La ADP ha expresado recientemente su inconformidad con la convocatoria del Ministerio de Educación para retomar la docencia el 6 de enero de 2026 y, en consecuencia, hizo un llamado a postergar el inicio de ella. Conviene decirlo con claridad. El primer afectado de cualquier interrupción o dilación del calendario es el estudiante, porque el tiempo escolar es un insumo irrecuperable en la formación de competencias.
Para el año escolar 2025–2026 se han previsto 191 días lectivos. Esa cifra ya es baja frente a países que operan con calendarios más extensos. Israel trabaja 214 días en las aulas, Japón 202 y sistemas como Australia, Dinamarca e Italia rondan los 200. La diferencia no es menor. Son entre 9 y 23 días menos respecto de la República Dominicana que, acumulados año tras año, terminan convirtiéndose en brechas de aprendizaje, especialmente en los estudiantes más vulnerables.
Ahora bien, lo más preocupante en este episodio no es únicamente el debate sobre uno o dos días más para el reinicio de los cursos. Lo que más preocupa es el mensaje institucional que se transmite cuando un actor sindical pretende condicionar una decisión que corresponde tomar a la autoridad educativa legítima. En un Estado democrático existe una cadena de responsabilidad y una jerarquía definida por la ley. En este caso el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, ha sido designado por el presidente de la República electo mediante elecciones libres y competitivas. Esa es la fuente de legitimidad que ordena el sistema y que, por tanto, debe fijar el inicio y la continuidad del calendario escolar.
Romper esa cadena de mando, o relativizarla, introduce un daño estructural. Debilita la gobernanza del sistema educativo, erosiona la credibilidad de la institucionalidad y abre la puerta a que decisiones públicas fundamentales queden subordinadas a presiones coyunturales. En educación, esa confusión se paga caro. No solo se pierden días de clases. Se pierde autoridad, se pierde previsibilidad y se pierde confianza. Y cuando se pierde confianza en las instituciones, el perjuicio trasciende el aula y se convierte en un problema de Estado.
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