El presidente Luis Abinader manifestó que toda persona implicada en actos ilícitos será llevada ante el Ministerio Público, sin importar su cargo o condición.
“No importa quién sea, no importa en el momento que sea, no importa la condición de la persona, serán llevados a la justicia si tienen acciones que lo comprometen con la corrupción”, expresó.
Asi lo subrayó durante LA Semanal con la Prensa, al presentar las acciones realizadas desde el Gobierno en coordinación con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Unidad antifraude, contra la corrupción desde 2020.
Destacó que su gobierno ha presentado casi 50 casos de corrupción para ser investigados, incluyendo uno reciente que involucra a militares y civiles en una red de estafa al Estado.
En cuanto a los casos que se han presentado ante la justicia, el mandatario destacó: Calamar, Pago RD, Cestur, Operación 13, Intrant y Dekolor, casos de sobornos para temas de seguridad, entre otros.
Subrayó que mediante la Unidad Antifraude perteneciente a la Controlaría General se han llevado a cabo 368 casos de colaboración con la Procuraduría General de la República (PGR), así como 31 de prevención, 20 de análisis forenses y 72 análisis de denuncias formales.
Además, indicó que con la finalidad de prevenir irregularidades que pudieran afectar al Estado, a traves de la DGCP fueron supervisadas más RD$ 853 mil millones, se cancelaron más de 517 compras sospechas y fueron emitidas 112,000 alertas a instituciones publicas para frenar comportamientos riesgosos.
Asimismo, fueron suspendidos 567 proveedores por estar impedidos legalmente de contratar con el Estado, 144 proveedores fueron inhabilitados por fraude documental y violaciones a la ley y fueron llevado al Ministerio Público 13 casos desde la DGCP para combatir la impunidad, siendo el ultimo el proceso de Inabie.
Señaló que la DGCP a través de un marco legal está también promoviendo una ley de contrataciones pública con sanciones claras, tiene la implementación del reglamento 416-23 para actualizar y fortalecer el sistema de compras públicas y la creación, monitoreo preventivo, código de pautas éticas y sistema de alerta.
En ese mismo orden, se firmó el decreto 380-25 sobre gestión de bienes de consumo.
De acuerdo, al director de la DGCP, Carlos Pimentel este decreto ordena a la institución a desarrollar un mecanismo centralizado de los bienes de consumo de todas las instituciones del Poder Ejecutivo.
"Eso va a implicar tener un mecanismo de control de esos bienes de consumo, saber qué tiene cada una de las instituciones y poder tomar decisiones con relación a las compras de manera mucho más inteligente, más eficiente y además generar mayores niveles de colaboración entre las instituciones del Estado", destacó.
Por otro lado, el mandatario explicó que en el periodo enero-marzo 2025 la Digeig en cuanto a la trasparencia evaluó 230 instituciones, de las cuales 211 cumplieron satisfactoriamente y un 7.06 % está en incumplimiento.
En ese orden, la directora de la Digeig, Milagros Ortiz indicó que a partir de septiembre aquellas instituciones que no cumplan con lo establecido en el decreto 166-25 serán sancionados.
El decreto 166-25 establece las medidas para reforzar la transparencia en todos los órganos y entes de la Administración Pública Central y Descentralizada bajo la dependencia del Poder Ejecutivo, en cumplimiento de lo dispuesto por la ley 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública, su reglamento de aplicación, la resolución de estandarización y la Política Nacional de Datos Abiertos, según los estándares establecidos por la Digeig.
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