La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (CPADP) respondió a cada observación de la Contraloría General de la República: defendió sus cuentas, explicó diferencias contables, atribuyó registros pendientes a gestiones anteriores y anunció correcciones en activos, vehículos, personal y combustible. Sin embargo, el órgano de control sostuvo en su respuesta final que esas explicaciones no bastaban para cerrar los hallazgos.
Ante esas observaciones, la CPADP sostuvo que había iniciado acciones para mejorar sus controles y elevar el nivel de implementación de las Normas Básicas de Control Interno, que según la auditoría alcanzó una calificación de 68.32 %, equivalente a poco más de dos tercios del nivel requerido. También alegó que parte de las diferencias detectadas provenía de gestiones anteriores o de procesos de depuración todavía abiertos.
La auditoría examinó la gestión de 2024, durante la administración de Ángel de la Cruz Hernández, y detectó debilidades en control interno, registros financieros, ejecución presupuestaria, cuentas bancarias, caja chica, activos fijos, parque vehicular, contrataciones públicas, expedientes de personal y asignaciones de combustible.
La Dirección de Auditoría Interna de la Contraloría respondió en una comunicación fechada el 29 de julio de 2026, dirigida al presidente de la comisión, Ángel de la Cruz Hernández. El documento aparece emitido por autoridades del órgano de control, entre ellas el subcontralor general Cecilio Disla, el responsable de Auditoría Interna Rolando Saldivar y el director de Auditoría Interna Luis Antonio Ramírez Rosario.
En esa contestación, la Contraloría pidió a la entidad que presentara, en un plazo no mayor de 15 días laborables, un plan de acción para los hallazgos que no fueron modificados después de evaluar la réplica. Ese plan debía incluir actividades, fechas clave, responsables, acciones de mitigación, indicadores o evidencias de remediación y una fecha tentativa para que el equipo auditor comprobara las correcciones en la institución.
Controles internos todavía incompletos
Uno de los primeros señalamientos de la auditoría fue que la CPADP no había concluido la implementación de las NOBACI (Norma Básica de Control Interno). Para la Contraloría, ese resultado reflejaba que una parte relevante de los requerimientos del sistema de control interno seguía pendiente.
La institución no negó la calificación reportada, pero respondió que había puesto en marcha acciones para mejorarla. También afirmó que cuenta con un Manual de Organización y Procedimientos Financieros y que prepara borradores separados para regular cuentas por pagar y activos fijos.
Sobre esas dos áreas, la Comisión Presidencial aseguró que no mantiene balances por pagar ni expedientes jurídicos vinculados a deudas administrativas. Aun así, explicó que la gestión anterior al 17 de agosto de 2020 entregó un listado de contratistas con montos pendientes desde 2010 y 2012, no reconocidos como deuda por falta de documentos soporte y de libros contables organizados.
La comisión también respondió al señalamiento sobre la falta de un sistema financiero alterno al SIGEF. Según su réplica, la contabilidad se registra conforme a la Ley 126-01, alineada con la ejecución del presupuesto aprobado y cargado en el SIGEF (Sistema de Información de la Gestión Financiera) y cualquier registro adicional se realiza mediante entradas manuales en el módulo contable de ese sistema.
De su lado, la Contraloría no dio por superado ese bloque. En su respuesta definitiva sostuvo que las explicaciones no eliminaban la obligación de completar políticas, procedimientos y evidencias de control. Por eso mantuvo la exigencia de documentar responsables, plazos, actividades de remediación e indicadores verificables.
Presupuesto, caja chica y cuentas bancarias bajo revisión
En materia presupuestaria, la auditoría señaló que la Comisión Presidencial recibió una asignación modificada de RD$ 2,174.3 millones y devengó RD$ 1,983.7 millones. La diferencia fue una subejecución de RD$ 190.7 millones, equivalente al 8.77 % del presupuesto modificado.
