Cuatro jueces de la Supremas Corte de Justicia cumplieron el período de seis años por el que fueron electos, y el Consejo Nacional de la Magistratura escuchó la pasada semana a tres de ellos, que aspiraban a continuar en las posiciones más altas del poder judicial, pero en un giro político sorprendente, el organismo decidió no confirmar a los magistrados Manuel Alexis Read, Moisés Ferrer Landrón y Pilar Jiménez Ortiz. El cuarto magistrado, quien optó por no continuar ni someterse a evaluación, fue Blas Fernández.
Hasta el momento se desconoce las razones de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para tomar una decisión favorable a los magistrados de experiencia y largo historial de servicio en el poder judicial.
Previamente a la evaluación del CNM el área de comunicación de la Suprema Corte de Justicia había remitido el historial de cada uno de estos jueces, ponderando sus virtudes y las decisiones adoptadas, además de que, en la práctica, apostaba por su ratificación. Y no resultó así, pese a la presencia y las muy inteligentes valoraciones sobre cada uno de los magistrados realizadas por Luis Henry Molina, miembro del CNM y presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Las exposiciones de los tres jueces fueron brillantes. Desenvueltas, sin incidentes o cuestionamientos, salvo los bien encendidos elogios del doctor Molina, o las preguntas capciosas del presidente del Tribunal Constitucional, quien preguntó a cada magistrado sobre la cantidad de anulación de sentencias suyas anuladas por el TC.
El presidente de la República, Luis Abinader, condujo la sesión de evaluación, presentó a cada uno y ofreció las normas del intercambio, pero no hizo gala de curiosidad formulando preguntas. El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, hizo algunas preguntas, pero no tuvieron el filo que pudieran tener intervenciones de adversarios políticos en circunstancias tan especiales. Tobías Crespo, también de la oposición tuvo un desempeño muy moderado.
Nancy Salcedo, miembro de la SCJ y secretaria del CNM, y Antoliano Peralta, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, anunciaron la decisión de no ratificación de los magistrados, pero no dijeron cómo fue la votación al interior del organismo, si fue dividida o no.
Se desconoce si algunos de estos magistrados tiene o se mostró partidario de algún partido político, dado que fueron designados en la gestión en que Danilo Medina presidía el Consejo Nacional de la Magistratura.
Algunas voces del PLD ahora se quejan de la decisión del CNM, porque sostienen que Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read y Moisés Ferrer Landrón debieron ser ratificados, y atribuyen intenciones políticas al presidente Luis Abinader de control de los organismos que designa el CNM.
El presidente Abinader ha mostrado coherencia en la designación de profesionales de alto calibre en las altas cortes, y no necesariamente adherentes políticos.
Ahora toca, a partir de este lunes, que el CNM proceda con la convocatoria, evaluación y elección de cinco posiciones en la SCJ, incluyendo el espacio dejado por Napoleón R. Estévez Lavandier, desde finales del 2023, cu8ando fue designado por el CNM como presidente del Tribunal Constitucional, en sustitución de Milton Ray Guevara. También corresponde la evaluación de los miembros del Tribunal Superior Electoral, su ratificación o el cambio de los mismos.
A nadie debe extrañar que un organismo político, integrado por políticos, legisladores y magistrados, no tome en cuenta ese aspecto esencial de las personas a ser designadas para ejercer funciones tan relevantes en el poder judicial de la República Dominicana. No corresponde, sin embargo, que se haga una designación amañada, desvirtuando los roles y calidades y capacidades, sin tomar en cuenta aspectos históricos y éticos de los profesionales a ser escogidos.
Toca al presidente Abinader ejercer un rol de liderazgo en el CNM, porque sus partidarios tienen voz y voto, en particular los presidente del Senado y de la Cámara de Diputados. No podemos olvidar que el presidente Abinader fue quien auspició la exclusión de la Procuraduría General de la República del CNM, y en cambio, la inclusión del presidente del Tribunal Constitucional. Lo que representa una reducción del poder decisorio del presidente en la selección de los miembros de las altas cortes.
Esto de lo que se trata es de institucionalidad, de designaciones que no respondan a grupos políticos particulares, o a intereses económicos de grupos poderosos, que siempre aspiran a tener sus manos metidas en las decisiones de las altas cortes.
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