Reportaje de Nuria Investigación Periodística genera fuertes reacciones por denuncias contra Rafael Féliz García

La difusión de un nuevo reportaje de investigación en el programa Nuria Investigación periodística provocó este fin de semana una oleada de reacciones de dirigentes políticos y usuarios en redes sociales, tras exponer denuncias sobre presuntas prácticas irregulares atribuidas a Rafael Féliz García durante su paso por distintas instituciones del Estado, así como un incremento patrimonial reflejado en sus declaraciones juradas de bienes.

Las reacciones no se hicieron esperar.

Mientras algunos actores políticos aseguraron no haber visto el reportaje o evitaron pronunciarse por vínculos personales con la familia del exfuncionario, otros reclamaron que el caso sea debidamente investigado por las autoridades competentes.

En ese contexto, la exsenadora Cristina Lizardo lamentó las denuncias y sostuvo que, aunque no le gusta juzgar sin pruebas, situaciones como esta deben ser ejemplo de que a la administración pública se va a servir y no a servirse, al tiempo que pidió que los señalamientos sean investigados a fondo.

De su lado, el exregidor y delegado político del Partido Reformista Social Cristiano, Tácito Perdomo Robles, expresó su preocupación ante la posibilidad de que jóvenes considerados parte de una supuesta vanguardia política incurran en prácticas cuestionables.

Manifestó su esperanza de que se trate de un malentendido que pueda aclararse, al tiempo que reflexionó sobre el deterioro ético de la vida pública y reiteró que aún mantiene expectativas positivas en la juventud dominicana.

Adhamilka Espinal, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y representante de la Fuerza Magisterial ante el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, expresó su alta preocupación por las denuncias de presuntas irregularidades que han salido a la luz en torno al Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), señalando que este caso se suma a otros que ponen en entredicho el discurso de transparencia y lucha contra la corrupción del actual gobierno.

Espinal cuestionó que, pese a la gravedad de los señalamientos vinculados al ITLA, las respuestas oficiales se hayan limitado a medidas administrativas, sin que se conozca la apertura de procesos de investigación penal que permitan establecer responsabilidades conforme a la ley.

A su juicio, esta actuación selectiva contradice la promesa de una justicia independiente hecha por el presidente Luis Abinader y refuerza la percepción de que existen funcionarios protegidos frente al escrutinio judicial.

La dirigente magisterial advirtió que situaciones como la del ITLA generan desconfianza en la ciudadanía y afectan la institucionalidad del sistema educativo, al tiempo que reiteró la necesidad de que todo funcionario señalado sea investigado con apego al debido proceso y sin privilegios.

El país espera coherencia entre el discurso y los hechos, y que cada caso, incluyendo el del ITLA, sea tratado con la transparencia y firmeza que se prometió al pueblo dominicano, concluyó.

La voz de Participación Ciudadana

Asimismo, la coordinadora general de Participación Ciudadana, Leidy Blanco García, calificó como altamente preocupantes las denuncias sobre supuestos descuentos del cinco por ciento del salario a empleados públicos del Instituto Tecnológico de las Américas con fines políticos, al considerar que este tipo de prácticas vulnera el principio de integridad pública.

Blanco García afirmó que ningún servidor público debe ser presionado directa o indirectamente para financiar movimientos políticos como condición para conservar su empleo o acceder a oportunidades dentro del Estado, señalando que estas conductas reflejan el clientelismo que permea la institucionalidad.

Añadió que el alto costo de la política en República Dominicana empuja a muchos actores a incurrir en prácticas deshonrosas y corruptas para sostener aspiraciones personales, lo que resulta especialmente lamentable cuando se trata de figuras jóvenes que reproducen vicios de la vieja política.

En las redes sociales, internautas expresaron indignación, escepticismo y cuestionamientos sobre la ética en la función pública, con mensajes que van desde llamados a una investigación profunda y a la aplicación de la ley, hasta críticas al sistema político y a la percepción de que la corrupción no es un fenómeno aislado.

Otros usuarios, en cambio, pidieron responsabilidad en el manejo de la información y señalaron que las propias declaraciones juradas reflejan deudas que también deben ser analizadas con rigor.

El caso ha reavivado el debate público sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la necesidad de que todo funcionario explique de manera clara y verificable cualquier incremento patrimonial, en un contexto donde la ciudadanía exige mayores estándares éticos en el ejercicio de la función pública.