La entidad respondió que inició 2024 con un presupuesto original de RD$ 1,985.2 millones y que ejecutó RD$ 1,983.7 millones. Según su explicación, esa cifra equivale al 99.92 % del programa financiero anual y al 91.23 % del presupuesto modificado, porque durante el año fueron incorporadas partidas adicionales mediante presupuesto complementario.
Otro hallazgo se concentró en dos fondos de caja chica por RD$ 270,000 sin resolución formal de apertura. La CPADP dijo que un fondo de RD$ 50,000, equivalente al 18.52 % del total observado, fue creado mediante comunicación interna y manejado con recursos propios. Sobre el otro, de RD$ 220,000, equivalente al 81.48 %, afirmó que fue recibido de la gestión anterior y que solicitó a Tesorería refrendar el monto.
La auditoría también observó que las cuentas bancarias de la entidad no estaban registradas en el SIGEF y que RD$ 63.5 millones percibidos por supervisión de obras no fueron depositados en la Cuenta Única del Tesoro. La CPADP rechazó que hubiera inobservancia y explicó que esos recursos provienen del código deductor 08005, aplicado a contratistas de inversión pública por concepto de comisión de supervisión.
La entidad sostuvo que esos fondos no son ingresos recibidos del público ni anticipos financieros del Ministerio de Hacienda. También afirmó que su manejo cuenta con una excepción de la Tesorería Nacional y que los desembolsos pasan por revisión de la Unidad de Auditoría Interna antes de ser cargados al sistema de pagos de la Contraloría.
La Contraloría mantuvo la observación. En su respuesta final indicó que las justificaciones sobre el origen de los fondos, las autorizaciones internas o las prácticas heredadas no sustituían los soportes formales exigidos para regularizar las incidencias. Por eso pidió incluir esas partidas en el plan de acción, con evidencias de remediación y fechas de verificación.
Activos y vehículos: diferencias pendientes de conciliar
En el área de bienes, la Contraloría reportó diferencias por RD$ 53.9 millones entre los registros de Propiedad, Planta y Equipo en el SIGEF y el auxiliar del Sistema de Administración de Bienes. También identificó registros de gestiones anteriores al 17 de agosto de 2020 por RD$ 104.0 millones, mantenidos en partidas sujetas a depuración por falta de documentación de soporte.
La CPADP atribuyó gran parte de esas diferencias a operaciones de administraciones anteriores. Además, informó que remitió a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental un cuadro comparativo de bienes y que, según sus cálculos, una partida no registrada de RD$ 50.5 millones reduciría la diferencia a RD$ 417,783, menos del 1 % del monto inicialmente observado.
La institución agregó que las discrepancias entre el SIGEF y el SIAB se explican, en parte, porque el sistema auxiliar de bienes empezó a usarse antes que el sistema financiero, sin que se actualizara un balance inicial de los activos existentes. Ese proceso, según la réplica, continúa en depuración.
El componente vehicular también quedó bajo observación. La auditoría señaló falta de constancias de entrega de vehículos a funcionarios, 16 unidades con oposición en la Dirección General de Impuestos Internos, diferencias entre registros internos, SIAB y DGII, cinco vehículos sin rotulación y activos sin codificación suficiente para validación física.
En este bloque, la Comisión no se limitó a defenderse. Indicó que remitió los puntos observados al Departamento Administrativo y a la unidad de Activos Fijos para preparar formularios de entrega, conciliar registros, rotular vehículos y avanzar en la codificación de bienes.
Para la Contraloría, esas medidas no cerraban el hallazgo. La aceptación de correcciones confirmaba que las debilidades seguían abiertas hasta que la entidad presentara pruebas de conciliación, rotulación, codificación y regularización documental. Esos puntos quedaron sujetos a seguimiento y comprobación posterior.
