Donald Trump optó por los aranceles masivos para revitalizar la industria manufacturera estadounidense, reducir el déficit comercial y generar ingresos fiscales que compensaran rebajas de impuestos, pero en la práctica provocó una inflación que tiene resentidos a sus votantes, enojos mundiales hasta de aliados cercanos e incluso algo poco previsible: reveses judiciales de jueces que se suponían arrullaban sus sueños.
Esto último hizo que el republicano encadenara en las últimas horas su segundo gran revés judicial del año. El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos (USCIT, por sus siglas en inglés) declaró ilegales los aranceles globales del 10 % impuestos por Trump el 24 de febrero. Son "inválidos" y "no autorizados por la ley", sentenció.
El USCIT acusó a la administración Trump de interpretar mal la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para justificar tales gravámenes.
Es un golpe doble: estos aranceles del 10 % habían sido diseñados precisamente como reemplazo de los aranceles recíprocos más amplios que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló a principios de 2026, obligando además a la administración republicana a reembolsar 166 mil millones de dólares que había recolectado. Es decir, el plan de reemplazo también cae por la vía judicial.
El fallo del USCIT, no obstante, tiene un alcance limitado por el momento, pero es una bomba de tiempo con poder de explosión también en el Supremo: el tribunal comercial solo concedió una medida cautelar a dos pequeñas empresas importadoras y al estado de Washington, pero tiene munición.
Estos nuevos aranceles permanecen vigentes para el resto de los importadores y el caso efectivamente podría escalar hasta llegar nueva vez al Tribunal Supremo.
¿Aranceles para esto?
Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics, fue categórico esta semana: "Los datos son definitivos; los aranceles han causado un daño significativo a la economía" de EEUU.
Zandi señaló el deterioro en el empleo y la aceleración de la inflación como las dos heridas más visibles.
Adicionalmente, un estudio de la Reserva Federal confirmó que los aranceles ya derrumbados por el Supremo generaron un impacto inflacionario "dólar por dólar": cada centavo de arancel se trasladó directamente al precio que pagan los consumidores y siguen ahí.
Según datos compilados por BusinessStats, el hogar estadounidense promedio enfrenta un costo adicional de 3.800 dólares anuales como consecuencia directa de estos gravámenes.
¿Y los mercados bursátiles? Llegaron a perder 8,2 billones de dólares en capitalización en apenas 48 horas tras el llamado "Día de la Liberación" del 2 de abril de 2025.
Según la Oficina de Análisis Económico (BEA), el déficit comercial de Estados Unidos se redujo un 35,6 % en los doce meses transcurridos entre abril de 2025 y marzo de 2026, al pasar de 1,09 billones de dólares a 700.486 millones, pero en marzo de 2026 —el primer mes completo tras el fallo del Tribunal Supremo que declaró ilegales los aranceles globales— el déficit volvió a crecer un 4,4 %.
La probabilidad de recesión, estimada en un 65 % por varios analistas, y la guerra comercial desatada con socios clave no dibujan el escenario de prosperidad que Trump prometió.
Entonces, la estrategia proteccionista ha generado incertidumbre en los mercados globales y enojo en aliados clave y, en lugar de blindar la economía de EEUU, ha encarecido la canasta familiar y eso puede que se refleje el 3 de noviembre en las elecciones de medio término.
Las reacciones de este fin de semana
La sentencia del USCIT ha desatado este fin de semana un aluvión de declaraciones. En el ala demócrata del Congreso, los legisladores destacan que el fallo confirma que una vez más Trump ha actuado fuera de los límites constitucionales.
Las pequeñas empresas que ganaron la demanda judicial calificaron la sentencia simplemente como "una victoria para todos los importadores".
La Casa Blanca no emitió una respuesta inmediata al fallo, pero el historial reciente de Trump anticipa una postura desafiante. En vísperas de la segunda sentencia, el mandatario ya había advertido que, si los tribunales seguían bloqueando sus aranceles, los nuevos "serían mucho más altos". La retórica presidencial apunta a una escalada, no a una retirada.
Desde el sector empresarial, abogados comerciales y asociaciones de importadores se coincide en que efectivamente el nuevo fallo abre la puerta a nuevas impugnaciones contra este gravamen y contra otras medidas arancelarias como las ya anticipadas por Trump.
El camino que sigue
Con los aranceles del 10 % pendientes de apelación, aunque previstos para expirar en breve (en julio), la administración se encuentra en un callejón de opciones cada vez más estrechas.
Puede apelar —lo que prolonga la incertidumbre jurídica—, legislar nuevas bases para los aranceles a través del Congreso o, como ha sugerido el propio presidente, imponer gravámenes aún más altos, pero bajo un fundamento legal distinto.
25 % para automóviles y camiones importados desde Europa
El 1 de mayo de 2026, Trump anunció en su red Truth Social que elevaba al 25 % los aranceles sobre automóviles y camiones importados desde la Unión Europea, acusando a Bruselas de incumplir el acuerdo comercial del 15 % negociado el año pasado, conocido como el Acuerdo de Turnberry (Turnberry, Escocia, Reino Unido).
