El Ministerio de Defensa enfrenta un intenso escrutinio por su controvertido contrato con la empresa Aurix, firmado en 2019, que le otorga a la entidad privada acceso privilegiado a información clasificada sobre seguridad nacional, incluidos sistemas de inteligencia y bases de datos críticos.
El convenio entre el Ministerio de Defensa y Aurix, R.S.L. permitía a esta última instalar y gestionar software para la recopilación, análisis e intercambio de información de inteligencia con las Fuerzas Armadas, especialmente en el ámbito de la frontera terrestre y marítima.
Aunque se estableció bajo el gobierno de Danilo Medina, las autoridades militares lo mantuvieron vigente hasta septiembre de 2024. Sin embargo, según el ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, nunca se ejecutó.
Este acuerdo ha suscitado preocupaciones sobre la privacidad y seguridad de la información gestionada por entidades militares. Se considera riesgoso confiar datos críticos de seguridad nacional a persona como José Ángel (Jochi) Gómez Canaán, quien ha tenido problemas legales recurrentes.
La alianza permitía un intercambio ilimitado de datos entre los organismos de investigación oficiales y la agencia de inteligencia privada Aurix, con una condición: solo la alta jerarquía militar y la cúpula directiva de Aurix tendrían acceso a esta información.
El Ministerio de Defensa no solo involucró a Aurix en la inteligencia militar, sino que también se comprometió a gestionar los permisos necesarios con otras instituciones gubernamentales para su operación en todo el país.
El controvertido acuerdo establecía que los datos recabados, analizados y procesados durante la colaboración, serían de propiedad conjunta del Ministerio de Defensa y la compañía Aurix. La aplicación de esta cláusula cuestiona la privacidad de la información gestionada por las agencias de las Fuerzas Armadas.
Además de integrar a Aurix en la inteligencia militar, el Ministerio de Defensa también permitía la contratación de otras entidades privadas, ya sean nacionales o internacionales, que se considerasen pertinentes para lograr los objetivos del contrato. Esto vulneraria aún más las operaciones de las agencias investigativas militares.
El convenio de cooperación estipula, así mimo, que el Ministerio de Defensa debe proporcionar el personal militar necesario para la investigación y seguridad de las instalaciones de Aurix frente a posibles amenazas.
El acuerdo también permitía a Aurix reclutar agentes civiles para, supuestamente, facilitar el cumplimiento del contrato mediante la recopilación y análisis de información de inteligencia de interés para el Gobierno y las Fuerzas Armadas.
También se cuestiona la autorización de parte del Ministerio de Defensa para que Aurix exhiba los logotipos de las Fuerzas Armadas en sus instalaciones. Expertos advierten que ninguna entidad privada debería mostrar imágenes de instituciones públicas, y menos cuando se trata de organismos de seguridad del Estado.
El convenio de cooperación en inteligencia, firmado en junio de 2019 y extendido hasta el 10 de septiembre de 2024, ha suscitado dudas sobre su implementación, ya que Aurix sostiene que se está ejecutando, mientras el Ministerio de Defensa lo contradice.
Lo que sí está claro es que la Procuraduría General de la República investiga posibles irregularidades en el contrato y el grado responsabilidad de los firmantes.