Caso de Cámara de Diputados

La distribución de diputados por provincias para las elecciones del año 2024 se hizo en base a la densidad poblacional y tomando como referencia la Resolución núm. 04-2019, del 9 de abril de 2019. A continuación, se muestra una comparación de la misma respecto a la posible distribución que se hará para las elecciones del año 2028. Para hacerlo, se aplicó el mismo procedimiento utilizado por la Junta Central Electoral, ajustando el "factor poblacional" o cociente, de acuerdo a la disminución del número de diputados territoriales a 158. En lugar de la densidad poblacional, se tomó como referencia el padrón electoral utilizado en mayo 2024, mostrando las variaciones en la distribución de los escaños.

Conforme al procedimiento utilizado por la Junta Central Electoral, se obtiene un primer cociente (46.087), el cual es el resultado de dividir el número de electores (7.281.763) entre la cantidad de escaños a distribuir (158). Luego, se excluyen las 12 provincias que no superan el doble de este cociente y se calcula un nuevo cociente excluyendo esas 12 provincias y los 24 escaños que les corresponden por ser el mínimo que dispone la Constitución. El nuevo cociente (48.967) es el resultado de dividir los electores de las demás provincias y el Distrito Nacional (6.561.639) entre el número de escaños pendientes por distribuir (134).

Variación en la distribución de escaños por provincia 2024-2028

PROVINCIA ELECTORES ESCAÑOS 2024 ESCAÑOS 2028 VARIACIÓN
Santo Domingo 1.649.032 43 34 -9
Distrito Nacional 794.080 18 16 -2
Santiago 785.287 18 16 -2
San Cristóbal 441.258 10 9 -1
La Vega 318.532 7 6 -1
Puerto Plata 258.042 6 5 -1
Duarte 234.553 5 5 =
San Pedro de Macorís 229.372 5 5 =
San Juan 192.039 4 4 =
Espaillat 191.403 4 4 =
La Romana 189.231 4 4 =
La Altagracia 186.886 5 4 -1
Azua 172.801 4 3 -1
Monseñor Nouel 144.045 3 3 =
Monte Plata 142.460 3 3 =
Peravia 140.956 3 3 =
Barahona 135.743 3 3 =
Sánchez Ramírez 126.090 3 3 =
Valverde 116.738 3 2 -1
María Trinidad Sánchez 113.091 3 2 -1
Hermanas Mirabal 84.835 2 2 =
Monte Cristi 82.552 2 2 =
Samaná 81.061 2 2 =
Bahoruco 76.436 2 2 =
Hato Mayor 73.367 2 2 =
El Seibo 63.596 2 2 =
Dajabón 52.824 2 2 =
San José de Ocoa 52.519 2 2 =
Santiago Rodríguez 49.639 2 2 =
Elías Piña 45.337 2 2 =
Independencia 38.238 2 2 =
Pedernales 19.720 2 2 =
TOTAL 7.281.763 178 158 -20

Al dividir la cantidad de electores de cada provincia entre ese cociente, el resultado es el número de escaños que proporcionalmente corresponde asignar a cada provincia. Como se muestra en la tabla, para el año 2028, la mayoría de las provincias (22) mantendrán el mismo número de escaños. Todas ellas se caracterizan porque cada una constituye una circunscripción electoral en sí misma y por ser circunscripciones electorales pequeñas (entre 2 y 5 representantes). La Altagracia, Azua, Valverde y María Trinidad Sánchez completan el grupo de 26 provincias con esta misma condición, pero para 2028 serán circunscripciones electorales aún más pequeñas al perder un escaño.

En las otras cinco provincias y el Distrito Nacional se producirán importantes variaciones, en especial tomando en cuenta que, a diferencia de las anteriores, estas se subdividen en circunscripciones electorales. La más significativa es la reducción de 43 a 34 escaños para la provincia Santo Domingo (-9); seguida por la disminución de 18 a 16 escaños tanto en el Distrito Nacional como en Santiago (-2). San Cristóbal, La Vega y Puerto Plata perderán un escaño cada una.

Partiendo del esquema normativo observado, solo en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo y Santiago podrían constituirse circunscripciones grandes (más de 10 representantes), mientras que San Cristóbal y La Vega podrían constituirse como circunscripciones medianas (de 6 a 9 representantes). Las otras 27 provincias no podrían pasar de ser circunscripciones pequeñas (de 2 a 5 representantes).

Pedro P. Yermenos Forastieri

Jurista y escritor

Doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica y Maestría en Derecho de los Negocios Corporativos, ambas en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Especialidad en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución, y Maestría en Derecho Electoral y Partidos Políticos, impartidas por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Diplomado en Observación Electoral, Salamanca, España. Formación en Derecho Público en el Centro Latinoamericano para la Administración del Desarrollo (CLAD). Cursos electorales especializados en centros educativos nacionales e internacionales. Profesor de Derecho civil en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), por más de 10 años, así como facilitador en programas de diplomados y maestrías. Desempeñó las funciones de Intendente General de Bancos; coordinador del componente de Justicia del Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (PARME) y consultor jurídico de la Comisión Nacional de Energía (COENER). Ha tenido una destacada labor en el ejercicio de su profesión, así como en las diversas funciones públicas desempeñadas; en las labores docentes ejercidas y como ciudadano activo en la defensa de trascendentes causas sociales. En la actualidad es Juez Titular del Tribunal Superior Electoral de República Dominicana, al cual ha representado en diversas misiones internacionales de observación electoral, dentro de las cuales fue jefe de misión en la veeduría internacional para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2023, Quito, Ecuador; en la observación jurisdiccional de la Unión Interamericana de organismos electorales (UNIORE); de las elecciones federales y elecciones judiciales por voto popular de México 2025. Ha sido encargado por el pleno del TSE de la coordinación e implementación de la Cátedra de Derecho Electoral “Dr. Julio Brea Franco”. Adicionalmente, proponente y coordinador del proyecto “Mesa Académica” del Tribunal Superior Electoral.

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