La inclusión y la XXVIII Feria del Libro

Pensé que este año no tendría que volver a escribir sobre este tema. Acudí a la XXVIII Feria Internacional del Libro de Santo Domingo como cada año, pero en esta ocasión con la esperanza de encontrar respuestas a muchas de las observaciones que hice el año pasado, cuando publiqué el artículo: Cuando la cultura no es inclusiva: por una feria del libro sin barreras.

Sin embargo, no fue así. Un año después, volví a encontrarme con muchas de las mismas limitaciones y, en algunos casos, con obstáculos que me hicieron preguntar si realmente hemos entendido lo que significa el término inclusión.

He asistido a la Feria del Libro durante prácticamente toda mi vida. Primero de la mano de mi padre, un amante incansable de los libros y del conocimiento, quien convirtió aquella visita anual en una tradición familiar. Luego continué asistiendo por mi cuenta y, más tarde, intenté transmitirles a mis hijos esa misma fascinación por los libros, los autores y el maravilloso universo que se esconde detrás de cada página.

Por eso me molesta tener que escribir nuevamente sobre las barreras de nuestra feria. Pero lo hago precisamente porque la valoro, y porque entiendo la extraordinaria importancia que tiene para la cultura dominicana.

Precisamente por la dimensión y trascendencia de la Feria debemos preguntarnos: ¿puede el principal acontecimiento cultural y literario de la República Dominicana considerarse verdaderamente exitoso si una parte de la población encuentra dificultades para acceder a él?

El año pasado señalé que una feria dedicada al conocimiento, al pensamiento y a la cultura no podía permitirse excluir a una parte de la sociedad. Y creí que había sido escuchada.

El entonces director de la Feria me aseguró que muchas de aquellas observaciones serían tomadas en consideración para la siguiente edición. Posteriormente, fue trasladado a otra posición dentro del Ministerio de Cultura y hoy dirige el área de museos. Espero sinceramente que desde allí pueda impulsar el cumplimiento de los principios de accesibilidad universal, porque nuestros museos, como todos los espacios culturales, también deben pertenecer a todos.

Pero su traslado vuelve a poner sobre la mesa otro problema que padecemos con demasiada frecuencia en la administración pública dominicana: la falta de continuidad.

Los funcionarios cambian, pero las políticas públicas no deberían comenzar nuevamente desde cero con cada cambio de gestión. La inclusión no puede depender de la sensibilidad particular de quien ocupe circunstancialmente una posición. Debe formar parte de las normas, los procedimientos, los presupuestos, la planificación y los protocolos institucionales.

Este año tenía especial interés en visitar el pabellón dedicado a José Mármol. Desde cierta distancia pude observar una rampa en su entrada y pensé, por un momento, que algo había cambiado. La alegría duró poco. Cuando intenté acercarme, descubrí que el problema comenzaba antes de llegar a la propia rampa: no existía una ruta accesible adecuada que me permitiera subir a la acera y llegar hasta ella con normalidad.

Entonces me pregunto: ¿de qué sirve construir una rampa si una persona en silla de ruedas no puede llegar hasta ella? Y es que uno de los grandes errores que cometemos cuando hablamos de accesibilidad es que creemos que accesibilidad significa colocar una rampa. No es así.

La accesibilidad es una cadena que comienza desde que una persona llega a un lugar y termina cuando puede utilizar sus espacios y servicios en condiciones similares a las de cualquier otro ciudadano. Significa estacionamientos señalados y correctamente diseñados; rutas accesibles desde las entradas; aceras con pendientes adecuadas; rampas construidas conforme a las normas; baños adaptados; señalización comprensible; espacios para personas con discapacidad sensorial; información accesible y staff capacitado para ofrecer asistencia cuando sea necesario.

Si uno de esos eslabones se rompe, la cadena deja de funcionar.

Quizás el mayor obstáculo que encontré este año fue, nuevamente, el acceso general a la Feria. ¿Cómo se espera que una persona con discapacidad motora, un adulto mayor o alguien con movilidad reducida pueda recorrer las largas distancias existentes desde las verjas periféricas hasta los diferentes pabellones?

Preguntar por accesos especialmente habilitados para personas con discapacidad puede convertirse en una experiencia frustrante. Solicitar autorización para que un vehículo pueda acercarse a un punto accesible tampoco debería depender de la discrecionalidad o de la buena voluntad del agente que se encuentre apostado en una puerta. Eso no es inclusión.

