María, una adolescente de 16 años, es delgada, alta y con larga cabellera negra. Ella vivía en una zona rural con pocas oportunidades económicas. Un hombre que se presenta como “agente de modelos” le ofrece trabajo en el extranjero, prometiéndole alojamiento, ropa, dinero y fama por modelar para grandes marcas.
La familia acepta y María viaja. Al llegar, le quitan sus documentos y la aíslan. Su “agente” la obliga a pagar su deuda a través de la explotación sexual comercial (ESC). Ella no puede salir, no recibe dinero y la mantienen alejada de sus familiares y país de origen.
Es la trata y tráfico de personas: captación, traslado y explotación, flagelo reconocido como un grave delito por el Protocolo de Palermo (2000) y penalizado con la Ley 137-03 en República Dominicana, debido a que este crimen arrebata los derechos humanos y dignidad a las víctimas.
Sin embargo, la trata de personas representa el primer eslabón de una cadena de delitos cometidos por las redes criminales, que inician con el secuestro de las víctimas, despojándolas de sus pertenencias y obligándolas a prestar servicios sexuales bajo condiciones de abuso, manipulación y, en muchos casos, mediante el uso de drogas.
Además, inicia con un proceso de diferentes formas de delitos que vulneran los derechos humanos y arrebatan la dignidad: explotación sexual comercial, trabajo forzoso y otros fines.
La titular del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que la lucha contra la trata no es solo un deber legal, sino también un compromiso personal y humano.
“No trabajamos para reducir la trata de personas. Trabajamos para erradicarla. Y lo haremos con coordinación, determinación y un profundo sentido de humanidad”, sostuvo.
De hecho, en los últimos años, las autoridades dominicanas han fortalecido la persecución de la trata y tráfico de personas, enfocándose en desarticular redes criminales y garantizando la protección a las víctimas, en línea con los compromisos legales e internacionales del país.
“La trata de personas no necesita más discursos, necesita acciones concretas, medibles y efectivas. Mientras exista una sola víctima de trata en el país, aún tendremos mucho por hacer”.Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República.
Para Reynoso, el objetivo del sistema judicial dominicano es erradicar esta manifestación del crimen organizado que “estudia y selecciona a sus víctimas, y muchas veces está aliada a otras redes de narcotráfico, lavado de activos o corrupción”.
En 2023, el país realizó 438 investigaciones por trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, de los cuales, 55 fueron realizados por el Ministerio Público, o sea, el 12.5 %, de acuerdo con estadísticas del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).
El abogado Diógenes Durán afirmó enfatizó que lo que sí constituye delito es la trata y tráfico ilícito de personas, la esclavitud, el abuso y el comercio forzado vinculado a esta práctica.
“Lo que la ley persigue es el proxenetismo, es decir, el aprovechamiento o explotación de la prostitución por parte de terceros mediante coacción o engaño, así como cualquier forma de esclavitud sexual y moderna”, precisó.
El jurista destacó la necesidad de diferenciar entre el trabajo sexual ejercido de manera autónoma y las redes criminales que se lucran de la explotación sexual comercial (ESC) y la trata y tráfico de personas, señalando que estas últimas deben ser perseguidas “con todo el peso de la ley”.
“La trata, el abuso y la esclavitud son crímenes que atentan contra la dignidad humana y que están tipificados como delitos en nuestro marco legal”, puntualizó.
Persisten los desafíos en la lucha contra la trata de personas
En junio de 2025, el Tribunal impuso 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra J.C.V. y L.R.M., identificados como cabecillas de una red dedicada a la explotación sexual comercial (ESC). Ambos enfrentan cargos por trata de personas en su modalidad agravada, en violación a la Ley 137-03.
En otro caso, también en junio de 2025, el tribunal de Santiago dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra M.E.F.L., acusada de trata de personas, tráfico ilícito y abuso sexual y psicológico en perjuicio de una adolescente dominicana. La víctima era trasladada al cabaré La Patrona, ubicado en Pétion-Ville, Haití.
Pese a esto, la titular del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, reconoció que persisten desafíos como la necesidad de tecnificar aún más las investigaciones, en un entorno digital que evoluciona rápidamente y el fortalecimiento de mecanismos de protección integral para las víctimas, incluso en ausencia de reformas legislativas específicas.
