De la fusión al “nuevo sistema”: cuando cambiar el nombre no cambia la pregunta

Hay una habilidad que los gobiernos dominicanos han perfeccionado con el paso de las décadas: la de reformular el problema sin resolverlo. No se trata de mala fe —al menos no siempre— sino de algo más sutil y más difícil de combatir: la ilusión sincera de que cambiar la arquitectura institucional equivale a transformar lo que ocurre dentro de ella.

En marzo de 2026, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, ofreció una declaración que merece leerse con cuidado. Aclaró que no se contempla la fusión entre el MINERD y el MESCyT, sino la creación de un nuevo sistema educativo en el marco de una profunda reforma. La aclaración fue recibida con alivio en algunos sectores. Yo la recibo con una pregunta: ¿cuál es, exactamente, la diferencia?

No lo pregunto con ironía. Lo pregunto en serio, porque la respuesta importa.

El problema con las palabras que nos salvan

Cuando el gobierno depositó en el Senado, en diciembre de 2025, el proyecto de fusión entre el MINERD y el MESCyT, la reacción fue intensa y transversal. Académicos, rectores, gremios docentes y sectores de la sociedad civil alzaron la voz. El argumento central era simple y poderoso: la educación dominicana no tiene un problema de organigrama; tiene un problema de fondo.

El gobierno escuchó. Y eso merece reconocimiento. Pero lo que siguió al escuchar es lo que abre la interrogante: Santos Badía precisó que no se ha descartado la posibilidad de establecer un solo Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, pero enfatizó que no solo se trata de fusionar instituciones existentes, sino de estructurar un nuevo modelo educativo.

La frase es elegante. Pero la elegancia de una declaración no garantiza la profundidad de una política. Un “nuevo modelo educativo” puede significar todo o puede no significar nada, dependiendo de si va acompañado de una visión clara, de recursos suficientes, de participación genuina y de voluntad de sostenerlo más allá del ciclo electoral. Por ahora, lo que tenemos es la promesa. Y las promesas, en educación, tienen el doloroso historial de quedarse en papel.

El riesgo del giro semántico

Existe una tentación muy humana en el ejercicio del poder: cuando una idea genera resistencia, cambiarle el nombre. La fusión que generó debate se convierte, así, en “sistema”. El proyecto que levantó polvo no se retira del Congreso —el ministro explicó que el proyecto existente no será retirado del Congreso Nacional, ya que forma parte del proceso legislativo en curso— pero se rodea de un lenguaje nuevo, más ambicioso, más difícil de criticar.

No digo que eso sea lo que está ocurriendo. Digo que es lo que podría estar ocurriendo, y que el país tiene derecho a saberlo con precisión.

El ministro detailó que la reforma propone una educación para toda la vida y la posibilidad de optar por una formación técnica o universitaria, aspectos que no estaban contemplados en el proyecto original. Eso es una ampliación genuina del alcance. Pero ampliación de alcance sin ampliación de consulta, de tiempo y de presupuesto no es una reforma: es una ambición.

Abril como fecha, o como metáfora

El ministro informó que a mediados de abril el nuevo proyecto de ley sería sometido al Congreso en coordinación con el MINERD y el Ministerio de Administración Pública. Esta semana, por tanto, el país debería estar a días de ver ese texto sobre la mesa. La pregunta que corresponde hacerle al gobierno es la misma que cualquier investigador le haría a una hipótesis: ¿cuál es la evidencia que sustenta el diseño propuesto?

Porque reformar el sistema educativo dominicano —el sistema que atiende a más de cuatro millones de estudiantes, que acumula décadas de rezago en comprensión lectora y matemáticas, que convive con una brecha brutal entre la educación pública y la privada— no puede construirse con la velocidad de una reforma tributaria ni con la arquitectura de un decreto ejecutivo.

El doctor Radhamés Mejía, profesor emérito de la PUCMM y uno de los educadores dominicanos con mayor autoridad moral en este debate, lo advirtió antes: uno de los mayores peligros sería tratar de empezar desde cero cada vez que cambian las administraciones. Romper con lo construido hasta ahora sería un error. Esa frase no es conservadurismo: es memoria institucional, que es el activo más frágil y más valioso que tiene cualquier sistema educativo.

Lo que merece aplaudir, y lo que merece interrogar

Soy un educador, no un opositor. Y precisamente por eso debo ser honesto en ambas direcciones.

Los rectores de las instituciones de educación superior expresaron su respaldo a la propuesta de transformación curricular, iniciativa que busca construir una visión integral de la educación dominicana articulando los distintos niveles del sistema, desde el nivel inicial hasta el doctorado. Ese respaldo no es irrelevante. Si los rectores —quienes conocen desde adentro los costos de la desconexión entre la educación básica y la superior— ven mérito en la propuesta, hay algo ahí que vale la pena explorar.

Pero el respaldo de los rectores no sustituye la consulta amplia. El Pacto Nacional por la Educación de 2014 —con sus 118 compromisos, firmado por más de 300 organizaciones— demostró que en este país es posible construir consenso sin que se derrumbe el techo. Ese proceso tardó años en madurar. Y fue mejor por eso.

La pregunta que queda sin respuesta es la más importante: ¿quién participó en el diseño del “nuevo sistema”? ¿Qué voces, más allá de los rectores, fueron convocadas? ¿Los docentes? ¿Las familias? ¿Los estudiantes que son, al final, los únicos que no pueden darse el lujo de que la reforma fracase?

Una reforma necesita más que buenas intenciones

La República Dominicana lleva décadas atrapada en una paradoja: tiene un diagnóstico correcto de sus problemas educativos y una historia de prescripciones equivocadas. Sabe que necesita transformar; no ha logrado acordar cómo.

Lo que el gobierno Abinader propone ahora —con cualquier nombre que elija darle— será juzgado no por el lenguaje del decreto que lo anuncie, sino por lo que ocurra en las aulas dentro de cinco años. Por si el niño de primero de primaria en Hato Mayor aprende a leer a tiempo. Por si el joven de bachillerato en Dajabón llega a la universidad con las herramientas para quedarse en ella.

Esos son los indicadores que importan. Todo lo demás —los ministerios, los nombres, las leyes— son medios. Y confundir los medios con los fines es el error más viejo, y más costoso, de nuestra política pública.

El ministro Santos Badía dice que esto no es una fusión. Está bien. Entonces que nos diga, con la misma claridad, qué es exactamente. El país lo necesita saber. Y lo necesita saber antes de que el proyecto llegue al Congreso, no después.

Manuel Alberto Montero Lora es director general de CAFAM-UNAPEC, investigador en educación y doctor en Comunicación y Educación en Entornos Virtuales por el INTEC. ORCID: 0000-0002-2046-6348