República Dominicana fue ascendida al Nivel 2 en el informe de Estados Unidos sobre la lucha contra la trata de personas correspondiente a 2025, pese a que el Gobierno dominicano todavía no cumple plenamente las normas mínimas para eliminar este delito, según informó la Embajada estadounidense.
El informe reconoce avances en las investigaciones y los enjuiciamientos, incluidos casos de funcionarios presuntamente cómplices, así como en la identificación de víctimas y las inspecciones laborales en sectores expuestos al trabajo forzoso.
Sin embargo, advierte que persisten deficiencias en la persecución de la trata con fines de explotación laboral, la prestación de servicios a las víctimas y la detección de posibles afectados entre las personas migrantes antes de su deportación.
Entre las medidas reconocidas figura la modificación de la Ley 137-03, contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, para eliminar el requisito de demostrar fuerza, fraude o coacción en los delitos de trata que involucran a menores de edad, incluida la explotación sexual.
El Gobierno también suspendió las actividades de varias empresas de propiedad china después de que inspecciones laborales detectaran indicios de trabajo forzoso, adoptó el Plan Nacional de Acción (PNA) para 2025-2028 y tomó medidas para poner en marcha un programa piloto de registro de trabajadores migrantes con contratos laborales.
No obstante, el documento señala que los esfuerzos para investigar la explotación laboral e identificar a sus víctimas siguen siendo insuficientes.
También advierte que la falta de documentos de identificación para personas apátridas que reúnen los requisitos para obtenerlos aumenta su vulnerabilidad frente a la trata.
Aumentan las investigaciones, pero caen las condenas
En 2024, las autoridades dominicanas iniciaron 229 investigaciones por trata de personas, frente a 99 en 2023. De las investigaciones del año, 216 correspondieron a trata con fines sexuales y 13 a trabajo forzoso. En 2023 se habían registrado 89 investigaciones por explotación sexual y 10 por explotación laboral, incluidos tres casos de mendicidad forzada.
El Gobierno también inició procesos judiciales contra 50 presuntos traficantes en 2024, frente a 40 en 2023. De los nuevos procesados, 38 estaban vinculados a trata con fines sexuales, tres a trabajo forzoso y nueve a formas de explotación no especificadas.
Además, las autoridades continuaron los procesos iniciados anteriormente contra otros 28 sospechosos. En total, el Gobierno procesó a 78 personas en casos nuevos y en curso bajo la Ley 137-03, frente a 43 en 2023.
Sin embargo, los tribunales condenaron a 11 personas por trata bajo esa ley en 2024: siete por explotación sexual y cuatro por trabajo forzoso. En 2023 habían sido condenados 20 responsables de trata con fines sexuales, 14 bajo la Ley 137-03 y seis mediante otras disposiciones legales.
Las penas impuestas a los condenados por trata sexual oscilaron entre tres y 20 años de prisión, mientras que las correspondientes a trabajo forzoso fueron de dos a diez años.
El informe considera que, aunque se intensificaron los esfuerzos de persecución penal, las autoridades no investigaron ni enjuiciaron adecuadamente los delitos relacionados con el trabajo forzoso.
Corrupción y complicidad oficial siguen bajo observación
La corrupción y la presunta participación de funcionarios en delitos de trata continuaron siendo motivo de preocupación para las autoridades estadounidenses, al considerar que estas prácticas obstaculizan la aplicación de la ley.
El Gobierno informó que investigaba a ocho funcionarios presuntamente cómplices de delitos de trata en 2024, frente a tres en 2023.
Entre los casos figuraban un sargento de la Policía Nacional sospechoso de facilitar las operaciones de una red de explotación sexual y un agente que habría facilitado la entrada al país de víctimas de trata con fines sexuales.
También se informó de la apertura de tres procesos judiciales contra funcionarios presuntamente implicados. Sin embargo, el Gobierno no reportó condenas de funcionarios por complicidad en delitos de trata durante 2024, frente a un agente policial condenado en 2023.
El documento recoge denuncias anteriores sobre funcionarios migratorios que habrían aceptado sobornos, amenazado a víctimas, filtrado información y detenido ilegalmente a posibles víctimas en casos de tráfico ilícito de migrantes que también podían involucrar trata de personas.
Asimismo, observadores señalaron que agentes de la Unidad Antitrata de la Policía Nacional habrían alertado a traficantes sobre operativos policiales inminentes.
