Durante mucho tiempo, asociamos informarnos con gestos reconocibles: comprar un periódico, encender la radio, esperar el noticiario o acudir a una concentración política. Buscar información parecía una decisión enteramente nuestra. Pero nunca elegimos sin mediaciones: alguien ya había decidido qué publicar, a quién entrevistar y qué colocar en primera plana.

Ese mundo no ha desaparecido. Pero dejó de ser el único.

Hoy podemos despertarnos, tomar el teléfono y encontrarnos con una declaración presidencial que no buscamos, una denuncia que desconocíamos, un video político, una encuesta, un meme y la reacción indignada de alguien a quien nunca hemos visto. Todo antes de haber terminado el café.

La transformación no es solamente tecnológica. También es política: cambia quién interviene entre los acontecimientos y nuestra manera de comprenderlos.

Ya no elegimos solamente la información. La información también nos elige.

No porque los contenidos tengan voluntad propia, sino porque personas, organizaciones y sistemas de distribución seleccionan qué llega hasta nosotros. Nuestras elecciones y hábitos participan en ese proceso, pero no controlamos por completo las reglas que ordenan lo que vemos.

Ahí se revela una dimensión decisiva de la ciberpolítica: la disputa por el poder en un entorno donde tecnologías digitales, datos, plataformas y ciudadanos transforman la comunicación, la organización y la participación. No se trata simplemente de tener una cuenta en Instagram o publicar videos en TikTok. Se trata de comprender cómo esas herramientas intervienen en la formación de nuestras prioridades y en nuestra capacidad de actuar colectivamente.

Un acontecimiento, distintas versiones

Imaginemos una decisión judicial dominicana que afecta una controversia política. En televisión puede presentarse mediante imágenes y declaraciones enfrentadas; en un periódico digital, acompañarse del fallo, sus antecedentes y sus consecuencias. En Instagram puede circular como una secuencia de imágenes; en TikTok, como un video explicativo o una reacción; en X, como una frase que desencadena respuestas.

En un grupo de WhatsApp, además, la recibimos vinculada a la confianza —o desconfianza— que nos inspira quien la envía. No solo importa qué se dice: importa quién nos lo hace llegar.

Son posibilidades, no destinos inevitables de cada formato. Un video breve puede informar con rigor y un texto extenso puede desinformar. La duración no garantiza la calidad; el soporte no sustituye la verificación.

El acontecimiento sigue siendo uno, aunque sus interpretaciones sean discutibles. Lo que cambia es el fragmento que recibimos, el contexto que lo acompaña y el significado que le atribuimos. No son seis verdades igualmente válidas: son representaciones que debemos contrastar con los hechos.

Tampoco pasamos de una ciudadanía enteramente pasiva a otra que acaba de descubrir la conversación. Siempre existieron intercambios, resistencias e interpretaciones. La diferencia está en la velocidad, la escala y la posibilidad de registrar y utilizar muchas de esas respuestas.

Una declaración puede convertirse en noticia, luego en video, después en meme y finalmente en una nueva declaración sobre el meme. Los medios tradicionales y las plataformas no funcionan como mundos separados: se alimentan mutuamente. El ciudadano no solo recibe el mensaje; también puede corregirlo, amplificarlo o transformarlo.

La batalla ya no es solamente por el voto

Toda política ha luchado por la atención. El mitin buscaba multitudes; el candidato, la primera plana; el Gobierno, dominar la agenda; la oposición, introducir aquello que el poder prefería ignorar. La novedad no es que la atención importe, sino cómo se distribuye y quién puede intervenir en esa distribución.

El informe Digital 2026 de DataReportal estimó que en octubre de 2025 había en la República Dominicana unos 10.5 millones de usuarios de internet, equivalentes al 91 % de la población, y 7.89 millones de identidades de usuarios de redes sociales. Estas últimas no deben confundirse con personas únicas ni, mucho menos, con electores.

Las cifras muestran la amplitud del entorno digital, pero no prueban que todas esas personas se informen políticamente en redes, participen por igual o dispongan de las mismas capacidades para verificar contenidos. La conectividad no equivale a participación; la participación visible tampoco representa automáticamente al país.

