Defensas cuestionan acusaciones del Ministerio Público 'por falta de pruebas'

Durante las audiencias de los casos Camaleón e Intrant, las defensas de los imputados presentaron sus contrarréplicas ante el Ministerio Público, cuestionando con dureza la solidez de las acusaciones formuladas y denunciando la ausencia de pruebas concretas que sostengan los cargos imputados.

Dekolor SRL: "suposiciones, no evidencias"

El abogado Nassef Perdomo, representante legal de la empresa Dekolor SRL, sostuvo que las imputaciones formuladas por el Ministerio Público carecen de sustento probatorio. A su juicio, no se ha demostrado ningún acto ilícito cometido por la empresa ni por sus representantes.

"Se intenta construir una narrativa sin solidez, basada en suposiciones más que en evidencias concretas", afirmó el jurista, quien además puso en duda la coherencia de la acusación al señalar que no se ha podido establecer de qué manera se habría cometido algún hecho irregular ni cómo los implicados habrían tenido control o conocimiento de las supuestas acciones.

Perdomo destacó que durante el proceso se depositaron múltiples documentos y pruebas que, a su juicio, desmontan la teoría del Ministerio Público, . Insistió en que para sostener una acusación penal es imprescindible presentar pruebas claras y verificables, y que no pero advirtió que estos elementos no han sido valorados de manera adecuada astan planteamientos o conjeturas para comprometer la responsabilidad de una empresa o sus directivos.

Frank Atilano: 87 de 89 testigos ni lo mencionan

En el marco del mismo proceso judicial —denominado por el Ministerio Público como caso Camaleón—, el encartado Frank Atilano también cuestionó la acusación en su contra, asegurando que no existen pruebas que lo vinculen directamente con los hechos investigados.

Atilano explicó que, tras revisar detalladamente los interrogatorios de los 89 testigos incluidos en el expediente, constató que ninguno lo acusa. Según indicó, 87 de ellos ni siquiera mencionan su nombre.

El imputado también destacó que desde el inicio mostró disposición de colaborar con las autoridades, respondiendo de manera voluntaria a los requerimientos en presencia de su abogada, la doctora Michelle Peret. En ese sentido, cuestionó las razones por las que fue incluido en el proceso, al considerar que su arresto se produjo meses después sin fundamentos claros, lo que a su juicio evidencia debilidades en la investigación.

"La verdadera justicia no es la que atropella, sino la que actúa con equidad", expresó Atilano al cerrar su intervención.

Caso Intrant: la defensa de Hugo Beras señala inconsistencias y omisiones clave

En la audiencia preliminar del caso Intrant, la abogada Laura Acosta, en representación del exdirector de esa institución, Hugo Beras, presentó una contrarréplica ante la jueza Yanibet Rivas en la que criticó duramente la acusación del Ministerio Público, señalando inconsistencias, falta de pruebas y omisiones clave en el expediente.

Acosta argumentó que el órgano acusador no logró responder cuestionamientos esenciales relacionados con el supuesto uso irregular de recursos ni sobre decisiones administrativas que, según la defensa, fueron debidamente validadas por instituciones estatales. Entre los aspectos no explicados, mencionó el incremento en montos de compras, la autorización de pagos y quién ordenó la suspensión de procesos dentro del sistema de contrataciones.

La abogada también señaló que entidades como la Contraloría General de la República y la Dirección General de Compras y Contrataciones tuvieron conocimiento de las actuaciones y no emitieron objeciones en su momento.

Acosta enfatizó que los hechos atribuidos a Beras corresponden, en el peor de los casos, a faltas administrativas y no a delitos penales, citando informes de auditoría que, según dijo, establecen que cualquier irregularidad detectada conllevaría sanciones como la destitución, pero no responsabilidad penal.

Asimismo, cuestionó la cronología presentada por el Ministerio Público respecto al supuesto uso indebido de sistemas tecnológicos, indicando que dicho evento habría ocurrido en una fecha en la que Beras ya no ocupaba el cargo, lo que hace insostenible la acusación. La defensa también criticó que se introduzcan elementos y alegatos que no forman parte de la calificación jurídica presentada en la acusación formal, lo que, a juicio de Acosta, vulnera el debido proceso.

La abogada reiteró que no se ha demostrado que Hugo Beras incurriera en actos de corrupción ni en delitos como lavado de activos, e insistió en que la acusación carece de sustento probatorio suficiente para sostenerse en un eventual juicio de fondo.

Pasada audiencia

En la más reciente jornada del proceso, el fiscal Emmanuel Ramírez expuso ante la magistrada Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, los planteamientos del Ministerio Público durante la continuación de la audiencia preliminar del caso Intrant.

Durante su intervención, el representante del órgano persecutor describió supuestas anomalías en la constitución de empresas relacionadas con el expediente, señalando incluso el alegado uso indebido de datos de terceros sin su autorización. Según explicó, las investigaciones apuntan a que ciudadanos como George Brickmeyer habrían sido incorporados en documentación corporativa sin haber dado su consentimiento, rechazando cualquier tipo de vínculo con las compañías bajo investigación.

Al concluir la audiencia, el empresario e imputado José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, manifestó que su equipo legal presentará su defensa y versión de los hechos en el marco de este proceso judicial.

Datos sobre el caso

Este proceso judicial llamado caso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) salió a la luz en medio de investigaciones del Ministerio Público sobre presuntas irregularidades administrativas y posibles actos de corrupción vinculados a procesos internos de la institución.

Las indagatorias se enfocaron en contrataciones, manejo de recursos y decisiones operativas que, según las autoridades, podrían haber favorecido intereses particulares en detrimento del Estado.

A raíz de estas investigaciones, varios funcionarios y exempleados del Intrant fueron señalados y sometidos a procesos judiciales, generando un amplio debate público sobre la transparencia en la gestión del transporte en la República Dominicana.

El Ministerio Público ha sostenido que existen evidencias documentales y testimoniales que apuntan a prácticas irregulares, mientras que las defensas han insistido en la falta de pruebas concluyentes y en supuestas violaciones al debido proceso.

El caso también ha tenido repercusiones en la opinión pública y en el ámbito institucional, al poner bajo escrutinio el funcionamiento de una entidad clave para la regulación del tránsito y la seguridad vial.

Entre los principales imputados figura el exdirector del Intrant, Hugo Beras, señalado por su rol en decisiones administrativas durante el período investigado.

Junto a él, también ha sido vinculado José Ángel Gómez Canaán, quien estaría relacionado con empresas que habrían participado en procesos contractuales bajo cuestionamiento.

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