El Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional fijó para el 17 de noviembre el inicio del juicio preliminar contra Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán (Jochy Gómez) y los demás imputados en el caso Operación Camaleón, acusados de sabotaje, terrorismo y estafa contra el Estado dominicano a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) presentó acusación formal contra diez personas físicas y siete empresas presuntamente vinculadas a una red de corrupción administrativa y lavado de activos que operaba desde el Intrant.
Entre los acusados figuran Hugo Beras, exdirector del Intrant; Jochy Gómez, propietario de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología.
También fueron imputados Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Las empresas involucradas son Transcore Latam, Aurix, INPROSOL, OML Inversiones, PagoRD Xchange, Industria Soltex Dominicana y Dekolor, señaladas por haber servido como vehículos financieros y operativos para el desvío de fondos públicos, el lavado de activos y el sabotaje tecnológico.
Varias líneas delictivas
Según la PEPCA, la investigación identificó varias líneas delictivas, incluyendo fraude en contrataciones públicas, corrupción administrativa, sabotaje a infraestructuras críticas, falsificación, contrabando, delitos tecnológicos, terrorismo y lavado de activos.
El expediente señaló a Jochy Gómez como el "eje central" del entramado, al controlar un grupo de empresas interconectadas que presuntamente se beneficiaron de contratos fraudulentos y manipularon los sistemas de semáforos, videovigilancia y otras infraestructuras tecnológicas del Estado.
La acusación también vinculó a Hugo Beras, quien habría facilitado la adjudicación irregular de contratos a empresas sin capacidad técnica y participado en la manipulación del sistema de tránsito del Gran Santo Domingo.
En octubre de 2024, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, declaró el caso complejo e impuso medidas de coerción contra varios de los acusados, incluyendo prisión preventiva y presentación periódica.
La PEPCA sostuvo que Operación Camaleón constituye una de las tramas de corrupción tecnológica más sofisticadas de los últimos años, al combinar manipulación digital de sistemas públicos con el uso de estructuras corporativas para lavar fondos y ocultar bienes ilícitos.
Si la acusación es admitida, el proceso avanzará a juicio de fondo, donde los imputados enfrentarán cargos tipificados en el Código Penal dominicano y en las leyes sobre crímenes de alta tecnología, lavado de activos, terrorismo y contrabando, en perjuicio del Estado dominicano.
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