Sin embargo, Participación Ciudadana va más allá: el sistema judicial dominicano necesita mayores recursos económicos para combatir este flagelo que es responsable de US$ 236,000 millones en beneficios ilícitos al año, según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“La justicia dominicana tiene menos recursos y se requieren equipos especializados. Los recursos son el principal obstáculo ya que la responsabilidad de combatir el delito no tiene que depender de la agenda de otra institución”, sugirió en el estudio Luchar contra la marea, publicado en 2022.
Al igual que se requieren recursos para combatir el narcotráfico, también la trata de personas “debe ser una prioridad", es decir, dotar al Ministerio Público de mayores recursos. De acuerdo con la Dirección General de Presupuesto (Digepres), el Poder Judicial tiene asignado apenas RD$ 12,921.5 millones para este 2025.
Aún así, estadísticas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) señalan que desde el 2019 hasta julio del 2025, 1,797 personas fueron imputadas en las 1,372 solicitudes de medidas de coerción por violación a la Ley 137-03.
Además, se emitieron un 27.2 % más en sentencias entre enero-julio del 2025 (14) que en todo el 2019 (11), lo que sugiere una mayor efectividad en la judicialización o una respuesta más fuerte del sistema de justicia frente a este tipo de delitos.
Un abordaje integral para cuidar a las víctimas
La consultora jurídica del Poder Ejecutivo, Noelia Rivera, subrayó la necesidad de abordar la trata de personas desde una perspectiva realista, sensible y multidimensional. Advirtió que este crimen trasciende los marcos legales y requiere un enfoque humano, coordinado entre distintas instituciones.
Rivera basó sus declaraciones en datos alarmantes: según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más de 2.5 millones de personas son víctimas de trata cada año a nivel global. Por cada víctima identificada, se estima que existen otras 20 que no son detectadas.
En el contexto de República Dominicana, las cifras también generan preocupación. Solo en 2023 se registraron 498 investigaciones relacionadas con la trata y el tráfico de personas. De ellas, se identificaron 76 víctimas, entre las cuales había 44 menores de edad y 32 mujeres adultas.
“Estas cifras, aunque parezcan modestas, sólo representan los casos que logramos visibilizar. No reflejan los silencios ni la normalización del delito en nuestra sociedad, donde muchas veces no sabemos identificarlo por su presencia cotidiana”, enfatizó Rivera.
De hecho, Yoanna Bejarán, titular de la Procuraduría Especializada Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), hizo énfasis en que uno de los mayores retos es el desconocimiento y la normalización social del delito de trata y tráfico de personas, lo que genera una peligrosa victimización secundaria hacia quienes han sobrevivido a estas redes.
“Es doloroso ver cómo, después de desarticular estructuras criminales, somos atacados por sectores de la sociedad que no reconocen la magnitud de este crimen. A las víctimas se les juzga en vez de protegerlas”, denunció la magistrada.
Bejarán acotó que erradicar la trata de personas es una tarea compartida por la sociedad dominicana, ya que el 80 % de las dominicanas víctimas de trata son mujeres y menores de edad que habitan en zonas vulnerables, de acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Agregó que República Dominicana debe seguir fortaleciendo los mecanismos de denuncias y mejorar los marcos legislativos para “asegurar que esta norma responda a los mejores estándares internacionales”.
“La trata de personas representa una de las expresiones más crueles y difíciles de erradicar por sus características, y constituye hoy una forma moderna de esclavitud”, afirmó la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez.
Señaló que este crimen es también una de las formas más complejas de violencia de género, especialmente relacionada con la explotación sexual comercial y trabajo forzoso, que atenta contra la integridad, salud y dignidad de los niños, niñas, adolescentes y mujeres.
Además, Jiménez citó la operación de una casa de acogida especializada en atención para víctimas de trata, “ofreciendo refugio seguro y de apoyo integral”.
Este establecimiento ha ofrecido atención a 213 mujeres y jóvenes sobrevivientes de este flagelo, que, según expresó Jiménez, “todas muy jóvenes, muchas de ellas apenas saliendo de la adolescencia con vidas ya marcadas por un daño profundo, y eso nos parte el alma”.
A nivel internacional, ONU contra las Drogas y el Crimen reveló que al menos dos tercios (61 %) de las víctimas identificadas eran mujeres, siendo las adultas las más afectadas (39 %) y las menores de edad (22 %).
