Cada año, desde el 2001, el Departamento de Estado de los E.U. elabora reportes sobre trata de personas que se conoce hoy como TIP report (trafficking in persons); la finalidad de este reporte es clasificar a todos los países del mundo de acuerdo a los esfuerzos que llevan a cabo para cumplir con las normas mínimas de la TVPA (Ley de Protección de Victimas de Trata), para la eliminación de la trata de personas.
Este año 2024, el reporte ha vuelto a degradar a la República Dominicana en el nivel 2 lista de vigilancia, por los pocos esfuerzos mostrados por el Estado Dominicano en la persecución, protección y prevención de este delito.
La trata de personas es una forma de esclavitud moderna en la cual se degrada al ser humano a la condición de objeto, transgrediendo su dignidad, a fin de ser explotado de forma laboral, sexual, por medio de la mendicidad, la servidumbre, el tráfico de órganos, el matrimonio servil, entre otros, a cambio de dinero. En nuestro país, la modalidad que más abunda de este delito es la trata de personas con fines de explotación sexual.
La clasificación del reporte TIP se divide en varios niveles: nivel 1, nivel 2, nivel 2 lista de vigilancia y nivel 3, tomando como base tres áreas de combate a la trata: a) persecución, que refiere a investigación y enjuiciamiento de casos de trata; b) protección, que refiere a los esfuerzos tomados por el gobierno para cuidar a las víctimas sobrevivientes y c) prevención, que refiere a las medidas tomadas para levantar conciencia y prevenir la trata de personas.
- Nivel 1 es la clasificación para aquellos países cuyos gobiernos cumplen completamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata, de la Ley de protección de víctimas de trata de 2000 de los Estados Unidos TVPA; el nivel 2 es la clasificación otorgada a países cuyos gobiernos no cumplen completamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de la TVPA, pero que están haciendo esfuerzos significativos para cumplir con estos estándares.
- El Nivel 2 Watch List o lista de vigilancia, refiere a los países cuyos gobiernos no cumplen con los estándares mínimos de la TVPA pero que están haciendo esfuerzos significativos para cumplirlos; finalmente, el nivel 3 es otorgado a aquellos países cuyos gobiernos no cumplen con los estándares mínimos de la TVPA y tampoco hacen esfuerzos significativos para cumplirlos.
- En virtud de lo anterior, el reporte concluyó degradar al país a nivel 2 watch list al considerar que la República Dominicana no demostró un mejor desempeño comparado con el año anterior.
- Para arribar a esta conclusión el reporte toma en cuenta, además de lo indicado anteriormente, un estimado significativo del número de víctimas de formas graves de trata o un aumento significativo de las víctimas, y que el país no está tomando acciones concretas frente a ello. Los países en este nivel no evidencian suficientes esfuerzos para combatir formas graves de trata de personas, incluyendo investigaciones aumentadas, persecución, y condenas de delitos de trata, mayor asistencia a víctimas y disminución de complicidad en formas grave de trata de oficiales gubernamentales.
Esta es la tercera vez que el país se encuentra en nivel 2 lista de vigilancia; la primera vez fue en 2011 y la segunda en 2020, regularmente ha permanecido en el nivel 2, pero nunca, aún, ha llegado al nivel 1.
La TVPA estipula que “cualquier país que haya sido clasificado como Nivel 2 Watch List por dos años consecutivos, y que sería clasificado como Nivel 2 Watch List el siguiente año, será clasificado como Nivel 3 el tercer año” (Department of State, 2020, p. 41). Una caída al Nivel 3 lleva consecuencias graves en temas de ayuda extranjera de los Estados Unidos: La TVPA declara que los Estados Unidos no deberá proveer ningún apoyo, con excepción de ayuda humanitaria y apoyo relacionado al intercambio, a cualquier gobierno cuyo país que se encuentre en el Nivel 3 por incumplimiento con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas. (Department of State, 2020, p. 12).
Entre las razones que se hacen constar en el reporte TIP 2024 sobre la degradación a nivel 2 lista de vigilancia para nuestro país, se encuentran, entre otros, la poca identificación de víctimas, especialmente las de origen haitiano; la falta de persecución a tratantes cuando las víctimas son, por igual, de origen haitiano y por último de las que voy a destacar, está la que persiste año tras año: la falta del Estado Dominicano en adoptar una nueva ley contra la trata de personas.
Sobre este último aspecto es válido destacar que, en 2022, el país hizo esfuerzos significativos en la adopción de una nueva ley contra la trata de personas, el cual repercutió en el sometimiento de un proyecto de ley contra la trata sometido directamente al senado desde el Poder Ejecutivo. Sin embargo, producto de una mala interpretación y el rechazo público de todo un país contra esa ley, el Ejecutivo fue conducido a retirarla del senado para nuevo estudio y valoración.
Más de diez años lleva el reporte TIP recomendando a la República Dominicana adoptar una nueva ley contra la trata. Organismos internacionales, sociedad civil, entes gubernamentales y no gubernamentales, el mismo Departamento de Estado de los Estados Unidos, han dicho presente y han hecho todo lo posible, desde su posición, para lograr una nueva legislación contra la trata; una legislación que sea más justa, más acorde a la nueva modalidad del delito, que persiga al tratante, que proteja a la víctima, que prevenga el delito.
La semana pasada leí en la prensa que el Ejecutivo sometió nuevamente el proyecto de ley contra la trata de personas, esta vez ante la cámara de diputados; es decir que la oportunidad está: ejecutar las recomendaciones del reporte TIP es la directriz esencial que el país debe adoptar para salir de la mala clasificación en que nuevamente se encuentra. Con voluntad, esto será perfectamente posible.
Sonia Hernández es abogada penalista con más de 20 años de experiencia en su ejercicio profesional, socia del despacho legal Global District Law y consultora experta en violencia de género y trata de personas. Fue procuradora fiscal de la provincia Santo Domingo; tiene una maestría en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, y una especialidad en Derecho Procesal Penal por la Universidad Autónoma de Santo Domingo.