El informe también recoge señalamientos de que las autoridades, en ocasiones, optaron por no perseguir casos cuando las víctimas eran haitianas.
Fallas en la identificación y protección de víctimas
Aunque el Gobierno dispone de protocolos para identificar a las víctimas y remitirlas a servicios de protección, el informe señala que las poblaciones vulnerables no siempre son examinadas para detectar indicios de trata antes de su deportación.
La Dirección General de Migración informó sobre la aplicación de un nuevo protocolo para identificar posibles casos entre migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.
Sin embargo, observadores denunciaron que los funcionarios generalmente no examinaban a estas poblaciones antes de ejecutar las deportaciones y que algunos solicitaban sobornos a extranjeros que intentaban evitar ser expulsados.
El informe también destaca la falta de identificación de víctimas haitianas sometidas presuntamente a trabajo forzoso en la agricultura, particularmente en regiones del sur del país.
En materia de protección, el Gobierno informó que había actualizado, junto con organizaciones de la sociedad civil, los protocolos para mejorar la remisión de las víctimas a refugios y otros servicios. También señaló que algunas prestaciones podían ofrecerse antes de que una persona recibiera formalmente la condición de víctima.
Los niños identificados como víctimas podían recibir educación, actividades recreativas y deportivas, apoyo psicológico y asistencia para una eventual reunificación familiar. El Gobierno informó, además, que había intérpretes de creole disponibles en las instituciones pertinentes para apoyar la identificación y derivación de víctimas.
Pese a estos mecanismos, Estados Unidos concluyó que el Gobierno no garantizó servicios adecuados para todas las víctimas y que las deficiencias en la detección limitaron las oportunidades de identificar a posibles afectados antes de su deportación.
Explotación sexual y cooperación internacional
El informe también reconoce medidas para reducir la demanda de actividades sexuales comerciales, como el aumento de las penas para quienes adquieran servicios sexuales de menores y el refuerzo de la vigilancia policial en zonas turísticas donde prevalecen estas actividades.
Las leyes dominicanas permiten procesar a ciudadanos que participen en la explotación sexual comercial de menores en el extranjero. Sin embargo, el Gobierno no informó de procesamientos por estos delitos.
En el ámbito internacional, las autoridades dominicanas cooperaron con funcionarios extranjeros en 50 investigaciones y participaron en foros multilaterales para intercambiar estrategias contra la trata.
El Gobierno también capacitó a integrantes de las fuerzas del orden, personal militar y trabajadores de servicios sociales para identificar posibles casos, detectar víctimas y mejorar la seguridad fronteriza. Además, informó que colaboró con empresas tecnológicas para identificar posibles delitos de trata.
No obstante, observadores señalaron que la capacitación de las fuerzas del orden seguía siendo insuficiente y que la falta de coordinación entre instituciones debilitaba la respuesta judicial.
Una organización no gubernamental también advirtió que las autoridades concentraban sus esfuerzos principalmente en la trata con fines sexuales en zonas urbanas, mientras destinaban pocos recursos a combatir la explotación laboral en áreas rurales.
Aumentan los casos de mujeres colombianas explotadas sexualmente
Funcionarios gubernamentales y ONG informaron de un aumento significativo de víctimas colombianas de trata con fines de explotación sexual en zonas turísticas y metropolitanas, incluidas residencias privadas.
El informe también documenta casos de niños obligados a realizar trabajos domésticos, venta ambulante, mendicidad, labores agrícolas y construcción.
Otros son utilizados por bandas para cometer robos y transportar narcóticos ilícitos.
Los menores también son vulnerables al trabajo forzoso en los sectores del arroz, el café, los tomates y los productos de panadería.
La explotación laboral afecta igualmente a adultos y niños en el sector azucarero, mientras que los adultos son víctimas de trabajo forzoso en la construcción, la agricultura y los servicios.
Trata de personas en la frontera
El documento recoge denuncias de mujeres haitianas según las cuales los traficantes de personas se convierten con frecuencia en tratantes con fines de explotación sexual a lo largo de la frontera.
De acuerdo con esos testimonios, los traficantes operan con impunidad y funcionarios haitianos y dominicanos corruptos aceptan sobornos para permitir el paso de personas indocumentadas.
El Gobierno dominicano reconoció una falta generalizada de comprensión sobre la trata de personas entre la población.
No obstante, los observadores citados en el informe de 2023 señalaron un creciente reconocimiento del problema entre las autoridades civiles.
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