Perseguir la corrupción y no olvidar a los responsables de actos bochornosos

Luego de cinco años esperando una auditoría de la Cámara de Cuentas, se ha dado a conocer el informe sobre la gestión al frente del Ministerio de Hacienda del licenciado Donald Guerrero, entre el 2016 y el 2020, el segundo período de gobierno del presidente Danilo Medina.

Sorprende que los datos oficiales de la auditoría sea ahora cuando han fluido, luego de que el Ministerio Público, emprendiera investigaciones y el poder judicial considerada complejo el caso conocido como Calamar, y que varios de los socios o vinculados con el ex ministro confesaran la manera en que se realizaban las actividades fraudulentas y de extracción de recursos estatales, además de que llegaron a acuerdos para devolver miles de millones de pesos, y de propiedades que estaban involucradas o habían sido adquiridas con los recursos robados.

Pero la memoria colectiva es corta, y se olvidan los montos y las magnitudes de los fraudes. Se trata de dinero público, que duele colectivamente, pero se siente poco en los sectores de clase media y alta, y se siente más en la carencias de servicios sociales como educación, vivienda, salud, generación de empleos, acueductos, puentes,  carreras, políticas sociales en general.

En la auditoría de la Cámara de Cuentas se identificaron pagos por un monto RD$ 553,160,000 realizados a personas que no eran los legítimos propietarios de bienes expropiados y que eran utilizados para simular pagos a legítimos propietarios que tenían muchos años sin haber sido compensados

También se suscribieron contratos por un monto de RD$ 3,875,221,921 sin contar con la tasación requerida de la Dirección General del Catastro Nacional. Otra fórmula inventada para simular pagos a interesados, pero que disponían de recursos que iban al los bolsillos y las cuentas de funcionarios y sus vinculados.

…el olvido no puede ser nunca una opción, por más tiempo que transcurra. Y eso debe ocurrir con todos los actos de corrupción

La auditoría identificó que se realizaron tasaciones por un monto de RD$ 332,739,330 fuera del período establecido. También en esos cuatro años se realizaron reconocimientos de deudas anteriores a la entrega de las cubicaciones, por un monto total de RD$ 2,130,104,926. Este procedimiento abarcó compromisos financieros establecidos sin la verificación previa de las obras ejecutadas. Otra fórmula para el fraude.

Los auditores detectaron facturas emitidas hasta nueve meses antes de la firma de los contratos correspondientes, por un valor total de RD$ 292,943,470, lo que indica deficiencias en los controles internos. Asimismo, se identificaron otras facturas por RD$ 46,760,273 que no están vinculadas a la entidad que debía hacer el pago en nombre del Estado.

La Cámara de Cuentas detectó facturas por un valor de RD$ 11,730,059 que fueron generadas antes de contar con la debida autorización de las órdenes de compra. Vamos, en ese ministerio se estableció un modelo para defraudar al erario público, precisamente en el Ministerio sed Hacienda, responsable de la administración de los ingresos estatales.

Los auditores documentaron cesiones de fondos abonadas a personas que no presentaron evidencia de derechos sobre los créditos, generando un impacto negativo económico considerable por un total de RD$ 8,901,509,390. También se detectó la inclusión de partidas incorrectas en la documentación de pagos, lo que representa un monto adicional de RD$ 23,341,664.

Hay muchas otras inmundicias detectadas por esta auditoría, que deberá ser tomada en cuenta cuando los jueces dicten sentencia sobre casos que han representado una lesión verdaderamente grave sobre la parte más afectada de la sociedad dominicana.

Es muy lamentable que cada una de estas actividades han pasado sin que ninguna instancia pública haya detectado a tiempo y evitado la defraudación. Ahora se persigue a los defraudadores, que han alegado inocencia y argumentan que hay una retaliación política por la persecución de sus irregularidades por el Ministerio Público. En ese sentido, el olvido no puede ser nunca una opción, por más tiempo que transcurra. Y eso debe ocurrir con todos los actos de corrupción que se documenten, los antiguos y los que se identifiquen ahora.