El Digital News Report 2026 del Reuters Institute ofrece otra señal: en el promedio de los 48 mercados estudiados, el 54 % de los encuestados declaró haber utilizado redes sociales y plataformas de video para informarse durante la semana anterior, frente al 51 % que utilizó sitios y aplicaciones de medios. No son grupos excluyentes ni una medición representativa de toda la población mundial; el estudio se basa en encuestas en línea y no incluye a la República Dominicana.

Además, informarse a través de una plataforma no significa necesariamente abandonar el periodismo: muchos contenidos que circulan allí proceden de medios profesionales. Cambia también la puerta de entrada, no solo quien produce la noticia.

La conexión económica importa: allí donde el negocio depende de la publicidad, retener nuestra atención tiene valor comercial. Pero lo que consigue mantenernos mirando no coincide necesariamente con lo que ayuda a comprender un asunto público. Un sistema puede tener consecuencias políticas sin haber sido diseñado exclusivamente para producirlas.

Surge así un poder de visibilidad: la capacidad de aumentar o reducir las probabilidades de que una voz sea encontrada. Pero no confundamos sus resultados. Una reproducción no es una adhesión; una tendencia no es una encuesta; millones de visualizaciones no constituyen un mandato democrático.

Los nuevos intermediarios

Internet ha abierto posibilidades valiosas. Un legislador puede explicar una iniciativa sin esperar una entrevista; una comunidad puede documentar un problema; una organización pequeña puede alcanzar públicos antes inaccesibles. La OCDE reconoce que las campañas digitales pueden reducir costos de difusión y ampliar el alcance de partidos con menos recursos.

Pero prescindir de un intermediario no significa prescindir de todos. Entre quien habla y quien escucha pueden intervenir la plataforma, sus reglas, los sistemas de recomendación, la publicidad y las comunidades que redistribuyen el mensaje. Junto a ellos aparecen creadores que interpretan la actualidad y construyen sus propias audiencias.

El Reuters Institute encontró en 2026 que el 27 % de los encuestados obtenía semanalmente alguna información de creadores centrados en noticias. En promedio, estos eran percibidos como más entretenidos y fáciles de entender que los medios tradicionales, pero también como menos confiables e imparciales. Son percepciones de las audiencias, no un veredicto sobre cada creador.

La conversación pública, por tanto, no está simplemente desintermediada. Sus intermediarios se multiplican y se superponen. El acceso directo a una cuenta política puede coexistir con una fuerte dependencia de las reglas de distribución de una empresa.

Aquí conviene conservar una distinción fundamental: ampliar la capacidad de publicar no equivale a distribuir por igual la capacidad de ser visto. Y permitir respuestas no significa compartir el control del espacio donde esas respuestas circulan. La interacción no elimina la asimetría.

El algoritmo no es Dios

Sería cómodo atribuir al algoritmo toda polarización, intolerancia o manipulación. También sería cómodo sostener que, como el ciudadano elige, los sistemas de recomendación carecen de consecuencias políticas. Ninguna simplificación ayuda.

Un experimento de Germain Gauthier y sus colegas, realizado durante siete semanas en Estados Unidos en 2023 y publicado en Nature en febrero de 2026, encontró que pasar de un flujo cronológico a uno algorítmico en X aumentó la interacción y desplazó determinadas opiniones hacia posiciones más conservadoras. No detectó cambios significativos en identificación partidaria ni polarización afectiva, es decir, en la hostilidad hacia el otro partido. Cambiar en sentido inverso no produjo efectos comparables.

Otro experimento, de Brendan Nyhan y sus colegas, publicado en Nature en 2023 y realizado con más de 23,000 usuarios de Facebook durante las elecciones estadounidenses de 2020, redujo aproximadamente un tercio la exposición a fuentes políticamente afines en el grupo intervenido. Cambió lo que veían, pero no produjo efectos medibles en las ocho dimensiones de actitud examinadas.

No son pruebas equivalentes que se anulen entre sí. Cambian la plataforma, la intervención, el período y las variables estudiadas. Un efecto observado no autoriza una ley universal; no detectar un efecto tampoco demuestra que toda influencia sea imposible. Ninguno de esos trabajos permite calcular, por sí solo, consecuencias electorales en la República Dominicana.

La conclusión razonable es más exigente: hay que investigar qué sistema produce qué efectos, sobre quiénes y bajo cuáles condiciones. No existe un algoritmo único, ni el ciudadano es una materia inerte. Pero conservar capacidad de elección no elimina la influencia del entorno en que elegimos.

