El economista Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), consideró positivo que el Gobierno haya decidido recortar el gasto público por RD$ 40,000 millones, pero advirtió que el ajuste, tal como está planteado, luce insuficiente para elevar la credibilidad fiscal y enfrentar un escenario de mayor incertidumbre.
Collado Di Franco sostuvo que una reducción con verdadero impacto debería ser, por lo menos, el doble de la anunciada. A su juicio, los RD$ 40,000 millones representan alrededor de 0.45% del PIB estimado por las autoridades, por lo que la meta debería acercarse a un punto porcentual del PIB si se busca enviar una señal más contundente a los agentes económicos y a los mercados.
En su valoración, el país enfrenta presiones que no se corrigen solo con recortes puntuales, sino con reformas estructurales enfocadas en reducir costos y elevar productividad. En esa línea, reiteró que el gasto público debe ajustarse, especialmente cuando una parte importante de los recursos se destina a subsidios, transferencias y programas que, según afirmó, “consumen recursos de los que carece el Gobierno”.
El plan de contención del gasto fue anunciado el pasado 30 de abril por el presidente Luis Abinader durante el quincuagésimo séptimo Consejo de Ministros en el Palacio Nacional, para mitigar el impacto del alza del petróleo, atribuida al conflicto bélico en el Medio Oriente.
Subsidios y transferencias: “consumen recursos que el Gobierno no tiene”
El economista señaló que el actual programa de subsidios y transferencias exige financiamiento que no siempre está respaldado por ingresos permanentes, lo que eleva el riesgo de recurrir a deuda o a medidas transitorias.
Además, alertó que la discusión no debe centrarse solo en “cuánto” se recorta, sino en cómo se recorta: con claridad sobre las partidas afectadas, evitando anuncios generales que no permitan medir el alcance del ajuste.
Por qué no es viable usar las disponibilidades en Banreservas
Collado Di Franco abordó un punto frecuente en el debate público: por qué el Gobierno no utiliza los recursos que mantiene depositados en Banreservas o en el Banco Central para cubrir gasto.
De acuerdo con cifras del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas 2025 (Dirección General de Contabilidad Gubernamental), al cierre de 2025 el Gobierno central mantenía disponibilidades de efectivo en moneda nacional y extranjera por RD$ 36,857 millones en el banco estatal. Dentro de ese total, las cuentas “República Dominicana” (en pesos y moneda extranjera) concentraban el equivalente a RD$ 25,600 millones, cerca del 70% del efectivo disponible en Banreservas.
El economista subrayó que, bajo la magnitud del gasto público presupuestado para 2026, esas disponibilidades representarían menos de una semana de gasto, por lo que no constituyen una fuente sostenible para financiar erogaciones corrientes.
Recursos en el Banco Central ligados al servicio de la deuda externa y a las reservas
En cuanto a los fondos del Gobierno en el Banco Central, Collado Di Franco indicó que una parte sustancial corresponde a cuentas para el pago del servicio de la deuda externa, en dólares y euros. Esas cuentas, precisó, equivalían al 97% del total de RD$ 94,454 millones depositados en el ente emisor al cierre de 2025.
A su juicio, utilizar esos recursos sin un aumento compensatorio de reservas implicaría una reducción neta de los activos externos, lo que —en un contexto de incertidumbre internacional— incrementaría vulnerabilidades. “Una cosa es cómo fueron acumulados los recursos en el ente emisor y otra diferente sería usarlos y reducir los activos en moneda extranjera”, planteó.
Presupuesto reformulado: el recorte se formalice por ley
Para fortalecer el efecto y la credibilidad del recorte, Collado Di Franco afirmó que la reducción del gasto debe estar contenida en una nueva ley de presupuesto reformulado, y no quedarse en decretos o disposiciones con enunciados generales.
En su análisis, los agentes económicos necesitan conocer con precisión cuáles serán los nuevos montos de gasto, y el Congreso Nacional debe tener participación en ese proceso, por su rol fiscalizador del presupuesto tanto en reducciones como en aumentos.
El economista insistió en que el ajuste debe detallarse por capítulo, es decir, por institución ejecutora. En términos prácticos, esto supone que el monto total a reducir se traduzca en recortes identificables por ministerio y entidad, con el objetivo de transparentar qué partidas serán afectadas y quiénes serán responsables de implementarlas.
Collado Di Franco también vinculó esta necesidad de claridad con la discusión sobre endeudamiento: dijo que no es deseable emitir bonos para financiar el tipo de gasto que se está ejecutando y que inversionistas, tenedores de bonos y agencias calificadoras observan el manejo de la deuda y el compromiso con medidas estructurales.
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