Una bandera falsa sobre proyectos de “minería responsable” que llevarán “bienestar general” a la gente de las provincias Santiago y San Juan han levantado las empresas mineras canadienses Unigold y GoldQuest Mining Corp que pretenden explotar oro, cobre, plata y otros metales en las cordilleras central y septentrional, vitales fuentes de agua y equilibrio medioambiental.
Lo mismo hace el Gobierno con el anuncio de un contrato con un empresa estadounidense para construir una “plataforma aeroespacial comercial”, en Oviedo, y la evaluación de las tierras raras de Pedernales (minerales críticos para las tecnologías de punta), intervenidas a espaldas de la comunidad hace al menos cinco años por el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos, en las narices y hasta en las entrañas del Parque Nacional Sierra de Baoruco.
De acuerdo al libreto escenificado subyace una idea tan falaz como macabra: la gente que vive en esos pueblos es ignorante y acatará ciegamente la viabilidad de explotación pregonada desde las urbes por personas escogidas como líderes de opinión nacionales. Y quienes reclamen, son vulnerables ante ofertas de unos cuantos pesos.
De ahí que la narrativa mediática, a ratos, roce el desprecio a los manifestantes locales y hasta evidencie chantaje al gritarles términos hirientes y reclamar al Gobierno que no invierta en tales provincias.
No han valorado, sin embargo, que en el inconsciente de esas comunidades tranquilas subyace un viejo espíritu de resistencia producto del orgullo por las luchas en sus territorios a favor de una República Dominicana soberana.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en lo manifiesto, ha apelado a la calma hasta que se realicen los estudios de impacto ambiental. Busca enfriar el hervidero de protestas. Una posición nada inocua.
En el nivel obtuso de su discurso se percibe una aceptación a la explotación, pese a que las comunidades objetivo sostienen que tales operaciones dañarán ríos y acuíferos. Entre el oro y el agua, prefieren lo último.
En realidad, esa institución se canta y se llora. Determinante y cortante, para unos; mano suave y cautelosa, para otros.
Ha sido implacable con la iniciativa de santiagueros (norte) y sanjuaneros (suroeste) sobre la construcción de una carretera que los una por la cordillera Central para evitar largas horas de viaje y agilitar el comercio entre el Cibao y el suroeste. Alega que dañará el ecosistema.
Ha sido implacable con inversores que planearon un ambicioso proyecto turístico e inmobiliario frente a la deslumbrante playa Bucanyé, en la ciudad Pedernales, a cargo de inversores ligados al partido oficialista, el PRM.
Ni siquiera negociación para concretarlo conforme a parámetros aceptables, con el menor impacto posible, similar a la ocurrida con el complejo turístico Cabo Rojo (Los hoteles tendrían seis pisos, no cuatro; la terminal de cruceros tendría al menos dos espigones, pero quedó en uno).
Los ejemplos abundan. Y, siempre, todo depende de los intereses privados; casi nunca importan los colectivos.
¿Cómo se explica, entonces, que ahora ese ministerio sea tan mesurado con proyectos a leguas más invasivos y riesgosos para la salud humana y animal de Santiago, San Juan y Pedernales?
La narrativa mediática estandarizada en la capital forma parte de una estrategia comunicacional corporativa orientada a persuadir a los pueblanos sobre lo “maravilloso” que resultaría la explotación de los minerales en las entrañas de sus montañas.
Entendible como negocio, aunque no ética porque es mentira lo referente a los beneficios locales de superación de la pobreza y el desarrollo local; como es mentira que, en el caso de la mina Romero, en San Juan, no habrá contaminación porque el abordaje será subterráneo. Desde esa perspectiva miope, la tierra no es un sistema, sus estructuras están aisladas.
Hasta el turismo contamina e impacta el medioambiente, a pesar de su vetusto eufemismo ya en desuso “industria sin chimenea”. Contamina, pero nunca tanto como la minería, con la cual no pega; sobre todo en Pedernales, por la vulnerabilidad del parque nacional y otras áreas protegidas, razones de ser del proyecto de desarrollo turístico.
En pos de la credibilidad de su discurso, las mineras y sus defensores deberían ahorrarse tal promesa de paraíso terrenal. No es creíble. Si quieren, tácticamente, pongan la bola en la cancha del Gobierno, que recibiría los impuestos correspondientes por concepto de explotación y los usaría según su conveniencia.
Conveniencia que casi siempre se queda distante de los pueblos donde sacan los minerales. Solo mirar las cifras oficiales sobre el desarrollo de esos territorios en los estudios del estatal Sistema Único de Beneficiarios (Siuben).
Los antecedentes que registran cráteres tenebrosos, ríos y acuíferos contaminados en los pueblos con minas explotadas, más el empobrecimiento y las enfermedades en la gente, justifican la incredulidad y la rebelión comunitaria de hoy. La agresión verbal y la descalificación contra los comunitarios solo porque se niegan a sumarse al coro es un irrespeto imperdonable.
Me parieron en el 60, en Pedernales, un año después de los inicios de la explotación de los yacimientos de bauxita de Las Mercedes y Aceitillar (materia prima del aluminio) por parte de la multinacional minera estadounidense Alcoa Exploration Company.
Crecí y realicé estudios primarios, intermedios y secundarios, jugué beisbol y me hice locutor en Pedernales, hasta finales de 1979, cuando hube de marchar a la capital para estudiar en la convulsa UASD.
Ya la Alcoa comenzaba a dar señales de retiro, tras un pulso con el Gobierno sobre revisión de contrato y un discurso acerca de poca rentabilidad en la comercialización del aluminio en los mercados internacionales.
De 54 millones de toneladas de reservas probadas, 40 millones había sacado cuando abandonó sin rubor, sin inmutarse, entre 1982 y 1985, bajo la emblemática gerencia de Patrick N. Hughson.
Según la información, bauxita de calidad solo quedó en los yacimientos de Aceitillar, en lo alto del Parque Nacional Sierra de Baoruco.
Pedernales es uno de los pueblos más pobres del país con casi el 60% de pobreza, según datos oficiales.
Pese a toda la riqueza aportada al Estado y a las mineras Alcoa, Ideal y Dovemco, carece de alcantarillado pluvial y sanitario, sistema de disposición y tratamiento de residuos sólidos; acueducto eficiente, mercado municipal moderno, centro cultural y proyectos habitacionales que aminoren el déficit cuantitativo y cualitativo de 80%; sitios de entretenimiento, autovía que comunique con las otras provincias… A esa provincia también le han negado todos sus derechos.
He vivido la experiencia. No me la contaron.
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