La Contraloría General de la República (CGR) anunció modificaciones en varios puntos del informe de auditoría al Ministerio Administrativo de la Presidencia (Mapre), tras evaluar sus alegatos y las evidencias suministradas. En la respuesta del 24 de abril de 2025, mantuvo otras observaciones, aunque reconoció que estaban en proceso de subsanación, y solicitó un plan de acción para los hallazgos que no hubieran sufrido cambios.
Por su parte, la réplica de Mapre combinó explicaciones sobre sus procedimientos, medidas correctivas y compromisos de regularización. La contrarréplica de la CGR se refirió a la auditoría del período de septiembre de 2022 a diciembre de 2023 correspondiente a la gestión de José Ignacio Paliza, quien ahora se desempeña como ministro de la Presidencia de la República.
La respuesta institucional fue elaborada por la Dirección Financiera, revisada por las áreas involucradas y suministrada al ministro Andrés Bautista García. Los alegatos se remitieron mediante el oficio PR-IN-2025-4506, del 26 de febrero de 2025. Mapre señaló que la opinión presentada se sustentaba en los resultados de las muestras evaluadas.
Los argumentos del ministerio y la evaluación de la CGR
Para responder al señalamiento de subejecución presupuestaria, el Mapre presentó cifras del programa 01. El hallazgo consignaba 85 millones 623 mil 303 pesos por programar y 260 millones 476 mil 370 pesos no ejecutados, con una subejecución total reportada de 346 millones 99 mil 673 pesos.
En concreto, para 2022, el ministerio informó un presupuesto vigente de 2 mil 787 millones 921 mil 96 pesos y una ejecución en devengado que se situó en el 96%. Para 2023, reportó un presupuesto vigente de 2 mil 854 millones 879 mil 972 pesos y un devengado de 2 mil 635 millones 151 mil 702 pesos, que presentó como el 92%.
El Mapre atribuyó los recursos no programados y algunos pagos pendientes a la asignación trimestral de cuotas, los plazos de contratación y entrega y el cierre contable. La CGR anunció que modificaría este punto tras evaluar los alegatos y las evidencias suministradas.
En cuanto a las políticas de presupuesto y donaciones, la institución informó que la de presupuesto estaba pendiente de aprobación final y firmas, mientras que la de donaciones seguía en elaboración. El órgano de control interno consideró que el punto estaba siendo subsanado porque la institución se había acogido a las recomendaciones, pero indicó que no ameritaba cambios al informe.
Cajas chicas y cuentas bancarias
En tesorería, el Mapre informó revisiones internas y cierres de cajas chicas. Respondía a un hallazgo sobre tres cajas que superaban el límite establecido, con fondos por 1 millón 300 mil pesos y un excedente reportado de 700 mil pesos.
En ese marco, el ministerio comunicó el cierre de las cajas de Nutrición, Ingeniería, Proyectos Comunitarios y Tecnología. La relación al 31 de enero de 2025 mostraba activas la Caja Chica Principal, con 500 mil pesos, y la de la Oficina de la Primera Dama, con 200 mil pesos. El total consignado era de 700 mil pesos.
La entidad oficial también informó de gestiones para abrir cajas integradas al Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF). La CGR reconoció que el punto estaba siendo subsanado, sin modificar la observación.
En el ámbito bancario, el ministerio describió seis cuentas y un certificado financiero, frente al señalamiento inicial de siete cuentas no incorporadas al SIGEF. Defendió los procedimientos de apertura y afirmó que todos los movimientos se conciliaban mensualmente.
Según el Mapre, la Tesorería Nacional le había informado que algunas cuentas, por no recibir ingresos directos, no requerían inscripción. El ministerio anunció una nueva consulta formal para determinar el registro de las cuentas faltantes.
Tras evaluar la respuesta, la entidad fiscalizadora dispuso excluir del hallazgo la cuenta del Fondo Rotatorio de Viáticos, al establecer que estaba registrada en SIGEF. Para las demás cuentas, exhortó a atender las recomendaciones. La modificación fue parcial: no eliminó toda la observación bancaria.
Activos e inventarios
En activos fijos, el ministerio presentó cifras posteriores al período auditado. La observación original consignaba 313 millones 711 mil 941 pesos en el Sistema Integrado de Administración de Bienes (SIAB), frente a 2 mil 599 millones 239 mil 908 pesos en los auxiliares. El hallazgo situaba el registro en el 12%, con un 88% sin registrar.
