Caso Medusa: tribunal rechaza pedido de Jean Alain para viajar a Madrid mientras el juicio sigue empantanado en incidentes

El juicio de fondo del caso Medusa, el mayor expediente por corrupción administrativa en la historia reciente de República Dominicana, sigue sin arrancar. Mientras las defensas acumulan jornadas de incidentes procesales ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en Ciudad Nueva, una decisión judicial vuelve a poner el foco sobre el principal imputado: el exprocurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez, a quien el tribunal le rechazó la solicitud de levantamiento provisional del impedimento de salida del país para viajar a Madrid, España, alegando una cita médica.

La contradicción no pasa inadvertida. Rodríguez Sánchez y su equipo legal han sostenido públicamente que no son responsables de las dilaciones del proceso. En febrero, el propio exprocurador acusó al Ministerio Público de retrasar su caso judicial, asegurando que él es "de los primeros interesados" en que el juicio avance. Su defensa incluso afirmó que el tribunal confirmó que no hay dilación atribuible al exprocurador. Sin embargo, la solicitud de autorización para viajar al exterior —en plena fase de incidentes— añade un nuevo capítulo a un proceso que organizaciones como Participación Ciudadana han calificado como evidencia de "la ineficiente justicia penal" dominicana.

El tribunal dijo no: documentos sin traducir y con inconsistencias

La decisión, contenida en la resolución núm. 249-04-2026-SRES-00005, fue contundente. Aunque el tribunal declaró la solicitud "buena y válida en cuanto a la forma", en el fondo la rechazó por considerar que no se acreditaron de manera suficiente los presupuestos fácticos alegados.

La defensa del exprocurador, encabezada por los abogados Carlos Balcácer, Gustavo Adolfo Biaggi Pumarol y Nelys Rivas, había solicitado el levantamiento del impedimento de salida o, en su defecto, una autorización temporal para que Rodríguez Sánchez asistiera a una cita médica con el doctor Juan Carlos Ramírez Fernández en el Hospital Ruber Internacional del Grupo Quirón Salud, en Madrid, donde alegadamente se sometería a revisión, estudios y tratamiento por un adenoma en el riñón izquierdo y cálculos renales.

Sin embargo, las juezas determinaron que los documentos aportados para sustentar el pedido presentaban fallas graves:

• No contaban con traducción oficial completa del idioma inglés al español.
• Presentaban inconsistencias que impedían verificar su autenticidad.
• No permitían confirmar la integridad y correspondencia de la documentación.

En su motivación, el tribunal señaló que la ausencia de traducción oficial afectaba la admisibilidad y eficacia probatoria de los documentos, entre ellos el historial clínico y la confirmación de la cita médica, impidiendo valorar la prueba conforme a los principios de integridad y mismidad establecidos en la Constitución y el Código Procesal Penal.

La resolución, firmada por la jueza presidenta Claribel Nivar Arias y asistida por el secretario Amaury A. Pérez H., concluyó que al no haberse acreditado de manera válida las citas médicas concretas ni el historial clínico que justificara el viaje, la solicitud devenía improcedente, por lo que resultaba innecesario examinar los demás argumentos.

Un juicio que no logra pasar de los incidentes

Mientras tanto, el proceso sigue estancado en la fase previa al debate de fondo. En la audiencia más reciente, el abogado Ybo Sánchez, representante legal de Alfredo Alexander Solano Augusto, cumplió su tercer día consecutivo exponiendo incidentes ante el tribunal, en los que procura la extinción de la acción penal alegando actuaciones que considera ilegales dentro del proceso.

Entre sus señalamientos más llamativos, Sánchez indicó que una de las personas vinculadas al expediente fue interrogada hasta 20 veces en fechas consecutivas, incluyendo fines de semana y días feriados, lo que a su juicio vulnera garantías fundamentales. El jurista citó presuntas infracciones a los artículos 40 y 68 de la Constitución, así como a los artículos 95, 101, 111 y 113 del Código Procesal Penal, y cuestionó además medidas de coerción relacionadas con la prisión preventiva y restricciones de libertad que, según expresó, no se corresponden con lo establecido en la ley.

El panorama no es nuevo. Desde que el exprocurador fue enviado a juicio de fondo en junio de 2024, el proceso ha sido aplazado en múltiples ocasiones por la sucesión de incidentes y recursos elevados por las defensas. En febrero de este año, el juicio fue aplazado por quinta vez antes de que el Ministerio Público pudiera siquiera iniciar la lectura de la acusación, mientras las defensas solicitaban la nulidad del proceso por el uso de sobrenombres en la acusación fiscal.

Ante esta situación, el tribunal advirtió en febrero que no permitirá más dilaciones en el caso.

La paradoja de quien dice no retrasar

El caso Medusa pone a prueba la capacidad del sistema judicial dominicano para procesar expedientes complejos de corrupción. Jean Alain Rodríguez ha insistido en que no busca dilatar el proceso y ha señalado al Ministerio Público como responsable de la lentitud. No obstante, la solicitud de permiso para viajar a España —rechazada por documentación deficiente— se suma a una larga cadena de incidentes, recursos y aplazamientos que mantienen el juicio en un limbo procesal desde hace meses.

El Segundo Tribunal Colegiado continúa escuchando los incidentes presentados por las defensas antes de dar paso al conocimiento del fondo del proceso, en el que el Ministerio Público sostiene la acusación contra los imputados en lo que ha denominado la Operación Medusa, el mayor caso de corrupción administrativa llevado a juicio en República Dominicana.