El debate en curso sobre la transformación de la educación dominicana, la revisión de los marcos normativos vigentes y la búsqueda de nuevas formas de articulación institucional han abierto la oportunidad de preguntarnos qué tipo de educación necesita el país para enfrentar los desafíos del siglo XXI.
En este debate se corre el riesgo de concentrar la atención en la educación preuniversitaria, dejando en un segundo plano una pregunta fundamental: ¿qué papel debe desempeñar la educación superior en esta transformación?
No es sostenible transformar integralmente la educación preuniversitaria dominicana sin transformar también la educación superior. En este nivel se forman los docentes que enseñan en las escuelas, se preparan los profesionales que sostienen la economía, se producen conocimientos indispensables para orientar las políticas públicas y se cultivan capacidades ciudadanas, científicas, técnicas y culturales necesarias para el desarrollo nacional. Por ello, la reflexión sobre el futuro de la educación superior no constituye una agenda sectorial aislada, sino una pieza central de cualquier proyecto de transformación educativa.
Esta afirmación requiere una precisión importante. Transformar la educación superior no significa pedirle a la universidad que responda, por sí sola, a todas las demandas sociales, productivas, tecnológicas y culturales del país. Ese ha sido, precisamente, uno de los errores del modelo heredado: suponer que toda formación superior debe asumir la forma universitaria, que toda necesidad de talento debe resolverse mediante carreras largas y que toda institución de educación superior debe aspirar a parecerse a la universidad tradicional.
Si aceptamos que las demandas de formación, conocimiento e innovación son hoy más diversas que nunca, la respuesta no puede ser ampliar indefinidamente el mismo molde institucional que hemos utilizado hasta hoy. Lo que se requiere es construir un ecosistema pluriforme de educación superior, con instituciones diversas, misiones diferenciadas, trayectorias articuladas y estándares de calidad coherentes con la naturaleza de cada institución.
Desde esta perspectiva, la transformación debe conducir al diseño de una respuesta que responda a los nuevos requerimientos de la sociedad sin que ello implique que la universidad se debilite o se diluya; al contrario, debe fortalecerse en aquello que constituye su misión más alta.
La universidad debe ser la joya de la corona del sistema de educación superior: el espacio privilegiado para la formación integral, el pensamiento crítico, la investigación rigurosa, la producción de conocimiento, la deliberación pública, la formación ciudadana y la custodia ética del sentido humano del desarrollo. Para proteger esa misión, no debe verse obligada a absorber todas las demandas que corresponden a un sistema más diverso, flexible y articulado.
La educación superior dominicana se encuentra en una encrucijada histórica. Más de dos décadas después de la promulgación de la Ley 139-01, el sistema continúa enfrentando desafíos estructurales que limitan su capacidad para responder a las transformaciones aceleradas del mundo contemporáneo y a las necesidades del desarrollo. A pesar de avances importantes en cobertura, diversificación institucional y planificación sectorial, persisten inequidades, fragmentación institucional, debilidades en la investigación, insuficiente articulación entre la educación técnica y la superior, problemas de gobernanza y una visión todavía demasiado funcionalista de la educación superior.
El debate público ha prestado atención a temas relevantes, pero muchas veces periféricos frente a la magnitud del desafío. Se discuten, por ejemplo, la gobernanza del subsistema, la permanencia de fondos específicos para la investigación o la distribución de funciones entre los organismos. Todos esos temas importan. Pero el asunto de fondo es más amplio: ¿qué tipo de sistema de educación superior necesita el país para formar las capacidades humanas, científicas, técnicas, éticas y ciudadanas que requiere su desarrollo?
La magnitud de los cambios que experimenta el mundo —entre ellos la inteligencia artificial, la transformación del trabajo, la revolución digital, la crisis ambiental, los cambios demográficos y las nuevas formas de producción del conocimiento— está modificando las bases sobre las que se construyeron las instituciones de educación superior del siglo XX. La cuestión ya no es cómo adaptarlas al presente, sino cómo reimaginarlas para que resulten pertinentes en el futuro.
Esa reimaginación exige una transformación en tres dimensiones inseparables: ética, política y epistemológica.
