Tres adjudicaciones por más de 133 millones de pesos fueron observadas por posibles incompatibilidades de los proveedores en una auditoría de la Contraloría General de la República a la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial. La revisión, correspondiente a 2024, también identificó 104 millones de pesos en partidas de gestiones anteriores pendientes de depuración por falta de documentos de respaldo.
El informe, fechado el 29 de julio de 2026 y correspondiente al período auditado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, examinó un tramo de la gestión de Ángel de la Cruz Hernández al frente de la CPADP. Según la revisión, la entidad adjudicó contratos por 133,2 millones de pesos a proveedores vinculados a servidores públicos con una participación accionaria superior al 10 % en las compañías contratadas.
El hallazgo abre un cuestionamiento institucional, todavía sujeto a las vías administrativas correspondientes, sobre los controles que aplicó la Comisión antes de adjudicar obras con fondos públicos y las razones por las que esas posibles incompatibilidades no fueron identificadas a tiempo.
Los tres contratos que encendieron las alertas
La primera adjudicación señalada corresponde a Seven Caves Chain S.A., que recibió 68.7 millones de pesos para la reconstrucción del campo de béisbol de Villa Cerro, en Higüey. La auditoría relaciona esa empresa con Ivonne Nicole Jacobo Trigo, identificada como consejera en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con salario de 267,1 mil pesos.
El segundo caso es el de Neulin Antonio Reyes Villar, adjudicatario de 28.9 millones de pesos para construir la funeraria de Canca la Reyna, Moca y Monte Plata. Según el informe, Reyes Villar figuraba como ingeniero de obras en el Ayuntamiento Municipal de Pedro Brand, con salario de 32 mil pesos.
El tercer contrato fue adjudicado a Pedro Leandro Almonte Sandoval por 35.7 millones de pesos para la reparación del área exterior del parque arqueológico La Isabela Histórica, en Luperón, Puerto Plata. La Contraloría indica que Almonte Sandoval aparecía como teniente de corbeta en la Marina de Guerra, con salario de 35,9 mil pesos.
La gravedad administrativa de esos casos no depende únicamente del monto, sino de la obligación de verificar antes de adjudicar. Si los vínculos señalados por la auditoría podían comprobarse en registros oficiales, la revisión debió activarse antes de comprometer los recursos.
El hallazgo debe leerse a la luz del marco que regula las compras públicas: la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras, su modificación mediante la Ley 449-06 y el Reglamento de Aplicación aprobado por el Decreto 416-23. Estas normas fijan principios de transparencia, competencia, eficiencia, igualdad, responsabilidad y control previo que sirven de referencia para evaluar adjudicaciones, proveedores, expedientes y posibles incompatibilidades.
En ese contexto, los vínculos societarios atribuidos por la Contraloría a proveedores relacionados con servidores públicos no solo abren una discusión administrativa sobre los contratos. También obligan a revisar si la CPADP aplicó los filtros previstos por el régimen de contrataciones públicas antes de adjudicar obras financiadas con recursos estatales.
Compras menores y umbrales bajo la lupa
El examen también registró 43 procedimientos de compra de bienes y servicios por 33,7 millones de pesos durante el período evaluado, además de los contratos de obra observados por posibles incompatibilidades.
De ese universo, un proceso fue por comparación de precios, por 5.1 millones de pesos, equivalente al 15 %. Otros 22 fueron compras menores, por 24.9 millones de pesos, equivalentes al 74 %, y 20 correspondieron a compras por debajo del umbral, por 3.7 millones de pesos, equivalentes al 11 %.
Ese reparto no prueba por sí solo una irregularidad, pero exige una revisión cuidadosa. Cuando predominan procesos menores y por debajo del umbral, la institución debe demostrar que hubo planificación, justificación del método escogido y expedientes capaces de descartar fragmentación o uso discrecional del gasto.
El control interno que no alcanzó para prevenir dudas
El capítulo de contrataciones se lee dentro de un entorno de control incompleto. La Comisión obtuvo 68,32 % en la evaluación del Sistema de Control Interno, una calificación media, pero el componente de actividades de control apenas llegó a 24 %, nivel considerado incipiente.
Ese dato es central. Las actividades de control son las que permiten validar requisitos, revisar expedientes, comprobar proveedores, detectar incompatibilidades y dejar constancia de las decisiones antes de comprometer dinero público.
La auditoría también señaló la falta de políticas y procedimientos para cuentas por pagar y activos fijos. Ese vacío no convierte automáticamente cada operación en irregular, pero sí debilita la capacidad de explicar cómo se asumieron obligaciones y cómo se documentó la ejecución del gasto.
El problema, por tanto, no se reduce a tres contratos. La pregunta de fondo es si la Comisión tenía controles suficientes para sostener, con documentos verificables, la legalidad y conveniencia de sus adjudicaciones.
La ruta incompleta del dinero y los bienes
La misma debilidad aparece en los registros patrimoniales. En activos fijos, la balanza de comprobación reflejaba un valor final de 44.8 millones de pesos, luego de una depreciación acumulada de 92.5 millones de pesos sobre un balance inicial de 137.3 millones de pesos.
El informe reportó una diferencia de 53.9 millones de pesos entre el Sistema Integrado de Gestión Financiera, que reflejaba 186.1 millones de pesos, y el Sistema de Administración de Bienes, que registraba 132.3 millones de pesos.
