El Ministerio Público concluyó la noche de este lunes la presentación de su solicitud de medida de coerción contra los imputados en la Operación Lobo, un caso que involucra a una red de militares y civiles acusados de corrupción y sobornos en perjuicio de varias instituciones públicas.

“Aquí están sobornados y sobornantes; esperamos la respuesta del sistema de Justicia”, expresó la procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), al salir de la audiencia que se desarrolla en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Ortiz subrayó que, a diferencia de otros procesos judiciales, esta vez el expediente incluye a todas las partes involucradas en los actos de corrupción. “Siempre se nos ha criticado de que teníamos los sobornados sin los sobornantes o los sobornantes sin los sobornados. Aquí están ambos”.

El equipo del Ministerio Público fue encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y conformado además por los fiscales Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán, Yoneivy González y Rosa María Pichardo.

La solicitud presentada ante el juez Rigoberto Sena incluye la imposición de prisión preventiva para los encartados y la declaratoria del caso como complejo, debido a la magnitud de los hechos y la estructura de corrupción desmantelada.

Entre los acusados figuran altos oficiales militares y policiales, así como empresarios y civiles: el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente Wellington Peralta Santos; el coronel policial Ramón Quezada Ortiz; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

De acuerdo con la investigación, los imputados formaban parte de una estructura que utilizaba sobornos para acceder y mantener contratos con entidades estatales, afectando de forma directa instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Seguro Nacional de Salud (SENASA) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.

Los cargos incluyen soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, corrupción administrativa y lavado de activos, conforme al Código Penal y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

La audiencia fue recesada por el juez Sena y continuará este martes 15 de julio a las 2:00 de la tarde.

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