La primera es la dimensión ética. Toda reflexión seria sobre el futuro de la educación superior debe comenzar por preguntarse cuál es su finalidad. ¿Para qué existe este nivel educativo? ¿Qué lugar debe ocupar la universidad dentro de él? ¿Qué tipo de persona, sociedad y país queremos formar?
Durante las últimas décadas, muchas políticas de educación superior han tendido a justificar este nivel principalmente por su contribución al crecimiento económico, a la productividad, a la competitividad y a la empleabilidad. Sin negar la importancia de estas funciones, una visión exclusivamente economicista resulta insuficiente. La educación superior no puede reducirse a una maquinaria de producción de capital humano ni a una mera instancia de habilitación laboral.
En este punto, la reciente encíclica Magnifica Humanitas ofrece una interpelación especialmente relevante, sobre todo para quienes concebimos la universidad desde una perspectiva humanista. Su llamado a colocar la dignidad humana en el centro de toda acción educativa nos recuerda que la educación no puede agotarse en la transmisión de conocimientos útiles ni en la preparación para el mercado laboral. Educar es ayudar a cada persona a desplegar plenamente su humanidad, a comprender su responsabilidad frente a los demás y a poner sus talentos al servicio del bien común.
Esta perspectiva tiene una extraordinaria actualidad y nos orienta en estos tiempos de inteligencia artificial, automatización y aceleración tecnológica, advirtiéndonos de que el peligro no radica en que algunas competencias se vuelvan obsoletas. El verdadero peligro es que olvidemos que la finalidad última de la educación no es producir individuos funcionales a un sistema, sino formar personas capaces de pensar, discernir, convivir, crear y servir.
El debate nacional sobre la transformación del sistema educativo tiene que partir del principio de que su fin no es simplemente formar recursos humanos, sino formar seres humanos. No prepara únicamente profesionales; también contribuye a la formación de ciudadanos, líderes sociales, investigadores, educadores, técnicos superiores, innovadores, emprendedores y personas capaces de orientar su vida desde valores éticos y compromisos públicos.
Refundar éticamente la educación superior significa, por tanto, reorientarla hacia el bien común, la dignidad humana, la inclusión, la justicia social y la responsabilidad con las generaciones futuras. Implica, entre otras cosas, reconocer que la educación superior constituye un bien público y una responsabilidad colectiva, independientemente de la naturaleza jurídica de las instituciones que la ofrecen.
Una educación superior refundada éticamente debe asumir como esencia de su ADN institucional la formación de seres humanos profesionalmente competentes y éticamente bien formados. Debe contribuir a la productividad del país, pero también a la convivencia democrática; debe preparar para el trabajo, pero sin subordinarse al mercado; debe desarrollar capacidades técnicas, pero sin perder de vista la dignidad de la persona humana.
La competitividad de un país depende de su capital humano, pero la calidad de su sociedad depende de la ética de las personas que la integran.
La segunda dimensión de la refundación es política. Nos referimos a la manera en que se organiza, se gobierna, se regula, se financia y se coordina el sistema de educación superior. El problema no es solo institucional. Es también conceptual. Un sistema moderno necesita reconocer la diversidad institucional. No todas las instituciones deben tener la misma misión. No todas deben investigar con la misma intensidad. No todas deben ofrecer los mismos tipos de programas. No todas deben organizarse con la misma estructura académica. La calidad debe evaluarse según la misión, el nivel, la naturaleza y la contribución específica de cada institución. Es necesario desarrollar un ecosistema pluriforme de educación superior.
En un ecosistema pluriforme, la universidad debe ocupar un lugar central en la producción de conocimiento, la investigación, el pensamiento crítico y la formación integral de alto nivel, pero constituye solo una entre varios tipos de instituciones capaces de responder a demandas legítimas que no siempre requieren una formación universitaria tradicional: formación técnica superior, programas tecnológicos, trayectorias cortas, educación continua, certificaciones acumulables, formación dual, reconversión laboral, actualización profesional y nuevas modalidades de aprendizaje a lo largo de la vida.
