Los implicados en el caso Calamar, Baldemar Andriw Ovalle Sánchez y Camilo Andrés Peña Hernández, acusados de realizar cobros ilegales junto a la Dirección de Casino y Juegos de Azar, acordaron este miércoles devolver cerca de cuarenta millones de pesos.
Los criterios de oportunidad a favor de los acusados fueron aprobados durante la audiencia celebrada hoy en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que encabeza la jueza Altagracia Ramírez.
Baldemar Andriw Ovalle Sánchez acordó devolver treinta y dos millones de pesos, que fueron entregados mediante cheque certificado a nombre de la Procuraduría General de la República.
Por su parte, Camilo Andrés Peña Hernández devolverá un millón setecientos ochenta mil pesos.
Ambos acusados están cooperando activamente con la investigación, lo que facilitó la aprobación de estos criterios de oportunidad por parte del tribunal. Esta cooperación es vista como un paso significativo en el avance del caso Calamar, que involucra la malversación de fondos públicos.
Al referirse a la decisión, Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), informó que el tribunal aceptó los acuerdos en su totalidad, tal como fueron presentados por el Ministerio Público.
Ortiz subrayó que estos pactos no están relacionados con otros acuerdos en el proceso y fueron presentados de manera independiente.
En este proceso judicial, el órgano persecutor acusa a los encartados de realizar, durante el periodo 2016-2020, cobros ilegales junto a la Dirección de Casino y Juegos de Azar, una dependencia del Ministerio de Hacienda.
Los acusados en este caso son Ángel Gilberto Lockward Mella, figuran como imputados Ángel Donald Guerrero Ortiz, José, Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Rafael Porfirio Calderón Martínez, Luis Miguel Piccirilo Mccabe, Claudio Silver Peña Peña, Princesa Alexandra García Medina, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández De Paola y Emir José Fernández De Paola.
También Oscar Arturo Chalas Guerrero, Julián Omar Fernández Figueroa, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Omar Manuel Miqui Arias, Rosa Arias Ruiz, Edwin Oscar Brito Martínez, César Miguel Santana Martínez, Mabel Sahina Mejía Cintrón, Nathaly Hernández Guzmán, Natividad Martínez Capellán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Enrique Cabrera Ramón, Juan Tomás Polanco Céspedes, Manuel Milcíades Morilla Gil, Manuel Milcíades Morilla Soto, Agustín Mejía Ávila y Daniel Alberto Guerrero Mena.
Figuran además las razones sociales Miqui Trade, S.R.L., Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., Britza Inversiones y Construcciones, S.R.L., Brimart Comercial, BM, S.R.L., Bribae Dominicana, S.R.L., Fincas de Recreo Villa Mella, S.R.L., Santa Bárbara, S.R.L., Desarrollos Rurales, S.R.L., Angel Lockward & Asociados, S.R.L. , Fundación de Estudios Económicos y Políticos, Inc., Financiamiento de Papeles de Créditos, S.R.L. y Intercaribe Mercantil, S.A.S.
Otros han pactado con el Ministerio Público
Además de Baldemar Andriw Ovalle Sánchez y Camilo Andrés Peña Hernández, han firmado con el Ministerio Público Giselle del Carmen Molano Frías, Belkis Antonia Tejeda Ramírez, Grupo DIBEFE, S.R.L. y Natalia Cesarina Beltre Torres, José Arturo Ureña Pérez y Ramón Emilio Jiménez Collie.
La audiencia para conocer estos criterios de oportunidad fue fijada para el 22 de agosto, donde se espera la decisión de la jueza Altagracia Ramírez sobre los acuerdos con los testigos.