El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, fue categórico: antes de tomar cualquier decisión sobre la explotación de recursos mineros en el país, los estudios medioambientales deben completarse y sus resultados deben hablar. "Las cosas tienen que tener su orden", afirmó el funcionario, en declaraciones que llegan en medio del debate nacional sobre el futuro del Proyecto Romero en la provincia de San Juan.
Santos subrayó que ninguna decisión sobre proyectos mineros puede tomarse sin sustento científico ni sin un diálogo transparente con las comunidades directamente impactadas. "El debate se centra en garantizar el crecimiento económico sin comprometer los recursos naturales ni la estabilidad social", explicó el ministro.
Beneficio para las comunidades, eje de la nueva ley
Más allá del proceso técnico, Santos puso el acento en quiénes deben ser los principales beneficiarios de los recursos del subsuelo: las comunidades que habitan las zonas de impacto. Ese principio, aseguró, está en el corazón del proyecto de nueva ley minera que prepara el Gobierno.
El planteamiento coincide con los reclamos de la Cámara Minera y Petrolera (CAMIPE), que también ha exigido la actualización del marco legal vigente —la Ley 146-71, que ya cumplió más de cinco décadas— para adecuarlo a los desafíos climáticos actuales y a las garantías establecidas en la Constitución de 2010.
90 días para depositar el proyecto
En cuanto al cronograma, el ministro adelantó que el Ejecutivo tiene previsto depositar el proyecto de ley ante el Congreso en los próximos 90 días. La iniciativa llega en un momento de alta tensión social alrededor de la minería, especialmente en el Suroeste del país, donde organizaciones académicas y ambientales han pedido que no se apruebe ningún Estudio de Impacto Ambiental sin antes realizar una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que permita ver el cuadro completo de los riesgos territoriales.
El sector minero, por su parte, registró un crecimiento de 7.7 % en el primer trimestre de 2026, convirtiéndose en el de mayor dinamismo dentro de la economía dominicana, en un contexto en que el país creció 4.1 % según el IMAE del Banco Central.
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