En este tipo de ecosistema, el Marco Nacional de Cualificaciones adquiere una importancia estratégica como instrumento que puede y debe desempeñar un papel de puente entre la educación técnica, la educación superior, la formación profesional, la educación continua y el mundo del trabajo. Bien utilizado, puede permitir trayectorias más flexibles, el reconocimiento de aprendizajes previos, la movilidad entre instituciones y una mayor justicia para estudiantes cuyas vidas no siguen rutas lineales.
Refundar políticamente la educación superior exige actualizar su marco normativo, fortalecer la planificación a largo plazo, profesionalizar la gestión, mejorar la coordinación interinstitucional y construir espacios efectivos de participación. También requiere incorporar una dimensión territorial. El país necesita un sistema capaz de responder a las necesidades específicas de sus regiones y de articularse con los procesos de desarrollo local, productivo, cultural y comunitario.
La educación superior debe convertirse en un componente central de las estrategias de desarrollo. Para ello, se necesita una visión compartida capaz de articular la educación superior con el sector productivo, los gobiernos locales, las organizaciones sociales, el Estado y las comunidades en torno a objetivos comunes.
Refundar la educación superior en nuestro país implica tomar las medidas necesarias para que el Estado garantice, de un lado, el derecho a una educación superior de calidad, y, del otro, que desarrolle y fortalezca su capacidad de regular sin asfixiar, de promover la diversidad evitando la fragmentación, de financiar con criterios de justicia, de exigir rendición de cuentas y de proteger el sentido público del sistema. Estos cambios deben evitar tanto el centralismo burocrático como la desregulación mercantil. Lo que se necesita es una gobernanza democrática, estratégica, diferenciada y orientada al bien común.
La tercera dimensión de la refundación es epistemológica. La transformación de la educación superior no puede limitarse a organizar mejor las instituciones; debe preguntarse, además, qué saberes reconoce, cómo los produce, cómo los valida y cómo los pone al servicio de la sociedad. Esa es la dimensión epistemológica de la refundación.
Hoy, ante la complejidad del mundo que la rodea, se espera que la universidad no se limite a transmitir respuestas. Su tarea más importante será desarrollar la capacidad de formular preguntas efectivas. En un mundo saturado de información y de respuestas automáticas, lo verdaderamente decisivo será desarrollar discernimiento, pensamiento crítico, juicio ético, creatividad, comprensión de la complejidad y capacidad para dialogar con otros saberes.
Pero esta tarea no agota la misión del sistema de educación superior. Otras instituciones deberán concentrarse en formar capacidades técnicas avanzadas, responder a necesidades productivas específicas, ofrecer trayectorias cortas y flexibles, certificar aprendizajes, actualizar competencias y facilitar la reconversión profesional. Todas estas funciones son legítimas y necesarias, pero no todas deben recaer sobre la universidad ni adoptar forma universitaria.
Además, para estar en condiciones de responder a los desafíos del siglo XXI, el país debe fortalecer su ecosistema de investigación e innovación. La investigación sigue siendo débil: se concentra en pocas instituciones, cuenta con financiamiento limitado y, muchas veces, está poco conectada con las necesidades estratégicas del desarrollo nacional. Fondos como FONDOCYT son importantes, pero insuficientes frente al tamaño del desafío. El país necesita una política más ambiciosa de ciencia, tecnología, innovación y producción de conocimiento, articulada con la educación superior y con las necesidades nacionales.
Refundar epistemológicamente la educación superior implica también abrir espacios para lo que se ha denominado la ecología de saberes. Significa reconocer el valor del conocimiento científico, pero también promover el diálogo con saberes profesionales, técnicos, comunitarios, territoriales, artísticos y productivos. En el contexto dominicano, esto implica valorar el saber docente acumulado en las escuelas, el conocimiento técnico desarrollado en sectores como el turismo, la agroindustria, la salud, la cultura y los servicios, y las experiencias comunitarias que a menudo resuelven problemas sin ser reconocidas por los circuitos formales de la academia.
Estas tres dimensiones —ética, política y epistemológica— no deben quedarse en principios generales. Deben traducirse en decisiones concretas de política pública, regulación, financiamiento, calidad, currículo e investigación. Desde esa perspectiva, la refundación de la educación superior dominicana podría organizarse en torno a seis líneas estratégicas fundamentales.