Contrataciones, personal y combustible
El hallazgo de mayor peso económico en compras fue la adjudicación de contratos por RD$ 133.2 millones a empresas cuyos accionistas tenían una participación superior al 10 % y, al mismo tiempo, figuraban como empleados del Estado. La auditoría vinculó esa situación con disposiciones de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones y con normas de control interno aplicables al proceso de contratación pública.
La CPADP respondió que valida, como procedimiento inicial, que los proveedores estén activos y vigentes en el Registro de Proveedores del Estado de la Dirección General de Compras y Contrataciones. También señaló que los contratos fueron remitidos a la Contraloría para revisión y registro.
La institución reconoció, sin embargo, una carencia relevante: durante el período auditado no contaba con un oficial de cumplimiento. En su réplica indicó que espera disponer, a partir de 2026, de registros de proveedores depurados por la Dirección General de Compras y Contrataciones para evitar que situaciones similares se repitan.
En recursos humanos, la Contraloría observó expedientes físicos incompletos en una muestra de 101 empleados, tomada de un universo de 621 colaboradores. La CPADP informó que remitió ese señalamiento al Departamento de Recursos Humanos para aplicar las correcciones correspondientes.
La auditoría también reportó asignaciones de combustible por encima del límite de 10 % del salario bruto, por un monto de RD$ 735,600. La comisión explicó que se mezclaban los tickets asignados por ley con los utilizados para operaciones, y aseguró que procedió a separar la distribución conforme a lo permitido y a controlar cualquier uso adicional mediante requisiciones del Departamento Administrativo.
La respuesta final del órgano auditor mantuvo esos puntos bajo seguimiento. Para la Contraloría, los alegatos no eximían a la entidad de demostrar la corrección de las irregularidades detectadas. Por eso dejó sujetas a un plan de acción las debilidades relacionadas con la validación de proveedores, los expedientes de personal y el control del combustible.
Recomendaciones obligatorias y riesgo de desacato
La respuesta definitiva de la Contraloría elevó el alcance del caso más allá de una diferencia técnica entre auditores y auditados. El órgano de control citó la Ley 10-07, que establece que sus disposiciones, recomendaciones o medidas de control interno son de aplicación obligatoria e inmediata dentro de su ámbito de competencia.
Esa base legal advierte que la no aplicación de las recomendaciones puede constituir desacato, sin perjuicio de eventuales responsabilidades penales, civiles o administrativas. También atribuye responsabilidad por los efectos negativos que pueda generar la falta de implantación de medidas correctivas o de mejora en el manejo de los recursos públicos.
El documento invocó además el Reglamento 491-07. Su artículo 19 obliga a las entidades bajo el ámbito de la Ley 10-07 a acatar las recomendaciones formuladas por la Contraloría y sus Unidades de Auditoría Interna. Si una institución no está de acuerdo, debe fundamentar por escrito su rechazo o proponer soluciones alternas. Si esos argumentos no son aceptados, la Contraloría puede ratificar sus recomendaciones y el incumplimiento queda expuesto a sanción por desacato.
Una defensa que no cerró los hallazgos
La réplica de la CPADP se sostuvo en tres líneas. En algunos puntos rechazó que hubiera incumplimientos, como en el manejo de los recursos de supervisión de obras. En otros atribuyó diferencias a registros heredados o procesos de depuración incompletos. Y en varios hallazgos aceptó la necesidad de corregir procedimientos, especialmente en activos, vehículos, expedientes y combustible.
La respuesta de la Contraloría cerró el intercambio en otro terreno. No discutió solo las explicaciones de la institución, sino la obligación de convertirlas en pruebas. Para el órgano de control, los hallazgos siguen abiertos mientras no existan documentos, responsables, fechas, indicadores y evidencias verificables de remediación.
El caso deja una advertencia para la entidad en medio de su transición administrativa y del proceso de fusión con el Ministerio de Vivienda y Edificaciones. La fiscalización no se agota en contestar una auditoría. Exige demostrar que los controles funcionan, que los registros cuadran y que las correcciones prometidas pueden comprobarse.
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