Por su parte, el Mapre dijo que, al 31 de diciembre de 2024, había registrado 502 millones 891 mil 122 pesos en bienes muebles y mil 953 millones 124 mil 830 pesos en inmuebles. El total declarado, 2 mil 456 millones 15 mil 952 pesos, equivalía, según el ministerio, al 90% del monto comparado con su sistema institucional AVACOMP.
Además, el ministerio indicó que continuaba incorporando adquisiciones de períodos anteriores. La CGR consideró el punto en proceso de subsanación y mantuvo el hallazgo.
En cuanto a los inventarios semestrales de materiales y suministros, la institución informó de tomas físicas a finales de agosto de 2024 y a principios de enero de 2025. Señaló la participación de su Dirección de Control Interno y de la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría.
Asimismo, para la segunda toma, la entidad notificó a la Cámara de Cuentas con el propósito de que pudiera participar y supervisar el proceso. El ministerio afirmó que los resultados se presentaron a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG). La CGR reconoció avances de subsanación, sin cambios al informe.
Sobre la entrega del inventario por la gestión anterior, el Mapre confirmó que recibió registros de AVACOMP, pero no un inventario físico general detallado.
Ante esa situación, el ministerio contrató un equipo para realizar la toma física de activos en coordinación con la Dirección General de Bienes Nacionales. Según la entidad, el proyecto comenzó en octubre de 2023 y su informe final se entregó en diciembre de 2024. La Contraloría consideró el punto en subsanación y no modificó el hallazgo.
Vehículos y terrenos
En vehículos, el Mapre respondió a una diferencia de 1,772 unidades registradas en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a su nombre y ausentes de sus auxiliares. Explicó que muchas habían sido donadas y estaban en poder de terceros.
Según el ministerio, las matrículas permanecían a su nombre mientras la Dirección Jurídica y el Departamento de Transportación gestionaban los traspasos. Por su parte, la CGR consideró el punto en proceso de subsanación y mantuvo el hallazgo.
En terrenos, el ministerio respondió a la observación sobre cinco registrados en sus auxiliares y no inscritos en la DGII, por mil 108 millones 812 mil 367 pesos. Sostuvo que los inmuebles mencionados —Palacio Nacional, Casa Vapor y Maharishi— estaban a nombre del Estado dominicano, no del Ministerio de Administración Pública.
Con ese argumento, la entidad pidió retirar esa observación por considerar que no constituía una inobservancia institucional. La CGR anunció una modificación al informe, pero no detalló el ajuste en la respuesta reproducida.
La respuesta fue distinta para los dos solares del sector Despradel, provincia de La Vega, registrados en la DGII y ausentes de los auxiliares, por 5 millones 710 mil 125 pesos. Mapre informó de gestiones para localizar la documentación y regularizar sus registros.
El ministerio describió búsquedas de contratos de compraventa y certificados de título, así como diligencias ante la DGII, la Contraloría, el Archivo General de la Nación y el Registro de Títulos. Indicó que aún no había localizado los documentos originales requeridos. La CGR consideró el punto en subsanación, sin modificar el hallazgo.
Cronograma de pagos a proveedores
Ante la ausencia de un cronograma de pagos en su política, el ministerio defendió su procedimiento. Sostuvo que las compras se realizaban a través del Portal de Compras y Contrataciones y que las facturas se pagaban una vez registradas, con la cuota presupuestaria correspondiente.
No obstante, el ministerio anunció que incorporaría el cronograma a sus procesos y a su política de pago. La Contraloría indicó que modificaría este punto del informe, sin precisar el alcance del cambio.
La contrarréplica y el plan de acción
La comunicación del 24 de abril de 2025, anunció modificaciones en el presupuesto subejecutado, cuentas bancarias, terrenos no registrados en la DGII y cronograma de pagos. En el punto bancario, el ente fiscalizador precisó qué cuenta excluiría; en los demás, no desarrolló el ajuste definitivo.
En cuanto a los hallazgos que no hubieran sufrido cambios, la CGR solicitó un plan de acción en un plazo no mayor de quince días laborables a partir de la recepción de la carta.
El plan debía establecer actividades, fechas clave, responsables, acciones de mitigación, indicadores o evidencias de remediación y una fecha tentativa para que el equipo de seguimiento comprobara las medidas en las instalaciones del ministerio.
La carta fundamentó la solicitud en las disposiciones sobre acatamiento de las recomendaciones de control interno citadas de la Ley 10-07 y del Reglamento 491-07, según el documento.
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