La justicia dominicana mantiene en curso este 2026 algunos de los procesos judiciales más complejos y emblemáticos de los últimos años, vinculados tanto a presuntos actos de corrupción administrativa como a delitos de homicidio involuntario.
Casos como Operación Calamar, Cobra, Jet Set y Coral continúan ocupando el centro del debate jurídico y político del país.
Operación Calamar: el expediente de mayor volumen
La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, conoce la audiencia preliminar del caso Operación Calamar, en el que, según el Ministerio Público, existe una supuesta estructura criminal tipo “holding” que habría desfalcado al Estado dominicano por RD$ 41,185,964,839.76 durante el gobierno del expresidente Danilo Medina.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, en el expediente figuran al menos 11 instituciones públicas involucradas, 12 tipos penales, 2,120 páginas, 65 testigos, así como 1,183 pruebas documentales, 30 materiales y 54 documentos procesales.
El órgano acusador sostiene que los hechos incluyen pagos irregulares por expropiaciones de terrenos, reconocimiento de deudas administrativas y presuntos sobornos para financiar la campaña electoral de 2020.
La defensa del exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial Gonzalo Castillo solicitó al tribunal declarar la inadmisibilidad de la acusación, alegando que el Ministerio Público depositó el expediente fuera del plazo legal y que incurrió en irregularidades procesales. Su abogada, Laura Acosta, afirmó que el caso responde a motivaciones políticas para inhabilitar al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y “sentar en el banquillo” a figuras clave como Donald Guerrero y José Ramón Peralta.
Cuestionó la fecha de depósito, denunció “inconsistencias físicas y digitales” en el expediente y sostuvo que el tribunal no habría recibido físicamente la totalidad de las piezas en el tiempo establecido. Además, acusó al Ministerio Público de proteger a presuntos organizadores del entramado mediante acuerdos, mientras se persigue penalmente a quienes, según su versión, no participaron en los hechos. Bajo estos argumentos, solicitó la nulidad de la acusación.
Caso Cobra: investigación por desfalco en Senasa
El pasado 9 de diciembre, el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, conoció la solicitud de medida de coerción en la Operación Cobra, investigación del Ministerio Público por un presunto desfalco de miles de millones de pesos en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
A los imputados se les atribuyen delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
La Procuraduría sostiene que ha reunido evidencias de sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y programas especiales sin sustento jurídico, en un esquema de corrupción sistemático desde la Dirección Ejecutiva de Senasa.
Jet Set: homicidio involuntario por colapso estructural
En el ámbito penal no vinculado a corrupción administrativa, el caso Jet Set se encuentra en etapa preliminar ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
El tribunal fijó para el 16 de marzo el inicio del juicio preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat López, propietarios de la discoteca colapsada, acusados de homicidio involuntario por la muerte de 236 personas tras el desplome del techo del centro de diversión.
Los resultados preliminares de la Onesvie indican que la tragedia se produjo por una sobrecarga estructural que superó la capacidad de las vigas, agravada por ampliaciones posteriores a la edificación.
Coral y Coral 5G: etapa final del proceso
En las operaciones Coral y Coral 5G, los imputados —casi treinta policías y militares— fueron arrestados en abril de 2021 por presunta corrupción administrativa y apropiación indebida de RD$4,500 millones en propiedades y productos financieros.
El 6 de enero, los acusados iniciaron la presentación de sus argumentos finales ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, entrando el caso en su fase decisiva.
Con estos procesos en distintas etapas judiciales, el 2026 se perfila como un año clave para la justicia dominicana, marcada por expedientes de alto impacto, alegatos de defensa, debates sobre la independencia del Ministerio Público y la expectativa de sentencias que podrían redefinir el combate contra la corrupción y la responsabilidad penal en casos de conmoción social.
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