El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, concluyó que las acusaciones contra Antonio y Maribel Espaillat por el colapso del techo de la discoteca Jet Set deben mantenerse bajo la calificación de homicidio involuntario, al considerar que no existen elementos suficientes para sustentar la figura del dolo eventual solicitada por parte de los querellantes.
Durante la lectura de su decisión, el magistrado explicó que la función de la audiencia preliminar no es determinar la culpabilidad o inocencia de los imputados, sino establecer si existen pruebas con la suficiente consistencia para ser discutidas en un juicio de fondo. En ese sentido, afirmó que los testimonios, documentos, pruebas materiales y periciales incorporados al expediente cumplen con los requisitos legales para ser debatidos ante un tribunal.
Mejía indicó que el Ministerio Público atribuye a los imputados una conducta negligente relacionada con las condiciones estructurales del techo del establecimiento. Según expuso, existen indicios de que conocían la situación de la estructura y de que se realizaron modificaciones en la misma, elementos que deberán ser valorados durante el juicio.
Sin embargo, el magistrado rechazó la petición formulada por algunos representantes de las víctimas para que el caso fuera recalificado bajo la figura del dolo eventual, una modalidad más grave que implica la aceptación consciente del resultado dañoso. A su juicio, las evidencias presentadas hasta el momento no permiten sostener esa imputación dentro de los parámetros establecidos por la legislación dominicana.
Durante el proceso, 42 abogados se adhirieron a la acusación presentada por el Ministerio Público, mientras que 12 juristas plantearon la aplicación de la figura del dolo eventual.
“El juez debe actuar dentro de los principios de legalidad y razonabilidad”, sostuvo Mejía al fundamentar su decisión. Como parte de sus argumentos, señaló que una de las imputadas se encontraba dentro de la discoteca al momento del colapso, un elemento que consideró incompatible con la tesis de que los acusados hubieran aceptado conscientemente la posibilidad de una tragedia de esa magnitud.
El magistrado recordó además que las pruebas periciales constituyen elementos complejos cuya valoración definitiva corresponde al tribunal que conocerá el juicio. Agregó que tanto el Ministerio Público como la defensa tendrán la oportunidad de presentar y controvertir sus respectivos peritajes durante esa etapa del proceso.
La acusación del Ministerio Público se fundamenta en presuntas negligencias relacionadas con el mantenimiento y las condiciones estructurales del establecimiento. Por estos hechos, los hermanos Espaillat enfrentan cargos de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias derivados del derrumbe ocurrido la madrugada del 8 de abril de 2025, que dejó 236 fallecidos y más de un centenar de heridos.
Al concluir la audiencia, Mejía reconoció el profundo impacto humano de la tragedia y afirmó que se trata de uno de los procesos más complejos que ha tenido que examinar debido a las consecuencias sufridas por las víctimas y sus familiares.
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