En República Dominicana hay una percepción que rara vez se discute de frente: el sector social, ese conjunto de asociaciones sin fines de lucro (ASFL), es visto en ocasiones como un receptor de recursos, como una carga que depende del Estado o de la cooperación internacional.
Pero esa lectura no resiste un análisis serio.
Lo que ocurre no es que el aporte del tercer sector sea invisible. Es que, aun siendo evidente en la vida cotidiana del país, no lo medimos ni lo reconocemos con la seriedad que merece.
Un aporte visible en la vida diaria
Las ASFL dominicanas están presentes donde muchas veces el Estado no logra llegar con suficiente profundidad o continuidad.
Están en las aulas, complementando la educación formal. En los centros de salud, ampliando cobertura y prevención. En comunidades vulnerables, construyendo cohesión social. En territorios donde la institucionalidad es débil, sosteniendo servicios básicos.
Ese trabajo no ocurre en los márgenes. Ocurre en el centro de la vida social del país.
Como he planteado anteriormente, el voluntariado y la acción social no son gestos aislados, sino parte del entramado que sostiene comunidades completas.
La evidencia está ahí. Lo que falta es incorporarla plenamente en cómo entendemos la economía nacional.
Un actor económico que no estamos midiendo bien
Un análisis preliminar apunta a que las organizaciones sin fines de lucro en República Dominicana emplean alrededor de 150,000 personas. No es un dato menor en una economía como la nuestra.
A nivel internacional, estudios del Johns Hopkins Center for Civil Society Studies estiman que el sector sin fines de lucro representa en promedio 4,6 % del empleo total en los países donde se ha medido con rigor. Si la República Dominicana se encuentra en ese rango, estamos hablando de un actor económico de peso estructural.
La CEPAL reconoce que la economía social y solidaria, que incluye asociaciones, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, constituye un espacio clave para la inclusión sociolaboral en América Latina y el Caribe, especialmente en contextos de alta informalidad y acceso segmentado a los mercados de trabajo. Sin embargo, gran parte de este valor no se refleja plenamente en las estadísticas nacionales.
En el país, la Oficina Nacional de Estadística no dispone aún de una cuenta satélite consolidada del sector sin fines de lucro, lo que limita la visibilidad real de su aporte al producto interno bruto.
Y lo que no se mide, simplemente no se defiende.
Pero en este caso hay algo más incómodo: incluso lo que sí vemos, muchas veces decidimos no incorporarlo en la narrativa económica del país.
Recursos que el país no atraería por otras vías
Cuando se observan datos concretos, el panorama se vuelve aún más claro.
Solo las organizaciones miembros de Alianza ONG movilizaron en 2025 más de 400 millones de pesos en iniciativas de cooperación internacional. Son recursos que ingresan a la economía dominicana sin aumentar la deuda pública.
El presupuesto total ejecutado por estas entidades superó los 2,000 millones de pesos.
Y lejos de ser una carga fiscal, estas organizaciones aportan directamente a la economía formal, con contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social que se aproximan a los 200 millones de pesos.
Esto cambia el punto de partida: el sector social no solo utiliza recursos. Es, en la práctica, un captador neto de fondos, los administra, los multiplica y los reintegra al sistema económico nacional.
En un contexto donde el país compite por inversión, el tercer sector ya está haciendo una parte de ese trabajo, aunque no siempre se reconozca como tal.
Más que asistencia: infraestructura social
Existe además un error conceptual que distorsiona el debate: pensar que el sector social sustituye al Estado.
No lo hace. Lo complementa.
Pero en ese complemento construye algo fundamental: infraestructura social.
Programas de alfabetización, redes de salud preventiva o centros de formación técnica no son solo acciones solidarias. Son mecanismos de eficiencia que reducen costos futuros para el Estado.
Cada inversión en prevención es, en términos económicos, un ahorro en justicia, seguridad o atención hospitalaria. Esto es lo que en otros contextos se mide como retorno social de la inversión, una métrica que permite traducir impacto social en valor económico.
Incluso en procesos complejos de concertación nacional, la participación del sector social ha sido clave para aportar conocimiento técnico, experiencia territorial y capacidad de articulación.
No es un actor periférico. Es parte de la arquitectura funcional del país.
El problema no es de impacto, es de reconocimiento
Si el impacto es tan evidente, la pregunta es inevitable: ¿por qué seguimos hablando del sector social como si fuera una carga?
Hay tres barreras claras.
La ausencia de datos consolidados, que impide traducir el impacto en evidencia económica.
La confusión entre filantropía y asistencialismo, que reduce su complejidad a una caricatura.
Y un déficit de narrativa pública que ha llevado al sector a ser más eficaz trabajando que comunicando su verdadero peso en el desarrollo nacional.
Como he insistido en otros espacios, la filantropía no es caridad ni gesto simbólico, sino una práctica estructurada de movilización de recursos para mejorar el bienestar humano.
Mientras esa distinción no se asuma, el sector seguirá siendo subestimado.
Lo que está en juego
La República Dominicana necesita repensar su relación con el tercer sector.
No desde la sospecha, sino desde la estrategia.
Eso implica medir mejor su impacto económico y social, reconocer su rol como generador de empleo e inversión, actualizar marcos regulatorios e integrarlo de manera más activa en políticas públicas.
Pero también implica algo más difícil: cambiar la forma en que lo entendemos.
Porque el problema no es la falta de evidencia.
El problema es que, aun cuando el aporte del sector social es visible en nuestras comunidades, en nuestras escuelas, en nuestros hospitales y en nuestros territorios más vulnerables, seguimos tratándolo como si fuera marginal.
Y en un país que busca crecer, atraer inversión y reducir desigualdades, ignorar una parte activa y funcional de su economía no es solo un error de percepción.
Es una decisión que limita nuestro propio desarrollo.
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