El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, defendió la legalidad de la investigación seguida contra el fiscal suspendido Aurelio Valdez Alcántara durante la audiencia de apelación celebrada ante la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.
El recurso fue interpuesto por la defensa de Valdez Alcántara, acusado por el Ministerio Público de presuntamente recibir un soborno de 10 mil dólares de un testigo vinculado a una investigación relacionada con el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La audiencia fue conocida por los magistrados Francisco Jerez Mena, Nancy Salcedo y Yorlin Vásquez Castro , integrantes de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.
Durante su exposición, Camacho respondió a los cuestionamientos formulados por la defensa sobre una supuesta vulneración de derechos fundamentales durante el proceso investigativo.
Alegatos de la defensa
Los abogados del imputado alegan que Valdez Alcántara fue interrogado sin la presencia de un abogado y sin que se le garantizara plenamente el ejercicio de sus derechos constitucionales.
La defensa sostiene que el fiscal suspendido fue abordado por las autoridades en condiciones de vulnerabilidad, mientras se encontraba detenido, sin recibir la asistencia legal correspondiente ni la oportunidad de comunicarse oportunamente con un representante legal.
Planteamientos del Ministerio Público
Sin embargo, Camacho argumentó que esos planteamientos ya fueron debatidos durante las etapas previas del proceso y que los tribunales competentes conocieron y decidieron sobre dichos incidentes conforme a las normas procesales vigentes.
“Cuando ustedes revisen la decisión, podrán verificar en ella que esos incidentes fueron recurridos en este tribunal”, expresó el director de Persecución, al afirmar que las decisiones adoptadas por los jueces anteriores se ajustaron estrictamente a lo establecido por la ley.
Asimismo, indicó que los argumentos presentados por la defensa buscan cuestionar actuaciones que ya fueron examinadas judicialmente y que recibieron el tratamiento procesal correspondiente.
Camacho también destacó que los tribunales no actuaron de manera discrecional al conocer los incidentes planteados por la defensa, sino que aplicaron los procedimientos previstos en la legislación penal dominicana.
El Ministerio Público mantiene la acusación contra Valdez Alcántara por presuntos actos de corrupción vinculados a la recepción de un soborno de 10 mil dólares, mientras que la defensa insiste en que durante la investigación se produjeron violaciones a derechos fundamentales que afectarían la validez de parte de las actuaciones procesales.
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