Para 2022, los gobiernos identificaron 65,339 víctimas, de las cuales, el 42 % dijo que era trata con fines de trabajo forzado, seguido del 36 % para explotación sexual comercial y el 8 % restante en otras formas.
En cuanto a los menores de edad, se registraron 9,323 niñas y 8,749 niños víctimas de trata, cuyos casos incluyeron formas específicas de explotación. En el caso de las niñas, el 60 % fueron explotadas sexualmente, el 21 % para trabajos forzados, y el 19 % para otros fines.
Por su parte, los niños fueron víctimas principalmente de otras formas de explotación (47 %), seguido del trabajo forzado (45 %) y, en menor medida, de explotación sexual (8 %).
Según el Informe Mundial sobre Trata de Personas del 2022, de los casos judiciales, las víctimas femeninas sufren de violencia física o extrema a mano de los tratantes, tres veces más que la que viven los hombres.
El estudio elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas con la Droga y el Delito (UNODC) destaca que las niñas, niños y adolescentes sufren violencia en una proporción casi dos veces superior a la de los adultos.
“La explotación es el resultado final y principal objetivo de este crimen”.
Avances legales refuerzan la persecución del delito
Yoanna Bejarán, titular de la Procuraduría Especializada Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), destacó los principales avances del Ministerio Público en la persecución de redes criminales dedicadas a la trata de personas, al tiempo que subrayó los desafíos persistentes en esta lucha y la importancia del rol de la sociedad civil.
Explicó que la institución ha asumido una estrategia integral y transnacional frente a este delito, reconociendo que la persecución caso a caso “ya no es suficiente” ante estructuras complejas y en constante evolución.
Subrayó el enfoque preventivo como una línea clave: “es un delito que se ha normalizado en la sociedad, como ocurrió en su momento con la violencia de género. Necesitamos que la ciudadanía lo reconozca, lo rechace y lo denuncie”.
La consultora jurídica del Poder Ejecutivo, Noelia Rivera, destacó que República Dominicana ha tenido avances legislativos significativos, desde la ratificación del Protocolo de Palermo en 2000, hasta la aprobación de la Ley 137-03 sobre trata de personas, y su modificación a través de la Ley 46-25, promulgada en 2025.
“La nueva reforma amplía la definición del delito, establece penas más severas, multas significativas, y, lo más importante, elimina la prescripción para estos delitos. También reconoce agravantes como la vulnerabilidad por edad, género o discapacidad”, explicó.
Uno de los puntos más relevantes, según Rivera, es que se elimina el enfoque sobre el consentimiento de la víctima, especialmente en casos de menores de edad, y se contemplan responsabilidades para funcionarios que no actúen ante situaciones de trata y tráfico de personas.
La modificación de la legislación fija penas desde 20 a 25 años de prisión y multas desde 700 hasta 1,500 salarios mínimos, lo que equivale a RD$ 11.1 millones y RD$ 12 millones, según el salario mínimo del sector privado no sectorizado establecido en RD$ 15,860 para las microempresas y RD$ 17,193 para las pequeñas empresas, a abril del 2025, conforme el Comité Nacional de Salarios (CNS).
La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, destacó que el país ha dado pasos importantes para ajustar su legislación a la gravedad y complejidad del delito, en respuesta a los nuevos métodos de captación y explotación utilizados por redes criminales.
“Estos avances normativos representan un momento de mucha luz para nuestro país”, expresó.
Respecto a la persecución penal del delito, en 2022 se condenaron a 3,969 personas por delitos relacionados con la trata de personas. De estas, el 72 % lo fueron por explotación sexual, un 17 % por trabajo forzado y un 10 % por otras formas de trata, a nivel global.
Cooperación internacional, una vía para lograr desarticular redes ilícitas
Ella creía que su destino era Suiza, donde trabajaría como estilista, pero finalmente fue Grecia. “Llegué a Grecia en los años ochenta, desde Barahona. Mi abuela me advirtió que, si me iba, no podría regresar”. Su madre también migró: se fue a Martinica con una amiga cuando ella apenas tenía un año.