La incertidumbre sobre la magnitud de un efecto no justifica la opacidad. Precisamente porque no lo sabemos todo, necesitamos posibilidades de investigación independiente y rendición de cuentas.

La información verdadera también puede engañarnos

Existe un problema más sutil que la noticia falsa: recibir datos auténticos organizados de manera que induzcan una conclusión equivocada. Un fragmento verdadero de una sentencia puede llevarnos a entender lo contrario de lo que resolvió el tribunal si se omite el razonamiento indispensable para interpretarlo.

Imaginemos que ocurrieron diez acontecimientos y nuestra pantalla solo muestra tres. No hay necesariamente una maniobra: ningún medio, plataforma o ciudadano puede abarcarlo todo. El problema aparece si los hechos omitidos son decisivos para comprender los mostrados y, aun así, el recorte se presenta como una explicación suficiente.

No toda selección manipula. Toda selección, sin embargo, deja algo fuera. La pregunta crítica no es exigir una imposible totalidad, sino examinar la relevancia de las ausencias: ¿qué necesitaría conocer para juzgar mejor esto que estoy viendo?

La desigualdad de visibilidad tampoco equivale, por sí sola, a censura. Un contenido puede recibir poca atención por múltiples razones. Otra cosa es una restricción deliberada o arbitraria, cuya existencia y alcance deben demostrarse, no deducirse simplemente de un bajo número de reproducciones.

La distinción no vuelve irrelevantes las reglas de distribución. Nos obliga a criticarlas con precisión: ¿quién establece los criterios de prioridad?, ¿qué intereses intervienen?, ¿puede el usuario comprenderlos o cuestionar una decisión que lo afecta?

La democracia necesita hechos compartidos para discutir interpretaciones distintas. Cuando confundimos nuestra selección cotidiana con la totalidad del país, corremos el riesgo de tomar la visibilidad por realidad y la repetición por consenso.

Del elector al usuario

La política siempre ha intentado conocer a sus públicos. Lo digital no inventó la segmentación ni la persuasión. Añade posibilidades de observar conductas y ajustar mensajes: qué abrimos, cuánto tiempo permanecemos, qué comentamos o compartimos.

Esas huellas no revelan una mente con exactitud. Son señales interpretables y falibles: detenerse ante un mensaje puede expresar interés, rechazo o simple sorpresa. Reducir al ciudadano a un perfil calculado es confundir una estimación sobre su conducta con la complejidad de sus convicciones.

La OCDE advierte que la microsegmentación política —dirigir mensajes a individuos o grupos pequeños según preferencias atribuidas— plantea problemas de privacidad, protección de datos y autonomía. También ha señalado vacíos regulatorios en publicidad política y financiamiento digital de campañas.

La pregunta democrática no es si un partido puede explicar una propuesta agrícola a productores o una política universitaria a estudiantes. Adaptar un mensaje puede hacerlo más comprensible. La cuestión es con qué datos lo hace, qué oculta y qué posibilidades deja para examinar o impugnar sus afirmaciones.

La segmentación se vuelve problemática cuando sirve al engaño, explota vulnerabilidades o utiliza datos sin garantías suficientes. Y puede dificultar el escrutinio si diferentes públicos reciben promesas incompatibles que nunca llegan a compararse en una conversación común.

Por eso, revelar quién financia un mensaje y qué criterios orientan su difusión importa tanto como identificar a quien aparece hablándonos. La cercanía comunicativa no sustituye la responsabilidad política. Conocer mejor al ciudadano debería servir para escucharlo, no para eludir su juicio.

Regular sin censurar

La respuesta no puede consistir en entregar al gobernante la facultad de decidir qué debe creer la ciudadanía. Sería cambiar una dependencia por otra: frente a la opacidad privada, instaurar una tutela estatal sobre la conversación pública.

Tampoco basta con invocar la libertad para excluir toda responsabilidad de las plataformas. Las directrices de la UNESCO sitúan la libertad de expresión y el acceso a la información en el centro de su gobernanza, reclaman transparencia y rendición de cuentas y rechazan medidas estatales arbitrarias o desproporcionadas.

De ese enfoque se desprende una agenda que conviene defender: identificación de la publicidad política y sus financiadores; protección efectiva de los datos; información comprensible sobre los criterios principales de recomendación; investigación independiente con garantías de privacidad; y mecanismos para conocer y recurrir decisiones de moderación.