También consignó registros de gestiones anteriores al 17 de agosto de 2020 por 104 millones de pesos en partidas pendientes de depuración, por falta de documentación soporte para sustentar su reconocimiento contable.
Estos datos no pertenecen al capítulo de adjudicaciones, pero sí ayudan a entender el problema de fondo: una institución que no logra cuadrar sus registros de bienes enfrenta mayores dificultades para demostrar qué compró, qué recibió, dónde está y quién responde por cada activo.
Vehículos y activos: registros que no cuadran
El parque vehicular refuerza esa lectura. La Comisión tenía 38 vehículos registrados ante la Dirección General de Impuestos Internos, de los cuales 16 presentaban oposición en la matrícula.
Los registros no coincidían entre las distintas fuentes. El auxiliar de la institución reflejaba 23 vehículos, el Sistema de Administración de Bienes registraba 40 y la DGII reportaba 38. Las diferencias eran de 17 unidades entre el auxiliar y el SIAB, 15 entre el auxiliar y la DGII, y dos entre el SIAB y la DGII.
A esa falta de conciliación se sumó otra limitación: los activos fijos no estaban codificados y, por esa razón, no fue posible realizar la validación física de los bienes con base en registros auxiliares confiables.
El informe también señaló la falta de rotulación de cinco vehículos: dos Mazda BT50 del año 2023, dos Chevrolet Colorado LT 4WD del año 2022 y una Chevrolet Colorado LT 2WD del año 2023.
En términos de control público, la ruta no termina con la adjudicación. Después de comprar, la institución debe demostrar que recibió, registró, identificó y custodió los bienes conforme a reglas verificables.
La pregunta clave: quién verificó antes de adjudicar
La auditoría deja un eje claro: la Comisión debía tener filtros capaces de impedir que proveedores con posibles incompatibilidades llegaran a la adjudicación de contratos públicos.
El monto observado, 133.2 millones de pesos, supera ampliamente los 33.7 millones de pesos reportados en los procedimientos de compras de bienes y servicios revisados, lo que da mayor peso al capítulo de contrataciones de obras.
En una entidad encargada de ejecutar obras comunitarias, la revisión previa de proveedores no es un trámite accesorio. Es una garantía mínima para proteger la competencia, evitar conflictos de interés y asegurar que los recursos se asignen conforme a la ley.
Por eso, el debate institucional no se limita a identificar quién recibió los contratos. También exige determinar qué controles fallaron o resultaron insuficientes para detectar los vínculos que la Contraloría documentó después.
Expedientes incompletos
Los hallazgos de recursos humanos no desplazan el eje de las contrataciones, pero ayudan a medir la cultura documental de la entidad. Al 31 de diciembre de 2024, la Comisión contaba con 621 empleados: 13 en nómina fija, 594 temporales y 14 en vigilancia, con un gasto salarial bruto anual de 26.5 millones de pesos.
La Contraloría revisó una muestra de 101 expedientes y encontró ausencias generalizadas. Todos carecían de solicitud de empleo, informe de entrevista, pruebas psicométricas e inducción de administración pública.
También faltaban acuerdos de confidencialidad, certificaciones de conocimiento del código de ética, certificados laborales, referencias, antecedentes penales, certificados de estudios, hojas de vida, cédulas, evaluaciones de desempeño y contratos de trabajo.
Esa fragilidad documental es relevante para el tema central del informe. Si una institución no completa expedientes internos básicos, también queda obligada a demostrar con mayor rigor que sus expedientes de compras contienen todos los soportes exigidos.
Combustible observado, otro frente de control
La auditoría también reportó asignaciones de combustible por encima del 10 % del salario bruto previsto en la Ley 105-13, por un monto anual de 735.6 mil pesos.
El mayor excedente correspondió al presidente de la entidad, Ángel de la Cruz Hernández: salario de 180 mil pesos, asignación mensual de 60 mil pesos y excedente anual de 504 mil pesos frente al límite calculado por la auditoría. Los demás excedentes oscilaron entre 12 mil pesos y 48 mil pesos al año.
Aunque se trata de un beneficio interno y no de una contratación, el hallazgo apunta al mismo estándar: todo uso de fondos públicos requiere criterios previos, límites medibles y soportes que expliquen la decisión.
Lo que la auditoría deja por investigar
El informe de la Contraloría coloca las compras y contrataciones como el punto más sensible de la auditoría. Los 133.2 millones de pesos adjudicados a proveedores vinculados a servidores públicos obligan a revisar si la Comisión aplicó los filtros necesarios antes de comprometer recursos en obras comunitarias.
Los demás hallazgos, entre ellos controles incipientes, registros de bienes sin conciliar, activos no codificados, expedientes incompletos y beneficios observados, no apartan esa discusión, sino que la refuerzan. Todos apuntan a la misma falla: la dificultad de la institución para documentar, verificar y explicar decisiones administrativas de alto impacto.
La auditoría no equivale a una condena ni sustituye una investigación administrativa o judicial. Pero sí deja una tarea concreta para la rendición de cuentas: explicar por qué contratos millonarios avanzaron hasta la adjudicación pese a vínculos que, según la Contraloría, debieron identificarse antes.
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