El exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros seis implicados en el expediente de presunta corrupción y estafa contra la ARS estatal han sido trasladados este jueves 30 de abril ante un tribunal del Distrito Nacional para la revisión obligatoria de la medida de coerción de prisión preventiva impuesta en diciembre del pasado año.
La audiencia estará a cargo del magistrado Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, quien actúa como juez control de la investigación.
Conforme al Código Procesal Penal, este tipo de revisión debe realizarse cada tres meses para determinar si se mantienen las condiciones que justifican la privación de libertad de los procesados.
El proceso forma parte del denominado por el Ministerio Público como caso Cobra, mediante el cual el Ministerio Público acusa a un grupo de exfuncionarios y particulares de conformar un entramado de corrupción que habría causado un millonario perjuicio al Seguro Nacional de Salud.
Por cuestiones de espacio, el magistrado a cargo del proceso decidió trasladar el conocimiento de la audiencia al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde se desarrollará la revisión de la prisión preventiva y demás medidas impuestas a los acusados.
Corte confirma medida
El pasado 5 de febrero, la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó la prisión preventiva de 18 meses impuesta a Hazim y los demás acusados, tras rechazar los recursos de apelación interpuestos por la defensa.
El tribunal, integrado por las magistradas y magistrados Isis Muñoz, Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, ratificó las medidas de coerción contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.
Según el Ministerio Público, los acusados incurrieron en delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación de documentos, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Las autoridades sostienen que las acciones atribuidas al grupo afectaron al Senasa y a más de siete millones de afiliados, provocando un perjuicio económico estimado en al menos 15 mil millones de pesos.
Investigación continúa
El pasado 3 de marzo, el procurador adjunto y director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, aseguró que las investigaciones continúan avanzando y adelantó que el caso tendrá una segunda fase.
Lo que les voy a asegurar es que habrá una segunda parte, declaró el funcionario al referirse a la evolución del proceso judicial relacionado con el caso Senasa.
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