Defensa sostiene que no hubo beneficio económico en caso Intrant

En la audiencia preliminar del caso Camaleón, las defensas afirmaron ante la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional,  las acusaciones presentadas por el Ministerio Público carece de pruebas sobre el manejo irregular de fondos ni beneficio a terceros.

Proceso carece de sustento probatorio

La abogada Laura Acosta, miembro de la barra de la defensa de Hugo Beras, afirmó que el proceso carece de sustento probatorio, al indicar que no existe evidencia de que su defendido haya recibido dinero del Estado dominicano o de particulares para beneficiar a terceros.

Sostuvo que se trata de un caso atípico, en el que se le atribuyen supuestas irregularidades sin que se haya demostrado la existencia de pagos indebidos. Agregó que, en relación con tres empresas vinculadas al proceso, no hay indicios de que hayan entregado recursos económicos, lo que, según explicó, fue valorado previamente por la jueza de control.

La jurista también señaló que Beras constituyó en 2015 la compañía Producción de Vehículos BCD, dedicada a la realización de contenidos radiales, destacando que el programa “Vehículos en la Calle” inició en 2013.

Cuestionamiento al procedimiento del MP

De su lado, el abogado Nolasco Rivas, representante legal de Frank Atilano, cuestionó el procedimiento realizado por el Ministerio Público y sostuvo que no se configura el delito de sustracción de fondos públicos.

Argumentó que no existe prueba de que se haya producido un desvío de recursos ni de que se haya generado algún resultado perjudicial para el Estado, indicando que los elementos presentados no cumplen con los criterios establecidos en la Constitución ni en los artículos 123 y 124 del Código Penal.

Asimismo, afirmó que su defendido no ostentaba funciones que le permitieran incurrir en los hechos imputados, ni participaba en la toma de decisiones relacionadas con los supuestos actos irregulares.

La audiencia preliminar forma parte del proceso en el que el tribunal evalúa las pruebas presentadas por las partes para determinar si procede o no la apertura a juicio de fondo.

Entre los imputados figuran Hugo Beras, Jochi Gómez, Pedro Vinicio Padovani Báez, Sergio Alcántara, José Pérez Encarnación, Edwin Mejía y Francisco Antonio Mejía, señalados por el Ministerio Público de presuntas maniobras para favorecer empresas vinculadas al proceso.

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