Es una propuesta de garantías, no una autorización para imponer opiniones. Tampoco exige prometer idéntico alcance a todos los mensajes: ninguna conversación puede asegurar a cada participante la misma atención. Lo exigible es que el poder de organizarla tenga límites, responsabilidades y vías efectivas de revisión.

Las restricciones estatales a la expresión deben someterse a exigencias de legalidad, finalidad legítima, necesidad y proporcionalidad, no a la conveniencia de quienes gobiernan. La crítica incómoda no se convierte en desinformación porque moleste al Gobierno, a un partido o a una empresa. Y disentir de una interpretación oficial no puede bastar para excluir una voz.

La independencia de la supervisión importa tanto como las obligaciones impuestas. Un mecanismo diseñado para proteger el debate puede convertirse en instrumento de captura si depende de quienes tienen interés en silenciarlo.

No se trata de escoger entre libertad y regulación, sino de distinguir la regulación que protege la autonomía de la que pretende administrarla.

La nueva alfabetización democrática

Leer una pantalla exige algo más que comprender palabras. Exige reconocer quién produjo un contenido, qué evidencia ofrece, qué contexto falta y si estamos ante información, opinión, publicidad o propaganda. También exige aceptar una pregunta incómoda: ¿estoy compartiendo esto porque está suficientemente comprobado o porque confirma lo que deseo creer?

El pensamiento crítico debe aplicarse igualmente a lo que nos agrada. La indignación puede estar justificada, pero no verifica una denuncia. La confianza en quien nos envía un mensaje tampoco acredita su contenido.

Algunas prácticas ayudan: consultar el documento original, revisar la fecha, contrastar coberturas y distinguir lo que sabemos de lo que suponemos. También conviene buscar información fuera de la secuencia que la plataforma nos propone. No para consumir opiniones de todos los signos por obligación, sino para no confundir familiaridad con evidencia.

Pero sería injusto trasladar toda la carga al ciudadano. La educación mediática no sustituye las obligaciones de las empresas, la responsabilidad de los comunicadores ni las garantías públicas. No podemos exigir a cada persona una auditoría tecnológica cada vez que abre el teléfono.

La UNESCO vincula la alfabetización mediática con el fortalecimiento de los usuarios y la reducción de las brechas de participación. Su sentido democrático no es enseñar qué pensar, sino ampliar las condiciones para pensar por cuenta propia.

Y participar no termina en comentar. Una denuncia puede acumular respuestas sin recibir solución; una autoridad puede contestar en redes sin rendir cuentas. El desafío es convertir la expresión en escucha, la escucha en respuesta y la respuesta en decisiones que puedan examinarse.

La democracia de la pantalla

La política no ha abandonado las calles, los partidos, los congresos ni los tribunales. La pantalla se superpone a esos espacios: puede acercarnos a ellos, ayudarnos a vigilarlos o distraernos de lo que allí se decide.

No es una ventana transparente hacia la realidad. Es una puerta organizada por decisiones humanas, intereses económicos, elecciones individuales y sistemas automatizados. Tampoco es una prisión inevitable: podemos contrastar, asociarnos, exigir explicaciones y defender otras reglas.

Por eso, a la pregunta «¿quién gobierna?» debemos añadir otras: ¿quién informa?, ¿quién selecciona?, ¿quién distribuye?, ¿quién paga?, ¿quién consigue ser escuchado y quién responde por las consecuencias de lo que comunica?

No basta con que una denuncia se vuelva tendencia si nadie investiga. Ni con que una propuesta alcance millones de pantallas si nadie puede discutir sus costos. La atención abre una posibilidad política; no garantiza deliberación, justicia ni control del poder.

La libertad no exige vivir sin influencias: exige conservar posibilidades reales de reconocerlas, discutirlas y revisar nuestras convicciones. El peligro no es que alguien intente persuadirnos, sino que ignoremos las condiciones de esa persuasión y carezcamos de recursos para someterla a examen.

La información también nos elige. La tarea democrática es impedir que quienes organizan ese encuentro conviertan nuestra atención en obediencia.

Porque lo que está en juego no es solamente nuestra capacidad de comunicarnos. Es nuestra capacidad de decidir.