Hace muchos años, cuando en AFS Intercultura comenzamos a pensar en adquirir nuestro primer local propio, la lógica parecía incuestionable. Tener una oficina fortalecería institucionalmente a la organización: dejaríamos de pagar alquiler, acumularíamos patrimonio y contaríamos con un espacio desde el cual continuar nuestro trabajo.

Era fácil entender que aquello constituía una inversión.

Con el tiempo he pensado que, mientras construíamos ese patrimonio visible, existía otro activo mucho mayor que nunca apareció registrado de la misma manera.

Estaba en las familias dispuestas a abrir sus hogares a un estudiante extranjero que hasta entonces era un desconocido; en los voluntarios que dedicaban noches y fines de semana a acompañar jóvenes y familias; en las escuelas que confiaban en la organización; y en las relaciones construidas durante años entre personas que sabían a quién llamar cuando aparecía un problema.

La oficina podía valorarse en pesos. Aquello, no.

Sin embargo, si alguna vez hubiésemos tenido que escoger cuál de esos dos patrimonios resultaba indispensable para que la organización pudiera funcionar, la respuesta habría sido evidente.

He vuelto sobre esa experiencia mientras pienso en algo cada vez más importante para la República Dominicana: hemos aprendido a reconocer muy bien algunas formas de infraestructura y todavía nos cuesta reconocer otras.

Lo que no podemos inaugurar

Cuando hablamos de desarrollo pensamos en carreteras, puentes, hospitales, escuelas, acueductos, aeropuertos, energía o conectividad digital. Y hacemos bien. Por eso presupuestamos esas inversiones, medimos su cobertura y discutimos cuánto debemos destinar a mantenerlas.

Pero existe otra infraestructura que determina en buena medida lo que una sociedad puede hacer con todo lo anterior: la capacidad de sus ciudadanos para relacionarse, organizarse y actuar colectivamente.

A eso llamamos capital social.

El problema es que resulta mucho más difícil de ver. Según Latinobarómetro 2024, apenas el 20 % de los dominicanos afirma que se puede confiar en la mayoría de las personas. Estamos por encima del promedio latinoamericano, pero el dato sigue siendo elocuente: la confianza generalizada continúa siendo minoritaria en nuestra sociedad.

Una carretera puede fotografiarse y un puente puede inaugurarse. La confianza no tiene cinta que cortar. Pero también se construye, necesita mantenimiento y puede deteriorarse.

Medir es apenas el comienzo

El 18 de julio planteaba en esta misma columna la conveniencia de desarrollar un índice nacional de capital social para la República Dominicana. Medirlo sería importante, pero medir no basta.

Si descubrimos que una carretera está deteriorada, no nos limitamos a publicar el dato. Asignamos recursos y tratamos de arreglarla. ¿Por qué debería ser diferente con el capital social?

Si encontramos bajos niveles de confianza, poca participación asociativa, debilitamiento de las organizaciones comunitarias o escasa colaboración entre sectores, conocer el problema debería ayudarnos a pensar qué podemos hacer para cambiarlo.

Construir capital social no consiste en pedirle a la gente que confíe más. Consiste en crear espacios y condiciones que nos permitan relacionarnos con otros y comprobar, en la práctica, que podemos hacer cosas juntos.

Cómo se construye una infraestructura social

Una cancha comunitaria constituye infraestructura física. Pero cuando alrededor de ella se organiza una liga, padres y vecinos comienzan a colaborar, los jóvenes establecen relaciones y la comunidad desarrolla mecanismos para cuidarla, también se está construyendo infraestructura social.

Una escuela puede ser mucho más que aulas. Puede convertirse en un espacio de encuentro entre familias y comunidad. Un programa de servicio permite que personas que quizá nunca se habrían conocido trabajen juntas y descubran que tienen preocupaciones o intereses comunes.

Las asociaciones de vecinos, cooperativas, organizaciones culturales, clubes deportivos, organizaciones sin fines de lucro y asociaciones profesionales cumplen funciones distintas, pero todas pueden crear espacios donde aprendemos a organizarnos con otros.

En una escala distinta ocurre algo parecido con los mecanismos de participación ciudadana y con los espacios de concertación que reúnen intereses diferentes alrededor de problemas comunes.

Nada de esto produce confianza automáticamente. Una organización puede funcionar mal, un proceso participativo puede quedarse en una formalidad y una red puede terminar sirviendo solamente a quienes ya están dentro de ella. Por eso importa cómo diseñamos y cuidamos esos espacios.

