La evolución patrimonial de Rafael Féliz durante su paso por el Estado

Un reportaje de investigación difundido en el programa Nuria Investigación Periodística expone nuevas denuncias sobre presuntas prácticas irregulares atribuidas a Rafael Féliz García durante su paso por distintas instituciones del Estado, así como un incremento patrimonial registrado en sus declaraciones juradas de bienes.

Según la segunda parte del reportaje, Féliz García habría solicitado presuntamente un porcentaje de los salarios a colaboradores cuando ocupó cargos públicos en varias entidades, entre ellas el Instituto Técnico Superior Comunitario, donde se desempeñó como vicerrector de Extensión y Vinculaciones con un salario de RD$135,000; el Ministerio de la Juventud, donde fue ministro con una remuneración de RD$227,000; y el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), donde fungió como rector con un salario de RD$189,000, cargo del cual fue destituido recientemente por el presidente Luis Abinader.

El reportaje también analiza la evolución del patrimonio del exfuncionario a partir de sus declaraciones juradas. De acuerdo con la investigación periodística, en el año 2020, cuando tenía 24 años, Féliz García no declaró inmuebles propios, residía en una vivienda alquilada y poseía un vehículo Honda Civic, año 2013, adquirido en 2019. Asimismo, reportó tres cuentas de ahorro con balances mínimos y una deuda bancaria de RD$300,000, con un saldo pendiente de RD$255,000.

Sin embargo, según el reportaje, en una declaración jurada presentada después de su llegada al Ministerio de la Juventud, Féliz García adquirió un penthouse valorado en más de RD$10 millones, así como un vehículo Toyota Land Cruiser 2023, con un valor superior a los RD$5.5 millones. Además, declaró bienes del hogar por RD$525,000 y la existencia de préstamos por varios millones de pesos.

El caso ha tomado relevancia pública luego de que el presidente Luis Abinader dispusiera la destitución de Rafael Féliz García como rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) mediante el Decreto 39-26, tras la primera entrega del reportaje en donde se denunciaron presuntas solicitudes de aportes económicos a colaboradores con mayores salarios para fines políticos, aunque la institución negó las acusaciones.