La decisión del juez Reymundo Mejía de enviar a juicio de fondo a los propietarios de la discoteca Jet Set estuvo acompañada de una serie de reflexiones sobre el rol de la justicia, la legalidad y los límites de la actuación judicial, frases que se convirtieron en el eje central de su exposición ante las partes.
“La justicia no es para venganza”, expresó el magistrado al insistir en que los tribunales deben decidir conforme a las pruebas y al derecho, sin permitir que el dolor colectivo o la indignación social sustituyan los principios jurídicos que rigen el proceso penal.
Durante la lectura de la resolución, Mejía reiteró que “este tribunal no está para inventar”, al explicar que los jueces no pueden crear tipos penales ni modificar la ley para responder a la gravedad de un hecho determinado.
El juez también enfatizó que “hay un principio de legalidad muy fuerte”, recordando que toda actuación judicial debe estar sustentada en normas previamente establecidas y no en interpretaciones que excedan las facultades del tribunal.
Al abordar la discusión sobre la calificación jurídica del caso, afirmó que “no creo que sea razonable equiparar un disparo a una multitud con un derrumbe”, al diferenciar entre una conducta dirigida intencionalmente a causar la muerte y una actuación atribuida a negligencia.
“Los jueces estamos sometidos a la Constitución y a las leyes”, señaló igualmente, subrayando que las decisiones judiciales no pueden fundamentarse en expectativas sociales ni en reclamos populares, sino en los hechos demostrados y en el marco legal aplicable.
Con estas expresiones, el magistrado dejó claro que su decisión estuvo sustentada en el respeto al debido proceso y al principio de legalidad, argumentos que dominaron una audiencia seguida con atención por familiares de las víctimas, abogados y representantes del Ministerio Público.
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