Un gobierno imaginario: espejo de lo que no queremos

Tomo el atrevimiento de realizar este ejercicio hipotético, con el trasfondo de nuestra vernácula historia, para reflexionar sobre el poder detrás del poder y sobre aquellas decisiones que nunca llegan a discutirse.

Imaginemos un gobierno que cumple con la gran mayoría de las formalidades de la democracia. Hay elecciones periódicas, instituciones visibles, funcionarios que rinden declaraciones, vocerías activas y un discurso permanente de estabilidad y gobernabilidad. Nada parece fuera de lugar. Todo funciona. Todo avanza. Y, sin embargo, algo vital no termina de ocurrir.

No se trata de una dictadura autoritaria clásica. En este gobierno imaginario no se persigue abiertamente al disidente ni se clausuran formalmente los espacios de participación. El problema es más sutil y, por eso mismo, más peligroso: las decisiones clave no se toman donde formalmente deberían tomarse.

En este escenario existe una capa invisible que condiciona el quehacer público. No siempre ocupa cargos electos ni aparece en los organigramas oficiales, pero influye decisivamente en qué se discute, quién accede y hasta dónde se puede llegar. Es el poder detrás del poder.

No gobierna de cara al público. Autoriza, filtra y posterga. Decide sin exponerse. Su eficacia radica precisamente en su discreción.

El poder detrás del poder: un tamiz y un embudo

En este ejercicio imaginario no se prohíbe hablar. Se puede opinar, escribir, comentar. Pero hablar no equivale a ser escuchado. La deliberación se reduce progresivamente a un círculo reducido de voces con influencia efectiva, con capacidad real de imponer las prioridades.

La diversidad de enfoques y la divergencia son percibidas como un riesgo. Cualquier propuesta que cuestione la estructura existente es tratada como una amenaza, y la entrada de nuevos jugadores con enfoques distintos se vuelve altamente improbable, al ser gestionada para quedar fuera del conjunto de opciones consideradas por ese equilibrio construido.

Así, la eficiencia y la “urgencia”, entendidas como la presión por exhibir resultados dentro del período de gobierno de turno, se convierten en excusa para limitar el debate y privilegiar soluciones que supuestamente convienen, ponderadas en entornos turbios, poco transparentes y manipulados, que a la postre no resultan óptimas para el país, ni en el corto ni en el largo plazo, sino para sus ideólogos y promotores.

Asumiendo un monologue mode que mutea la escucha y vuelve al sistema autorreferencial, se corre el riesgo de que esa lógica derive en una dinámica narcisista: el sistema ya no busca corregirse, sino confirmarse.

Existen, al menos formalmente, mecanismos y canales institucionales para acceder a la toma de decisiones. En la práctica, estos se convierten en filtros. No facilitan el acceso: lo bloquean, lo condicionan o lo desvían.

Las propuestas inoportunas no se rechazan; se dilatan o solo se permiten cuando ya no existen ni tiempos ni condiciones viables para quienes las presentan. Los temas estructurales no se discuten; se posponen sistemáticamente bajo distintos argumentos.

Las reformas de fondo no se niegan; se archivan en nombre de prioridades más urgentes y, en algunos casos, se derivan a “comisiones especiales” creadas para revisar el proceso y, finalmente, legitimar la decisión ya tomada.

Así, en ese mandato hipotético, lo trascendental rara vez entra realmente en la agenda.

Monetización y monopolización del acceso

Con el tiempo, en este gobierno imaginario podría ocurrir algo aún más grave: el acceso deja de ser un derecho institucional y se transforma en un activo. El acceso se monetariza y se monopoliza.

No siempre se trata de dinero. En muchos casos, el costo adopta otras formas: la lealtad, el silencio, el favor futuro o la alineación automática. Así, ser escuchado deja de ser un derecho institucional y empieza a tener precio.

Al mismo tiempo, este esquema controla a los intermediarios, los tiempos y los espacios. Las mismas personas aparecen una y otra vez como “puentes”, “facilitadores” o “canales”. La pluralidad se reduce a concesión.

Cuando el acceso se vende y se concentra, la democracia comienza a privatizarse.

Acuerdos tras bastidores

En este contexto, la decisión pública rara vez se construye en el espacio público. Se cocina antes, en acuerdos tras bastidores. Pactos informales, no transparentes y ajenos al escrutinio ciudadano, que llegan a las instancias formales como hechos consumados.

Las mesas de deliberación se vuelven escenarios. Las decisiones ya vienen cerradas. La responsabilidad se diluye: nadie decide del todo, pero alguien decidió.

De esta manera, la decisión real escapa al control público y a la rendición de cuentas.

El bloqueo de lo trascendental

El efecto final de este sistema no es el caos ni la parálisis absoluta. Este gobierno imaginario sigue funcionando: toma decisiones, atiende lo urgente y administra el día a día.

Pero los grandes temas, los que definen el rumbo, permanecen bloqueados. No por falta de ideas ni de diagnósticos, sino porque el sistema está diseñado para no decidir lo esencial. La lógica del inmediatismo se impone, desplazando lo que realmente importa y cerrando el paso a transformaciones necesarias para cambiar el rumbo.

El verdadero peligro

El mayor riesgo de este gobierno imaginario no es el error, sino la normalización. No el conflicto, sino el control del relato. No la confrontación, sino la aceptación resignada de que hay temas que nunca llegarán a discutirse.

Cuando la cooptación del poder se convierte en método; cuando los anillos lesivos se consolidan como forma de gestión; cuando el acceso se monetariza y se monopoliza; cuando el poder real opera en la sombra, la democracia no colapsa de golpe: se vacía.

El espejo

Este ejercicio no describe un país real. No señala a nadie. No acusa a ningún gobierno en particular. Es, apenas, un espejo para reconocer prácticas que se adoptan y se normalizan, aun cuando erosionan el funcionamiento ético, transparente y democrático.

La pregunta no es si existe un gobierno así, sino cuántas veces aceptamos, frente a nuestras propias narices, que algo parecido funcione sin llamarlo por su nombre.

Y, sobre todo, si ese es realmente el tipo de gobierno que requiere y anhela el país que queremos construir.