La medida del 25% entró en vigor esta misma semana y su onda expansiva fue inmediata: el Euro Stoxx 50 se desplomó un 2,18 %, el DAX alemán cedió un 1,37 % y el CAC 40 francés retrocedió un 1,71 %.
El 6 de mayo, Euronews analizó el riesgo sistémico para la cadena de suministro europea, con especial foco en los gigantes automotrices alemanes y el llamado Motor Valley italiano. Las marcas más expuestas —Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz y Stellantis— enfrentan un escenario de pérdida de competitividad en el mercado estadounidense.
Ese Acuerdo de Turnberry contempla un arancel del 15 % para la mayoría de productos europeos (incluidos los carros), a cambio de que la UE elimine los gravámenes a los productos industriales estadounidenses.
La UE busca frenar la escalada
Ante la amenaza, el responsable de Comercio de la Unión Europea, Maros Sefcovic, se reunió el 5 de mayo en París con el representante comercial de Washington, Jamieson Greer, en una sesión de noventa minutos para exigir el restablecimiento de los aranceles del 15 % pactados originalmente.
El presidente francés, Emmanuel Macron, fue más allá y pidió abiertamente que Bruselas activara su «bomba atómica» comercial, el Instrumento Anticoerción.
La UE sopesa entre apaciguar a Washington o responder con contramedidas, un dilema que se califica como el más delicado de la relación transatlántica en décadas.
Las divergencias sobre la posibilidad de introducir salvaguardas que permitan paralizar la implementación del pacto si Washington continúa amenazando a la UE ya impidieron en un primer momento que el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo se pusieran de acuerdo.
Mientras la Eurocámara reclama dichas medidas, que países como España, Francia, Finlandia o Luxemburgo ven con buenos ojos, otro grupo de gobiernos, liderados por el alemán, se oponen a ello.
Entre las distintas medidas europeas, efectivamente destaca la de aplicar el instrumento anticoerción (herramienta comercial que permitiría a la UE imponer aranceles a Estados Unidos por unos 93 mil millones de euros) si fracasan los esfuerzos diplomáticos por evitar una escalada en esta guerra comercial.
La UE ya estudió esta posibilidad en enero, durante la crisis diplomática desatada por Trump al querer Groenlandia para EEUU, pero la congeló durante seis meses cuando el republicano puso marcha atrás en su amenaza de imponer aranceles a los países europeos que habían enviado tropas a esa isla. Groenlandia es la isla más grande del mundo y su territorio autónomo pertenece a Dinamarca.
Devoluciones por aranceles ilegales
Este miércoles 6 de mayo la administración Trump comenzó a devolver parte de los 166 mil millones de dólares en aranceles que el Tribunal Supremo declaró ilegales al sentenciar que el presidente no tenía autoridad para imponerlos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Varios importadores ya recibieron pagos con intereses en sus cuentas bancarias, y se esperan más desembolsos la próxima semana. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) habilitó un portal digital llamado CAPE para gestionar las solicitudes, con un plazo de procesamiento de 45 días.
El cheque por «devolución» por importaciones dominicanas
Un día después del inicio del proceso de reembolsos, Trump advirtió a las empresas que sería «una buena decisión» no buscar recuperar el dinero ya pagado por los aranceles, y afirmó que recordará a quienes no lo hagan.
La declaración no tiene efecto legal sobre el derecho al reembolso ordenado por la Corte Suprema, pero añade un riesgo a los importadores estadounidenses.
Con el presidente Luis Abinader reuniéndose con todos los sectores nacionales con la tarea de mitigar los efectos en el país de la guerra contra Irán desatada por EEUU e Israel, se creyó erróneamente que la sentencia del Supremo sobre los aranceles IEEPA de Trump —que en el caso dominicano costó 440,4 millones de dólares— implicaba que también habría un cheque por «devolución» a ser cobrado a favor directamente de República Dominicana.
Pero el dinero cobrado en exceso durante esta fase de la guerra arancelaria -está ya siendo devuelto y con intereses- regresa a los importadores estadounidenses y no a los exportadores.
Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) y exconsultor del Fondo Multilateral de Inversiones del BID y del PNUD, lo plantea con precisión: «Ese dinero no le corresponde para nada al Gobierno dominicano ni al exportador dominicano. Quienes pagaron el arancel son los individuos, las empresas que realizaron la importación, porque es en la desaduanización del bien que se paga».
Esto no significa que los exportadores dominicanos no hayan sufrido, pero el mecanismo de ese daño es distinto al que inicialmente se creyó ya que, a lo más, algunos importadores estadounidenses renegociaron precios con sus proveedores dominicanos para compensar el nuevo gravamen.
Esa negociación, si es que ocurrió, fue caso por caso, exportador por exportador. Como señala Collado Di Franco, «de seguro que en muchos casos los exportadores dominicanos no hicieron descuentos, ni tienen acuerdos».
