el dolor que hemos vivido", expresó, al tiempo que pidió al tribunal actuar con firmeza ante un caso que, dijo, ha sacudido a la sociedad dominicana entera.
El proceso, en su recta final preliminar
La audiencia de este lunes es la continuación de la sesión del 20 de abril, que fue recesada luego de más de siete horas de deliberaciones. El caso se sustenta en una acusación de 156 páginas presentada por el Ministerio Público, que imputa a Antonio Espaillat y Maribel Espaillat por homicidio involuntario en relación con las 236 muertes y más de 180 heridos que dejó el colapso.
La fase preliminar tiene como objetivo determinar si existen méritos suficientes para llevar el caso a juicio de fondo. La decisión del juez Mejía definirá también si la calificación jurídica se mantiene como homicidio involuntario o si, como reclaman decenas de familias, se eleva a homicidio voluntario con dolo eventual —una distinción que podría significar la diferencia entre una condena leve y la pena máxima contemplada por la ley dominicana.
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