Los datos oficiales ayudan a dimensionarlo. Según estimaciones oficiales del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), aproximadamente el 12% de la población vive con alguna discapacidad. Cuando observamos a nuestros adultos mayores, la realidad adquiere todavía otra dimensión: entre las personas de 65 años y más, el porcentaje con alguna discapacidad alcanza el 22.4 %.

Por tanto, diseñar espacios accesibles no significa responder a las necesidades de una pequeña minoría. Significa prepararnos también para una sociedad que envejece y comprender que cualquiera de nosotros puede experimentar, temporal o permanentemente, limitaciones de movilidad, visión, audición o comunicación.

La accesibilidad no es un favor que una institución concede. Tampoco es una cortesía ni una muestra de sensibilidad. Es un derecho.

La Ley núm. 5-13 sobre Discapacidad de nuestro país, en su artículo 15, establece que las políticas de accesibilidad universal deben asegurar a las personas con discapacidad el acceso efectivo al entorno físico, al transporte, a la comunicación, a la información, al conocimiento y a los servicios e instalaciones abiertos al público.

Pero existe una disposición todavía más directamente relacionada con lo que ocurre en nuestra Feria del Libro. El artículo 18 establece que el Estado debe garantizar que las personas con discapacidad participen en las actividades culturales, deportivas, recreativas y religiosas en condiciones de igualdad.

Es decir, tenemos las leyes, las instituciones y las normas. Lo que necesitamos es conseguir que todo esto funcione en la práctica.

La contradicción resulta todavía mayor cuando observamos los pasos recientes dados por el propio Estado. En 2025, el Gobierno presentó el Plan Nacional de Discapacidad 2025-2035, sustentado precisamente en la Ley 5-13, las garantías constitucionales y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Uno de sus ejes estratégicos es la “Accesibilidad universal y diseño para todos” y otro está específicamente dedicado a la inclusión educativa, cultural y deportiva.

Debemos comprender, además, que cuando hablamos de inclusión no hablamos exclusivamente de quienes utilizamos una silla de ruedas. Hablamos de personas ciegas o con baja visión; de personas sordas o con dificultades auditivas; de personas con discapacidad intelectual o psicosocial; de adultos mayores; de personas con movilidad temporalmente reducida y de muchas otras condiciones que requieren que los espacios, la información y las actividades se conciban desde el principio bajo criterios de accesibilidad universal.

Una feria del libro verdaderamente inclusiva debería contar no solo con rutas físicas adecuadas, sino también con señalización apropiada. También debería incluir información en formatos accesibles y actividades con intérpretes de lengua de señas. Además, debería contar con materiales disponibles para personas con discapacidad visual, plataformas digitales accesibles y espacios de descanso.

No estoy pidiendo privilegios. Estoy reclamando igualdad de oportunidades para todos.

Ese es quizás el concepto que todavía necesitamos comprender como sociedad: la inclusión verdadera ocurre cuando nadie tiene que pedir permiso para entrar. Cuando nadie tiene que explicar su discapacidad; cuando nadie tiene que depender de la amabilidad de un empleado o de un agente de seguridad; cuando una persona simplemente llega, entra y participa como cualquier otra.

Por eso la accesibilidad no puede comenzar el día de la inauguración de la feria. Tiene que comenzar meses antes, cuando se elaboran los planos, se distribuyen los pabellones, se diseñan las rutas, se adjudican los estacionamientos, se establecen los sistemas de transporte interno, se preparan los baños, se diseña la señalización y se contrata y capacita al personal.

Sugiero que el Ministerio de Cultura, conjuntamente con el CONADIS y, sobre todo, con las organizaciones y personas que representan los distintos tipos de discapacidad, realice una auditoría integral de accesibilidad de la Plaza de la Cultura. También debe auditar todos los espacios utilizados por la Feria Internacional del Libro.

A partir de ella podría elaborarse un Protocolo de Accesibilidad Universal para la Feria, que no dependa del funcionario que ocupe circunstancialmente la dirección del evento y que se aplique obligatoriamente cada año.

Y añadiría algo que considero importante: antes de inaugurar la próxima feria, hagamos el recorrido nosotros mismos. Inviten a personas en silla de ruedas, a personas ciegas, a personas sordas y a adultos mayores.

Permítannos recorrer la feria antes de abrirla al público e identificar las barreras que quizás desde un escritorio o desde un plano resultan invisibles. Porque nadie conoce mejor una barrera que quien tiene que enfrentarse a ella.