Ministerio Público solicita apertura a juicio en caso Hugo Beras y Jochi Gómez

El Ministerio Público presentó sus conclusiones en la audiencia preliminar del proceso que involucra a Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y otros imputados, solicitando a la jueza Yanibet Rivas del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictar auto de apertura a juicio y mantener las medidas de coerción impuestas en el caso.

Durante su intervención, el órgano acusador sostuvo que la acusación está sustentada en múltiples elementos de prueba presentados contra las personas físicas y jurídicas vinculadas al proceso, por lo que entiende que existen fundamentos suficientes para que el caso sea enviado a juicio de fondo.

El Ministerio Público pidió al tribunal que, conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal, se mantengan las medidas de coerción impuestas a los imputados mientras continúa el proceso judicial.

Asimismo, solicitó que todos los elementos de prueba presentados en la audiencia y contenidos en el escrito de acusación sean admitidos para ser debatidos durante el eventual juicio.

El órgano acusador argumentó que las pruebas fueron obtenidas y presentadas conforme a la normativa legal vigente, por lo que pidió al tribunal acoger de manera íntegra la acusación y permitir que el proceso avance a la siguiente etapa del sistema penal.

Datos sobre el caso

De acuerdo con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), la investigación del caso Camaleón detectó diversas conductas delictivas que abarcan fraude en procesos de contratación pública, corrupción administrativa, sabotaje de infraestructuras críticas, falsificación de documentos, contrabando, delitos tecnológicos, terrorismo y lavado de activos.

En el expediente acusatorio, el Ministerio Público ubica a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) como una figura clave dentro de la presunta estructura, al atribuirle el control de varias compañías vinculadas entre sí que habrían obtenido contratos estatales de forma irregular y habrían intervenido en sistemas tecnológicos del Estado, entre ellos los semáforos, plataformas de videovigilancia y otras herramientas utilizadas para la gestión del tránsito.

La acusación también menciona al exdirector del Intrant, Hugo Beras, a quien se le atribuye haber tenido un rol en la adjudicación de contratos a empresas que, según el órgano acusador, no contaban con la experiencia ni la capacidad técnica requerida para ejecutar esos proyectos. Además, se le vincula con presuntas irregularidades relacionadas con el manejo del sistema de tránsito en el Gran Santo Domingo.

En octubre de 2024, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, declaró el proceso como complejo y dispuso distintas medidas de coerción contra varios de los imputados, entre ellas prisión preventiva y presentación periódica ante las autoridades.

El Ministerio Público sostiene que la denominada Operación Camaleón representa uno de los esquemas de corrupción tecnológica más elaborados detectados en los últimos años, al combinar la manipulación de sistemas digitales del Estado con estructuras empresariales que presuntamente habrían servido para canalizar y ocultar recursos obtenidos de manera ilícita.

En caso de que el tribunal admita la acusación, el proceso pasará a la etapa de juicio de fondo, donde los acusados deberán responder por cargos contemplados en el Código Penal dominicano y en legislaciones especiales sobre delitos de alta tecnología, lavado de activos, terrorismo y contrabando, en perjuicio del Estado.

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