La primera línea consiste en impulsar una profunda transformación curricular y pedagógica en todo el sistema de educación superior. Esa transformación debe incorporar flexibilidad, interdisciplinariedad, innovación, formación integral, pensamiento crítico y aprendizaje a lo largo de la vida. En la universidad, esta transformación debe preservar la centralidad del pensamiento crítico y de la formación humanista. En las demás instituciones, debe asegurar la pertinencia, la calidad, la movilidad y el reconocimiento social de sus trayectorias.
La segunda es construir un ecosistema pluriforme, con instituciones de misiones diferenciadas, articuladas entre sí, sujetas a criterios de calidad pertinentes y orientadas al bien común. Este ecosistema debe fortalecer y ampliar la educación superior pública, diversificarla y hacerla más pertinente a nivel territorial. En ningún caso la diversificación debe entenderse como una invitación a debilitar lo público o a ampliar, sin criterios, la lógica privada. Por el contrario, se trata de fortalecer la función pública del sistema en su conjunto.
La tercera línea consiste en desarrollar un sistema de financiamiento más justo, estratégico y diferenciado, orientado al fortalecimiento institucional, a la investigación, a la innovación, a la inclusión y a la equidad territorial. No basta con financiar la matrícula. Hay que financiar capacidades, calidad, permanencia, investigación, innovación y compromiso social.
La cuarta consiste en consolidar un sistema de aseguramiento de la calidad que reconozca la diversidad de las misiones institucionales y promueva la mejora continua. No se debe evaluar con la misma vara a instituciones de naturaleza distinta. Pero tampoco se debe permitir que la diversidad se convierta en excusa para la baja calidad.
La quinta es fortalecer la investigación, la innovación y la producción de conocimiento como componentes centrales del desarrollo nacional. Hay que reconocer que la universidad hoy no tiene el monopolio de esta función; la innovación también puede surgir de institutos tecnológicos, centros especializados, empresas, comunidades y redes territoriales. Sin ciencia, sin pensamiento crítico y sin capacidad para producir conocimiento propio, el país seguirá dependiendo de agendas externas y respuestas importadas.
La sexta consiste en actualizar su marco normativo para que asuma y promueva la diversidad institucional, fortalezca la articulación entre subsistemas y promueva trayectorias de aprendizaje más flexibles. El país necesita un marco normativo que parta de una visión sistémica, articule el apoyo educativo requerido por el sujeto a lo largo de su vida y sea capaz de responder al cambio de época y a la nueva ecología de la educación superior.
Estas transformaciones no serán sostenibles sin un amplio entendimiento común del papel que debe desempeñar la educación superior en el proceso de transformación educativa. Ese entendimiento debe reconocer que la educación superior no es un apéndice del sistema, ni un espacio reservado solo para especialistas, rectores o funcionarios. Es una dimensión estratégica del desarrollo nacional.
En el diálogo sobre la transformación educativa del país, debemos otorgarle a la educación superior la importancia que tiene en el sistema educativo. No se debe reducir su discusión a la gobernanza, al destino de fondos específicos o a ajustes institucionales. La pregunta es mucho más profunda: ¿seremos capaces de construir un sistema de educación superior a la altura de los desafíos éticos, políticos, científicos y tecnológicos de nuestro tiempo? ¿Seremos capaces de analizar en profundidad, orientados por el objetivo del bien común, tanto el subsistema educativo público como el privado, para llegar a un entendimiento común y a un compromiso sobre lo que el país realmente requiere?
Refundar la educación superior implica reconstruir sus fundamentos para responder a los desafíos de una época marcada por cambios profundos e incertidumbres crecientes.
La universidad dominicana de hoy está llamada a contribuir a imaginar y construir la nación dominicana del futuro y a definir su aporte a dicha construcción. Pero ese porvenir no dependerá solo de ella. Dependerá de nuestra capacidad para concebir una educación superior más inclusiva, más innovadora, más democrática, más diversa y, sobre todo, más humana.
La pregunta que debemos responder, entonces, no es solo qué universidad queremos, sino, desde una mirada más amplia y urgente, ¿qué sistema de educación superior necesita la República Dominicana para formar el país que todavía está por venir?
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