Una sociedad cohesionada no es aquella en la que todos piensan igual. Es aquella en la que las diferencias no impiden encontrarnos y trabajar juntos.

Instituciones que construyen o debilitan confianza

El Consejo Económico y Social ofrece un buen ejemplo dominicano. No es una obra física, pero proporciona algo que también tomó años construir: un espacio institucional en el que representantes empresariales, laborales y sociales pueden encontrarse y tratar de producir acuerdos.

Durante el diálogo nacional sobre la crisis haitiana tuve oportunidad de observar esa capacidad de cerca. Además de las propuestas y consensos alcanzados, ocurrió algo menos visible: personas con perspectivas e intereses diferentes permanecieron alrededor de una mesa y construyeron posiciones comunes. El propio documento final destacó el valor del método de deliberación plural y su contribución a fortalecer la confianza entre actores políticos, económicos y sociales.

Eso también es infraestructura.

Pero el diseño institucional puede producir el efecto contrario.

La Ley 122-05 creó el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro, CASFL, como un espacio de relación entre el Estado y la sociedad civil. Durante años, las propias organizaciones sociales participaban en la escogencia de quienes las representarían en su órgano directivo. En 2024, el entonces ministro de Economía, Pável Isa Contreras, llegó a describir al CASFL como “una expresión de democracia”, precisamente por esa característica.

La Ley núm. 80-25 Orgánica del Ministerio de Justicia, promulgada en agosto de 2025, cambió esa fórmula. Aunque mantiene cinco representantes de la sociedad civil, establece que sean designados por el presidente de la República.

Puede parecer una modificación administrativa. Vista desde el capital social, no lo es.

Una cosa es que el Estado reserve espacios para la sociedad civil y otra que permita al propio sector participar en la elección de quienes los ocupan. El mecanismo anterior reconocía autonomía a las organizaciones y les permitía escoger entre sus pares quiénes las representarían frente al Estado.

El cambio no elimina la participación de la sociedad civil, pero sí cambia su naturaleza. Y muestra cómo una decisión institucional puede debilitar confianza que tomó años construir.

La otra infraestructura de Meta RD 2036

La República Dominicana se ha propuesto mediante Meta RD 2036 duplicar el tamaño de su PIB real. Para lograrlo hemos creado mecanismos de coordinación y espacios sectoriales destinados a identificar las reformas e inversiones necesarias para acelerar el desarrollo.

Es una ambición que comparto.

Pero un país capaz de producir el doble no será necesariamente un país capaz de ponerse de acuerdo con mayor facilidad.

Si queremos llegar a 2036 con una economía mayor y una sociedad más fuerte, tendremos que prestar atención a ambas dimensiones. Eso supone medir nuestro capital social, reconocer las instituciones que ayudan a construirlo y observar con más cuidado qué decisiones públicas pueden fortalecerlo o erosionarlo.

Quizás convendría incorporar una pregunta sencilla cuando diseñamos una ley, una política pública o una nueva institución:

¿Esta decisión ayuda a construir confianza entre los actores involucrados o termina debilitándola?

Hace años entendí perfectamente por qué comprar una oficina fortalecía el patrimonio de una organización.

Hoy comprendo mejor que había otro patrimonio acumulándose al mismo tiempo.

Estaba en las personas.

No aparece en el mapa de obras públicas.

Pero cuando falta, se nota en todas partes.

Pablo Viñas Guzmán

Educador, gestor cívico

Pablo Viñas Guzmán es director ejecutivo de AFS Intercultura en República Dominicana, gestor cívico y educador. Desde esa posición lidera programas de intercambio educativo, formación de jóvenes líderes, cooperación intersectorial y participación ciudadana. Es líder de GivingTuesday en República Dominicana y forma parte de su red global, además de presidir la Junta Directiva de Alianza ONG y participar activamente en otros espacios de articulación del sector social. Ha sido consultor y conferenciante en diplomacia pública, educación global, voluntariado internacional y fortalecimiento institucional en América Latina, Europa y Asia. Ha diseñado y ejecutado programas con el apoyo de agencias de cooperación y organismos internacionales, y ha colaborado con iniciativas de la Unión Europea, WINGS y otras plataformas en la consolidación de ecosistemas filantrópicos en el Caribe. Cuenta con formación en Derecho, Negocios Internacionales, Liderazgo Cívico y Diplomacia, y es egresado del Programa Executivo en Estrategia de Impacto Social e Innovación de la Universidad de Pensilvania.

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