El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, reunió esta semana en la sede central de la institución a inspectores, coordinadores y supervisores de todos los puntos de control migratorio del país para lanzarles un mensaje que combina exigencia y advertencia: el control de los flujos de personas en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos no es un trámite administrativo, es un asunto de seguridad nacional.
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Una institución bajo presión creciente
La Dirección General de Migración (DGM) procesa actualmente cerca de 26 millones de transacciones migratorias al año —entre entradas y salidas de nacionales y extranjeros— a través de aeropuertos, puertos marítimos y pasos fronterizos. Esa cifra, que incluye unos 11.7 millones de turistas anuales, convierte a República Dominicana en uno de los destinos del Caribe con mayor flujo de personas, lo que eleva proporcionalmente la complejidad del trabajo de sus agentes.
En ese contexto de alta demanda operativa, Lee Ballester convocó al personal con funciones fiscalizadoras para recordarles que la primera y última imagen que un viajero se lleva del país pasa, inevitablemente, por sus manos.
"Mantener una conducta prudente, de autocontrol y respeto a los usuarios, al ser la primera y última imagen que queda en la mente del pasajero al entrar o al salir del país." — Vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director general de Migración
Seguridad sin descuidar la cortesía
El llamado de Lee Ballester no se limitó a la eficiencia operativa. El director insistió en que la excelencia en el control migratorio debe ir acompañada de cortesía y buen trato al ciudadano, en un país que compite en el mercado global del turismo y cuya reputación como destino se construye también en las filas de inmigración.
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La tensión entre rigor y hospitalidad no es menor: República Dominicana recibe millones de visitantes que esperan agilidad y amabilidad, mientras que el Estado tiene la obligación de detectar irregularidades, prevenir el tráfico de personas y evitar que el territorio sea utilizado como corredor para actividades ilícitas.
El escenario geopolítico como telón de fondo
Lee Ballester enmarcó su exhortación en lo que describió como "escenarios geopolíticos cada vez más complejos". La referencia no es casual: la institución opera en un contexto de presión migratoria sostenida desde Haití —cuya crisis política y de seguridad no cede—, al tiempo que enfrenta el desafío de gestionar flujos mixtos donde se mezclan turistas, migrantes económicos, solicitantes de protección y, eventualmente, redes de tráfico ilícito.
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Operativos recientes reflejan la intensidad del momento
Solo en la semana del 17 de abril, la DGM desplegó operativos simultáneos de interdicción migratoria en todo el territorio nacional —desde el Gran Santo Domingo hasta Barahona, pasando por Santiago, La Vega y Espaillat— que resultaron en la detención de más de 900 personas en condición migratoria irregular. Esa actividad operativa es el contexto inmediato en el que se inscribe la reunión con inspectores y supervisores.
"Tenemos que prevenir que se utilice nuestro país como ruta para cometer acciones ilícitas, violentando nuestros controles migratorios." — Lee Ballester
Quiénes participaron
Al encuentro asistieron, junto a Lee Ballester, el General de Brigada Piloto Juan Carlos Vicente Pérez, director de Inteligencia Migratoria, y el Coronel Manuel Antonio Carrasco Guerrero, director de Control Migratorio, además de todos los coordinadores y supervisores de los puntos de control que administra la institución a nivel nacional.
La presencia de los directores de Inteligencia y de Control Migratorio en la misma mesa subraya el enfoque integral que la DGM quiere imprimirle a sus operaciones: no solo detección en frontera, sino inteligencia aplicada al flujo migratorio.
La DGM cumplió en abril su 87 aniversario con una institución que, según sus propias cifras, ha deportado más de 525,000 extranjeros en situación irregular durante la gestión de Lee Ballester. El desafío hacia adelante es sostener esa intensidad operativa sin que los controles se conviertan en cuellos de botella que afecten la experiencia de los millones de turistas y viajeros legítimos que sostienen la economía del país.
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