La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CAUASD) valoró la decisión del presidente Luis Abinader de ordenar la detención inmediata de las actividades vinculadas al proyecto minero Romero, impulsado por la empresa GoldQuest en la provincia de San Juan.
En un comunicado, la entidad destacó que la medida reconoce la importancia de la “licencia social”, entendida como la aceptación informada y participativa de las comunidades frente a proyectos de alto impacto ambiental. A su juicio, no es viable desarrollar iniciativas mineras en territorios donde existe rechazo social, fragilidad hídrica y relevancia agrícola estratégica.
La comisión felicitó a las comunidades de San Juan y la región suroeste por la movilización cívica en defensa del agua, la producción agrícola y el territorio, calificando la decisión como una “victoria ciudadana”.
No obstante, advirtió que el tema no está cerrado y que el país debe emprender una revisión integral de las concesiones mineras, especialmente en zonas sensibles como la vertiente sur de la Cordillera Central.
Asimismo, la CAUASD consideró necesario que el Estado revise el actual modelo de otorgamiento de concesiones, sobre todo cuando estas coinciden con cuencas hidrográficas, áreas de recarga de acuíferos, territorios agrícolas y comunidades rurales.
La entidad también reiteró la importancia de aplicar evaluaciones ambientales antes de aprobar estudios de impacto ambiental individuales, en cumplimiento de normativas como la Ley 64-00 y la Ley 368-22.
La semana pasada, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, fue categórico: antes de tomar cualquier decisión sobre la explotación de recursos mineros en el país, los estudios medioambientales deben completarse y sus resultados deben hablar.
"Las cosas tienen que tener su orden", afirmó el funcionario, en declaraciones que llegan en medio del debate nacional sobre el futuro del poyecto Romero en la provincia de San Juan.
En ese sentido, la comisión planteó la necesidad de una nueva legislación minera “moderna, democrática y preventiva”, que priorice la protección del agua, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental por encima de los intereses extractivos.
Indicó que la normativa vigente responde a una visión desactualizada:
- Cambio climático
- Estrés hídrico
- Conflictos territoriales
Más allá del proceso técnico, Santos puso el acento en quiénes deben ser los principales beneficiarios de los recursos del subsuelo: las comunidades que habitan las zonas de impacto. Ese principio, aseguró, está en el corazón del proyecto de nueva ley minera que prepara el Gobierno.
El planteamiento coincide con los reclamos de la Cámara Minera y Petrolera (CAMIPE), que también ha exigido la actualización del marco legal vigente —la Ley 146-71, que ya cumplió más de cinco décadas— para adecuarlo a los desafíos climáticos actuales y a las garantías establecidas en la Constitución de 2010.
La CAUASD llamó al Gobierno, al Congreso, a instituciones estatales y a diversos sectores sociales a impulsar un proceso nacional de revisión del régimen minero, que permita garantizar que ningún proyecto extractivo se imponga sin el consentimiento de las comunidades.
La comisión concluyó que la decisión presidencial representa un paso importante, pero insistió en la necesidad de avanzar hacia políticas públicas más profundas que aseguren la protección de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país.
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