Una amiga del barrio había viajado antes que ella, aunque muchas otras ya se habían ido a España y Suiza con contratos como bailarinas. Al llegar, la llevaron a un cabaré donde la obligaban a beber con los clientes. Siempre eran los mismos hombres, pero “pagaban más si accedía a acostarme con ellos”, recordó.
Esta es solo una historia de la realidad que azota a los países: la trata y tráfico ilícito de personas no conoce de fronteras.
En 2023 se detectaron 436 flujos transfronterizos en todo el mundo: de los cuales, el 16 % víctimas involucradas de las Américas, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC).
Quisqueya no es ajena a este flagelo. Un estudio de Participación Ciudadana del 2022 arrojó que la tierra que muestra un crecimiento económico de 5 % promedio, es un país de “origen, tránsito y destino de trata”, donde el 68 % son dominicanas, 16 % venezolanas, 8 % colombianas, 4 % haitianas y norteamericanas.
La mayoría de ellas, con 53 %, son adolescentes y niñas menores de 18 años, flagelo que vulnera su desarrollo e integridad física
El Ministerio Público (MP) ejecutó la Operación Begonias en el Gran Santo Domingo donde rescató a 40 mujeres de redes transnacionales de trata de personas. Los imputados actuaron en Colombia y movilizaban al país a “jóvenes que explotaban sexualmente”.
El Ministerio Público indicó que los imputados ofrecían trabajo a las víctimas como bartender o camareras en hoteles, retenían sus documentos y amenazaban con hacerles daño a sus familiares, mientras las presionaban por una deuda que variaba US$ 3,500 y US$ 4,000 para “liberarlas”.
Este caso fue conocido como crimen transnacional, que es definido como redes criminales que operan en varios países para explotar personas y agravan el delito de trata de personas, conforme la Ley 137-03 en Quisqueya, y están contempladas en el Protocolo de Palermo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que obliga a los Estados a “criminalizar y perseguir este tipo de estructuras delictivas”.
Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) relató cómo las dominicanas J.C. y D.M.O.M. fueron rescatadas de explotación sexual en Turquía y explotación laboral en Argentina, respectivamente.
La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, subrayó que, debido a su carácter transnacional, la trata de personas requiere una respuesta articulada y constante en los niveles nacional, regional y global.
“Este delito está sostenido por imaginarios sociales que han normalizado algunas de sus formas de explotación”.
La consultora jurídica del Poder Ejecutivo, Noelia Rivera, hizo referencia a casos recientes, como el rescate de 40 mujeres víctimas de explotación bajo amenazas, y citó también redes criminales descubiertas en otras regiones, como Asia, lo que refuerza la necesidad de cooperación internacional frente a un crimen en constante evolución.
Como parte de la estrategia para ampliar la respuesta institucional en los territorios de mayor incidencia, Mayra Jiménez anunció la apertura de una nueva oficina del Ministerio de la Mujer en el municipio de Sosúa, provincia de Puerto Plata, una zona especialmente afectada por este delito.
“Con esta nueva oficina buscamos robustecer los servicios especializados para la atención a las víctimas de trata y de todas las formas de violencia contra las mujeres. Cada víctima merece protección, justicia y la oportunidad de recuperar su vida con dignidad”.
La procuradora Yeni Berenice Reynoso recordó la apertura de una fiscalía especializada para la investigación de proxenetismo, trata y tráfico de personas, además de explotación sexual de menores de edad.
Su operación tendrá como objetivo dar la segunda parte de la Operación Atlántico, intervención que allanaron 12 pensiones con 250 habitaciones y 17 centros de bebidas alcohólicas en las que rescataron 174 féminas y seis menores de edad.
Berenice Reynoso citó que, en marzo del 2025, nueve personas recibieron una condena de 20 años de prisión y al pago de 150 salarios mínimos por este flagelo, mientras que otros cuatro fueron juzgados por proxenetismo. Este caso se denominó Operación Cattleya.
“Porque aunque este crimen persiste, también persiste la voluntad de combatirlo. Y mientras exista una sola víctima, la justicia seguirá buscando no solo castigar a los culpables, sino también devolver la dignidad robada”, afirmó la magistrada.
Pese a los desafíos, la justicia dominicana no baja la guardia. Con reformas legales, cooperación internacional, atención integral a las víctimas y un enfoque centrado en los derechos humanos, el país continúa dando pasos firmes para erradicar la trata de personas.
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