El ministro de Vivienda, Ito Bisonó, expuso ante la Asociación de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi) los pilares de una reforma que el gobierno presenta como transformadora: digitalizar y estandarizar los permisos de construcción. Pero mientras el Estado anuncia sistemas y plataformas, el sector privado aguarda que esas promesas se traduzcan en expedientes resueltos, plazos cumplidos y viviendas construidas en un país donde el déficit habitacional supera el millón y medio de unidades.
El almuerzo empresarial mensual del gremio sirvió como escenario para que el ministro Víctor "Ito" Bisonó presentara el estado de la reforma a la permisología en el MIVHED. El funcionario, quien asumió el cargo en enero de 2026 tras el Decreto 3-26 del presidente Luis Abinader, llegó a la cartera con el mandato explícito de modernizar un sistema históricamente señalado por su lentitud y discrecionalidad.
En su intervención, Bisonó centró el discurso en dos herramientas ya operativas: la Ventanilla Única de Construcción (VUC) y la tramitación exprés, mecanismos que buscan concentrar en un solo punto de contacto los trámites que antes obligaban a los desarrolladores a recorrer múltiples instituciones.
"Estamos construyendo un sistema que organiza el expediente en un solo lugar, establece reglas claras y permite dar seguimiento a cada etapa con mayor visibilidad. Esto no es un cambio aislado, es una transformación en la forma en que el Estado interactúa con el sector", sostuvo el ministro.
El Sistema NORM: la apuesta por eliminar la discrecionalidad
La novedad más concreta del evento fue la presentación del Sistema NORM, una herramienta diseñada por los técnicos del MIVHED —Reinier Mallol, director de Transformación Digital, y Christopher de la Cruz, director de Control de Gestión— que busca establecer un checklist verificable y estandarizado para la evaluación de expedientes de construcción.
¿Qué cambia con NORM?
El sistema apunta a que los criterios de aprobación o rechazo de un permiso sean iguales para todos, eliminando el margen de interpretación que históricamente ha abierto la puerta a la arbitrariedad y, en algunos casos, a la corrupción. La trazabilidad de cada proceso sería pública y auditable.
Si funciona como se anuncia, NORM podría representar un punto de inflexión: pasar de un sistema donde el resultado de una solicitud dependía en parte de quién la evaluaba, a uno donde la norma es la misma para todos los proyectos.
Sin embargo, el sistema fue presentado como un diseño en desarrollo, no como una plataforma ya implementada. La distancia entre el anuncio y la operación efectiva es, precisamente, el talón de Aquiles de las reformas institucionales en el país.
El Código de Construcción: la norma que tardó décadas
En paralelo a los anuncios sobre permisología digital, el evento reafirmó la reciente oficialización del Código de Construcción de la República Dominicana, formalizado mediante la Resolución núm. 007-2026 emitida la semana pasada. Este instrumento normativo, que establece los lineamientos para el diseño, construcción y supervisión de obras a nivel nacional, había sido socializado con el sector desde 2025 pero recién ahora adquiere vigencia legal.
La oficialización del Código es, en sí misma, una señal de que el marco regulatorio del sector estaba incompleto. Que el país haya operado sin un código de construcción unificado durante tanto tiempo explica, en parte, por qué la informalidad y la heterogeneidad en los criterios de aprobación se convirtieron en la norma.
El déficit habitacional: el número que lo pone todo en perspectiva
Detrás del debate técnico sobre plataformas y checklists hay una urgencia social que no admite demoras. La República Dominicana registra un déficit habitacional de aproximadamente 1.4 millones de unidades, equivalente al 39.3% del total de hogares del país, según datos del CAF – Banco de Desarrollo de América Latina. De ese total, cerca de 393,000 viviendas presentan deficiencias críticas en acceso a agua, saneamiento y energía.
A eso se suma que el 75% de los hogares dominicanos presenta condiciones de hacinamiento, según Hábitat para la Humanidad RD, lo que convierte el problema habitacional en una emergencia de salud pública y desarrollo humano.
En ese contexto, cada mes de demora en un permiso de construcción no es solo un problema burocrático: es una vivienda que no se construye, una familia que no accede a soluciones formales.
La voz del sector privado: colaboración con condiciones
La presidenta de Acoprovi, Annerys Meléndez, respaldó los avances presentados por el MIVHED, pero encuadró el apoyo del gremio en términos de resultados, no de intenciones.
"La colaboración público-privada es clave para lograr cambios sostenibles en el ecosistema de la construcción. Una permisología eficiente es fundamental para impulsar la construcción de viviendas asequibles y reducir el déficit habitacional", afirmó Meléndez.
El evento incluyó una mesa de consulta en vivo donde los asociados pudieron plantear problemas concretos de proyectos en curso, un formato que sugiere que las fricciones entre el sector y la burocracia ministerial siguen siendo cotidianas y específicas, no solo estructurales.
Vale recordar que el ajuste tarifario que el MIVHED aplicó a los trámites de la VUC en 2025 generó preocupación en el sector, al encarecer los costos de los permisos en un momento en que la industria ya enfrentaba presiones por las altas tasas de interés. Ese antecedente pesa en la relación entre el gremio y el ministerio.
Lo que viene: entre la modernización y la implementación
El MIVHED tiene sobre la mesa un conjunto de herramientas que, en papel, apuntan en la dirección correcta: la VUC centraliza trámites, la tramitación exprés reduce tiempos, el Sistema NORM estandariza criterios y el Código de Construcción unifica la normativa. El problema es que ninguna de estas iniciativas ha sido evaluada aún con datos de impacto real: tiempos promedio de resolución antes y después, cantidad de expedientes procesados, porcentaje de rechazos y sus causas.
Sin esos indicadores, el debate sobre la permisología en República Dominicana seguirá siendo una conversación entre anuncios y expectativas, mientras el déficit habitacional continúa acumulándose.
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