Es el momento para relanzar el pacto fiscal que el país necesita

Aunque parezca extraño, las decisiones más difíciles y valientes de los gobiernos se toman para beneficio de los futuros gobernados y de los próximos gobernantes.

Históricamente ha sido así: quien gobierna y toma la decisión política de echar adelante las reformas, sobre todo en materia económica, que siempre conllevan un sacrificio temporal para la ciudadanía, cosecha el disgusto y una caída de su popularidad. Cuando ya las reformas empiezan a dar los frutos positivos esperados, quien terminan aprovechándolos a su favor es el gobernante que sustituyó a quien hizo las reformas.

Pero el activismo político, apasionado e irracional, tiende a dar la espalda a esas decisiones y las señala como atributos negativos de los que las adoptaron.

Hay mucho de oportunismo en la crítica. En ocasiones los políticos, a sabiendas de que las decisiones son necesarias y rendirían positivamente, las rechazan para debilitar a quien detenta el poder. Porque esa esa su naturaleza, dirán.

En las memorias de Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos, cuenta que lanzó un proyecto de reforma del sistema de salud, y que un legislador republicano le explicó que si ese proyecto se aprobaba como estaba planteado su partido republicano jamás ganaría unas elecciones.

Es la misma historia en todas partes, en países más desarrollados, y en los países con menos desarrollo y menos conciencia colectiva sobre la cooperación política para las grandes decisiones.

Haití está destruido y es un país fracasado porque sus líderes jamás lograron ponerse de acuerdo.

Salvador Jorge Blanco, presidente dominicano en el período 1982-1986, realizó reformas económicas y financieras fundamentales para que el país pudiera aprovechar las oportunidades de exportación y de las leyes favorables de comercio de los Estados Unidos, que impulsó entonces presidente Ronald Reaga, con su Iniciativa para la Cuenca del Caribe. Al mismo tiempo, el presidente Jorge Blanco adoptó decisiones valientes, pero dolorosas sobre política monetaria y disciplina fiscal con el Fondo Monetario Internacional. En 1984 hubo una poblada, decenas de personas fueron  muertas mientras protestaban en las calles. Este doloroso acontecimiento fue aprovechado por los políticos opositores, y el presidente y su equipo fueron terriblemente criticados, y salieron del gobierno con una bajísima popularidad. Pocos entendieron entonces que, pese a lo duras de las medidas, fueron necesarias para que el país empezaran a crecer en sus parques industriales y en la industria del turismo, pero fue el gobierno sucesor quien gozó de los tiempos de las vacas gordas.

Joaquín Balaguer, que llegó al poder por la debacle política del gobierno de Jorge Blanco, por no continuar el proceso de reforma hundió al país en un proceso inflacionario sin precedentes, y enfrentó serios problemas de abastecimiento y crisis económica, y se vio en la necesidad de imponer unas reformas fiscales por decreto, que luego se legalizaron en el Congreso Nacional. Esas decisiones fueron fundamentales para que cinco años después, al entregar el gobierno a Leonel Fernández, dijera que dejaba el país en una pista de despegue hacia el desarrollo y el crecimiento. Y así fue.

Leonel Fernández aprobó en 2012 la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12), con miras al 2030, pero fijando un período de dos años para aplicar tres grandes pactos, entre los que se destacaba un pacto fiscal, necesario, pero que debía ser consensuado. La ley se aprobó, pero quien tenía que poner en marcha los tres pactos (fiscal, eléctrico y educativo), era Danilo Medina, el presidente que le siguió,  porque Fernández ni siquiera lo intentó en el breve tiempo que le quedaba en el poder.

De los pactos, sólo se puso en marcha el educativo, y el gobierno de Luis Abinader terminó aprobando el eléctrico varios años después, quedando el pacto fiscal en suspenso. De hecho, el pacto eléctrico se aprobó con muchas debilidades.

Había que buscar recursos para financiar el desarrollo, pero ningún gobierno quiso hacer el pacto fiscal, pese a que todo el mundo sabía que era necesario. Danilo lo intentó en el 2012, y realizó algunas ideas para aumentar los ingresos del Estado, pero no hubo pacto fiscal, pese a que gobernó 8 años.

El gobierno de Luis Abinader, que puso el marcha el pacto eléctrico, ha querido realizar dos veces un pacto fiscal, sin éxito, porque la reacción ha sido abrumadora de rechazo a las propuestas que se han presentado. El país sabe que el desarrollo debe ser financiado con fondos recaudados por el Estado, y no por deudas.

Como Luis Abinader terminará su gobierno en el 2028, y ya designó a Magín Díaz como ministro de Hacienda y Economía, acaba de abrirse la posibilidad para el pacto fiscal, que espera la sociedad dominicana, pero que el gobierno debe administrar con cautela y valentía, protegiendo a los más vulnerables y aplicando impuestos en los sectores que tradicionalmente han evadido responsabilidad en este sentido y resultan siempre los más exitosos, pese a que reportan operaciones deficitarias cada año.

Magín Díaz , a quien muchos definen como un burócrata profesional o un técnico "duro", conoce el sector público, y sabe de las necesidades del gobierno para aumentar la inversión pública, para proyectar un aumento de ingresos que se convierta en un mejor distribuidor de la riqueza del país y del desarrollo.

Ojalá que el presidente Luis Abinader aproveche esta oportunidad, y lance el desafío de que nos pongamos de acuerdo y pactemos fiscalmente, para desconcentrar las ganancias en pocas manos, y distribuir con equidad la riqueza del país. Es necesario, sin que los políticos se conviertan en aves de rapiña para sacar beneficios del pacto fiscal que se logre, y que se protege a los más vulnerables. Es lo que manda una sociedad agobiada y sometida al estrés de los vaivenes de un mundo convulso.