La seguridad ciudadana constituye una de las funciones esenciales del Estado. Sin ella, la vida cotidiana se deteriora, disminuye la confianza en las instituciones, se limitan las libertades individuales y se afecta el desarrollo económico y social. Ninguna sociedad puede prosperar en un ambiente de miedo e incertidumbre.
Durante más de treinta años, numerosos países de la región han implementado políticas conocidas bajo diferentes nombres: "mano dura", "tolerancia cero", "guerra contra las drogas", militarización de la seguridad o estados de excepción. Algunas de estas medidas han producido resultados inmediatos y visibles. Otras han generado una percepción de mayor control estatal. Sin embargo, ninguna ha logrado por sí sola resolver de manera permanente los problemas estructurales de violencia, criminalidad y exclusión social que afectan a nuestras sociedades.
La estrategia de mano dura no viene necesariamente desde los estamentos policiales, sino desde los estamentos políticos que la ven como un elemento de control de la delincuencia y la disidencia social, más económica con respecto al uso de procesos legales/penales, como instrumento de profilaxis social, como un mecanismo para reducir los riesgos de gobernanza (de su poder) y una panacea para la rápida reducción de la violencia. Sin embargo, no ven los costos sociales y humanos de la misma, y en sentido general, su inoperancia.
La experiencia latinoamericana de las últimas décadas nos obliga a formular una pregunta incómoda: ¿puede una sociedad construir seguridad duradera únicamente mediante la represión, el endurecimiento de las penas y el aumento del uso de la fuerza?
La respuesta parece ser negativa.
Esta política en si desprestigia el sistema de justicia; produce pérdida de vidas inocentes; aumenta la desconfianza en la policía; causa aumento de la impunidad oficial; pone decisiones de vida o muerte en agentes individuales de los aparatos de seguridad; y, abre campo al sicariato, al linchamiento, a que el ciudadano tome la ley en sus propias manos, al aumento del uso y porte de armas ilegales, y permite acciones de abuso contra la población en general.
La aplicación de tal política en nuestro país en los últimos 30 años no ha producido una real reducción de la delincuencia, sino que por el contrario ha aumentado. Si la aplicación de mano dura fuera una solución estructural, nuestro país habría dejado atrás hace mucho tiempo sus problemas de delincuencia.
Cuando una sociedad normaliza la violencia como mecanismo principal de control social, termina generando nuevas formas de violencia. Los delincuentes aumentan sus niveles de agresividad; los ciudadanos se arman o apoyan respuestas cada vez más severas; los agentes policiales enfrentan riesgos mayores; y el resultado final es que tanto ciudadanos como policías terminan siendo víctimas de la misma espiral. Además, aumenta la violencia social y empeora el frágil balance institucional de la policía. Insto al lector a ir a las fuentes oficiales para obtener información sobre ciudadanos muertos en el país desde el año 2020 por oficiales de seguridad-policial así como el número de agentes policiales también muertos en ese mismo periodo.
Diversos estudios sobre seguridad ciudadana y reforma policial en América Latina han analizado precisamente cómo la desconfianza, el miedo y las respuestas exclusivamente coercitivas del Estado pueden alimentar ciclos de confrontación difíciles de romper.
Esta estrategia no funciona. La razón es sencilla: la delincuencia no surge en el vacío.
Detrás de muchos de los fenómenos de violencia encontramos instituciones débiles, sistemas judiciales lentos e ineficaces, corrupción pública y privada, desigualdades sociales persistentes, escasas oportunidades para amplios sectores de la juventud y una creciente pérdida de confianza en las instituciones llamadas a proteger al ciudadano.
Pensar que el problema puede resolverse exclusivamente mediante más policías, más cárceles o penas más severas equivale a tratar los síntomas sin abordar las causas.
Esto no significa que la acción policial carezca de importancia. Todo lo contrario. Una sociedad democrática necesita una policía profesional, eficiente, bien equipada y capaz de enfrentar el delito dentro del marco de la ley. Los ciudadanos tienen derecho a exigir protección efectiva frente a quienes amenazan su seguridad.
Pero la función de la policía no puede reducirse únicamente a la represión. La prevención del delito, la protección de los derechos ciudadanos, la construcción de confianza con la comunidad y la contribución a la convivencia pacífica forman también parte de su misión.
La experiencia internacional demuestra que los países que han logrado avances sostenidos en materia de seguridad ciudadana han combinado la acción policial con políticas de prevención social, fortalecimiento institucional, educación, oportunidades económicas para los jóvenes, recuperación de espacios públicos y participación comunitaria.
En otras palabras, han comprendido que la seguridad es un asunto demasiado importante para dejarlo exclusivamente en manos de la represión policial.
Un elemento particularmente preocupante cuando se debate este tema es que muchas veces se presenta una falsa disyuntiva entre seguridad y democracia, entre orden y derechos humanos. Como si para combatir el crimen fuera necesario debilitar las garantías ciudadanas o reducir los controles institucionales.
La historia demuestra precisamente lo contrario.
Las instituciones policiales más eficaces suelen ser aquellas que actúan dentro de reglas claras, con mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas. La legitimidad constituye uno de los activos más importantes de cualquier institución encargada de la seguridad pública.
Cuando la ciudadanía confía en sus instituciones, coopera con ellas. Cuando las percibe como arbitrarias o abusivas, la distancia entre Estado y sociedad se profundiza.
La verdadera discusión no debería centrarse en si el Estado debe ser fuerte frente al delito. Por supuesto que debe serlo. La cuestión es cómo ejercer esa fortaleza.
Un Estado fuerte no es aquel que utiliza la fuerza sin límites. Es aquel que posee instituciones capaces de hacer cumplir la ley, proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar la convivencia democrática.
La construcción de una sociedad segura exige algo más difícil, pero también más duradero: instituciones sólidas, ciudadanía responsable y una visión de largo plazo.
Ese sigue siendo uno de nuestros grandes desafíos.
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