El Gobierno dominicano no es el reclamante. No puede serlo. Y esa distinción, lejos de reducir su responsabilidad, la define con mayor precisión: su rol es entender esta guerra y alistarse para cuando las nuevas olas del tsunami arancelario de Trump lleguen a nuestras costas, si es que finalmente llegan.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que «los aranceles podrían volver a estar vigentes en su nivel anterior a comienzos de julio» y Trump declaró el 5 de mayo que los nuevos aranceles que prepara efectivamente «serán mucho más altos» que los anulados por la Corte Suprema.
México dice presente en disputa EEUU-Europa
Como en este mundo el que no corre se encarama, el principal dirigente de la patronal de México avisó que su país servirá de puente para Europa contra los altos aranceles de EEUU.
México se posicionará como tal con la próxima firma de la actualización de su acuerdo comercial, que permitirá al viejo continente sortear los aranceles impuestos por Trump, confirmó este jueves el dirigente patronal Sergio Contreras.
La Unión Europea y México tienen previsto firmar el tratado el 22 de mayo dentro de la cumbre bilateral que se celebra en la capital del país latinoamericano, con la participación de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, la misma a quien Trump llamó estos días para avisarle que los aranceles del 25 % iluminarán con mayor brillo desde el 4 de julio, Día de EEUU.
El acuerdo con México propone disminuir aranceles y Contreras explicó que el convenio convertirá a su país en "el punto de unión, la plataforma para que (…) confluyan" la Unión Europea y Norteamérica.
México paga gravámenes menores que Europa para exportar a Estados Unidos. La tasa para la oferta de México es del 4%, mientras que los países europeos pagan en promedio hasta 15%, y ahora un 25% para automóviles y camiones.
El acuerdo, cuya revisión llevó 10 años, permitirá a empresas europeas invertir en México para acceder a toda la región.
México "se consolida como una de las pocas economías con acceso preferencial simultáneo a Norteamérica y Europa", destacó el titular de Comce y recordó que la Unión Europea fue el segundo principal destino de las exportaciones mexicanas con 27 mil 658 millones de dólares en 2025. Las importaciones sumaron más del doble: 66 mil 940 millones de dólares.
¿Por qué México sería el puente y no RD y otros del Caribe?
La pregunta es legítima, sobre todo para países del Caribe que también mantienen vínculos comerciales con Washington y Bruselas: ¿por qué México y no nosotros? La respuesta está en la arquitectura de sus acuerdos, en la escala de su economía y en el tratado que se firmará el 22 de mayo en Ciudad de México.
México es signatario del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), que cubre alrededor del 85 % de sus exportaciones hacia Estados Unidos sin pagar aranceles. Eso significa que, incluso bajo la política arancelaria de Trump, México paga gravámenes menores al 4 % para exportar al mercado estadounidense.
República Dominicana y el resto del Caribe operan bajo el DR-CAFTA, un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos que no incluye a Canadá ni establece una zona de integración productiva regional comparable.
Más importante aún: ningún país del Caribe cuenta con un tratado de libre comercio vigente con la Unión Europea de alcance equivalente al que México está a punto de firmar.
El Acuerdo de Asociación Económica (EPA) que la UE mantiene con el Cariforum —bloque que incluye a República Dominicana— cubre principalmente bienes y servicios, pero no genera la misma plataforma de inversión productiva que el acuerdo México-UE.
El DR-CAFTA no es un escudo, es un marco
República Dominicana tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero el ímpetu arancelario de Trump ha demostrado que los tratados son marcos legales, no garantías absolutas.
El DR-CAFTA —el acuerdo de libre comercio que vincula a República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos desde 2007— eliminó o redujo aranceles sobre la gran mayoría de exportaciones dominicanas hacia el mercado estadounidense: textiles, calzado, productos agrícolas y manufacturas de zonas francas, entre otros.
Durante casi dos décadas, ese marco funcionó como un piso de certidumbre para el sector exportador dominicano, pero la «revolución arancelaria» de Trump ha introducido una variable que el tratado no contempla: el uso sistemático de instrumentos legales de emergencia que se superponen a los compromisos comerciales pactados.
Si Washington determina que un producto amenaza su seguridad, el DR-CAFTA no ofrece protección.
República Dominicana teóricamente no negocia su posición arancelaria de forma bilateral con Washington. Lo hace como parte del bloque CAFTA, junto a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, pero eso no significa que no lo intente; insistirá este mismo mes de mayo.
Si la guerra comercial de Trump está acelerando la automatización y la reconfiguración de las cadenas productivas globales, la República Dominicana necesita una fuerza laboral preparada para trabajar en las empresas que abandonarán sus actuales sedes.
Ello implica que hay que reorientar la educación técnica hacia la ingeniería y la automatización, y de paso fortalecer la producción local para reducir la dependencia de importaciones que hoy llegan encarecidas por los aranceles.
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