La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó un año de prisión preventiva y declaró de tramitación compleja el proceso seguido contra diez imputados acusados de integrar una supuesta estructura criminal vinculada a una presunta estafa de más de RD$ 200 millones en perjuicio del Banco BHD.
La medida de coerción fue impuesta contra Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Pedro Reynaldo Bello Pérez, Julio Antonio García Faña, Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán y Jefry Leonardo Cepeda Núñez.
Todos ellos deberán cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.
En tanto, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández fue enviada al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.
La decisión fue adoptada por el juez Rigoberto Sena, quien acogió los pedimentos presentados por el Ministerio Público, incluyendo la declaratoria de complejidad del caso.
Ministerio Público afirma tribunal acogió todos sus pedimentos
A la salida de la audiencia, la procuradora general de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros y adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, aseguró que el tribunal acogió “todos los pedimentos” formulados por el órgano acusador.
Explicó que, además de imponer los 12 meses de prisión preventiva, el tribunal ordenó la fusión de procesos y validó la declaratoria de complejidad, mientras las investigaciones continúan en curso.
Tavárez Gil indicó que el Ministerio Público presentó evidencias testimoniales, periciales y financieras que, según sostiene, vinculan a los imputados con los hechos investigados.
En la audiencia estuvo acompañada por el fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
Investigación y operativo
De acuerdo con el expediente, los imputados presuntamente formaban parte de una estructura criminal dedicada a cometer fraudes financieros, causando pérdidas superiores a RD$ 200 millones.
La investigación fue desarrollada por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (DICAT) de la Policía Nacional.
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