En cuestión de pocos días, las dos principales voces económicas del Estado dominicano emitieron mensajes que conviene leer en paralelo. El Banco Central comunicó que la economía creció 5.1 % interanual en marzo de 2026, el mayor ritmo en once meses, y mantuvo la tasa de política monetaria en 5.25 %. Días después, el Consejo de Ministros anunció un paquete de medidas para liberar RD$ 40,000 millones del gasto público con el fin de absorber el choque petrolero derivado de la crisis en Medio Oriente. Dos comunicados, dos énfasis distintos: solidez y vulnerabilidad simultáneas.
La narrativa del BCRD se construye sobre cuatro pilares que conviene enumerar con precisión. Primero, la actividad económica medida por el IMAE acumuló 4.1 % en el primer trimestre, con un mes de marzo donde la construcción creció 8.0 %, hoteles, bares y restaurantes 8.0 % y manufactura de zonas francas 7.8 %. Segundo, la inflación interanual a marzo se ubicó en 4.63 %, dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 % por trigésimo quinto mes consecutivo, aunque el sistema de pronósticos del propio BCRD admite que podría rebasar temporalmente el límite superior por el choque energético. Tercero, el peso dominicano acumula una apreciación cercana a 5.2 % al cierre de abril, sostenida por turismo, exportaciones y remesas. Cuarto, las reservas internacionales superan los US$ 16,000 millones.
La proyección oficial sitúa el crecimiento de 2026 en un rango de 3.5 % a 4.0 %, con expectativas de inflación que retornarían al rango meta hacia el cierre del año conforme se disipen los efectos del petróleo. La decisión de mantener la TPM en 5.25 %, en línea con la mayoría de bancos centrales de la región, refleja un mensaje deliberado: la autoridad monetaria considera que los fundamentos resisten el choque externo y que no se justifica, por ahora, ni relajar ni endurecer la política monetaria.
La narrativa de Hacienda y de la Dirección General de Presupuesto parte de un punto distinto. El ministro Magín Díaz reconoció que el país enfrenta uno de los mayores choques de precios de su historia reciente, con un alza superior a 80 % en el precio del petróleo, y que cada incremento sostenido de US$ 10 por barril representa cerca de US$ 763 millones adicionales en la factura petrolera anual. Frente a ello, el Gobierno anunció en el quincuagésimo séptimo Consejo de Ministros la disposición de medidas para liberar RD$ 40,000 millones, mediante revisión de apropiaciones presupuestarias aún no comprometidas, reducción de gastos operativos, restricción de adquisición de vehículos, salvo en seguridad y asistencia social, racionalización de contrataciones, eventos, viáticos y publicidad, y una reducción de 50 % a la asignación a partidos políticos.
El director de Presupuesto, José Rijo Presbot, formuló el principio rector: respetar todo compromiso ya formalizado bajo contrato, pero someter a revisión, ajuste o reducción aquellas apropiaciones aún no comprometidas, según prioridades nacionales. La estrategia se sostiene en tres objetivos declarados: preservar la estabilidad macroeconómica y social, mitigar el impacto sobre alimentos y canasta básica, y sostener la inversión pública. El propio ministro Díaz advirtió, sin embargo, que un choque de esta magnitud tiene efectos inevitables sobre inflación, crecimiento y déficit fiscal, lo cual conduce al núcleo del análisis.
A primera vista, los dos mensajes parecen contradictorios. El BCRD comunica recuperación, anclaje de expectativas y resiliencia; Hacienda comunica choque histórico, contención y la necesidad de posponer gasto no prioritario. Pero la contradicción es solamente aparente. Lo que ocurre es que cada institución proyecta su mandato sobre la coyuntura. La autoridad monetaria está obligada por su régimen de metas de inflación a transmitir credibilidad sobre el ancla nominal, y por ello enfatiza la apreciación cambiaria, las reservas y la persistencia de la inflación dentro del rango meta. La autoridad fiscal está obligada por la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal y por la presión de los subsidios a comunicar disciplina y holgura para mantener el espacio del gasto social.
Donde sí existe una asimetría que merece escrutinio público es en la calibración de los riesgos. La narrativa monetaria habla de un crecimiento esperado entre 3.5 % y 4.0 %, cuando la Ley de Presupuesto 99-25 fue elaborada con supuestos macroeconómicos distintos y proyectaba una inversión pública equivalente a 2.5 % del PIB con un déficit fiscal contenido. La narrativa fiscal, al anunciar RD$ 40,000 millones de contención, reconoce implícitamente que la ejecución presupuestaria de 2026 no podrá realizarse en los términos originalmente aprobados por el Congreso. Esto no es necesariamente negativo, es prudencia ante un choque externo verificable, pero sí amerita que el Ejecutivo presente al país un escenario macrofiscal actualizado, no fragmentos.
Tres asuntos quedan en el aire al leer ambas narrativas en conjunto. El primero es la consistencia entre el escenario inflacionario del BCRD y el costo fiscal de los subsidios a los combustibles y la electricidad. Si la inflación retorna al rango meta hacia el cierre del año, será en parte porque el Estado absorbe vía subsidios la diferencia entre los precios internacionales y los precios al consumidor; ese costo fiscal compite directamente con los RD$ 40,000 millones que se buscan liberar. El segundo es la composición del ajuste: reducir publicidad, viáticos y aportes a partidos políticos es éticamente correcto pero cuantitativamente limitado; el grueso de los RD$ 40,000 millones tendrá que provenir de apropiaciones de capital o de bienes y servicios no comprometidos, con efectos sobre la inversión real. El tercero es el horizonte: la duración del conflicto en Medio Oriente es la variable que ningún modelo doméstico controla, y conviene que el Gobierno haga público el plan de contingencia diferenciado por escenarios de duración del choque.
La separación funcional entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda es una conquista institucional dominicana que conviene preservar. Pero la ciudadanía y los agentes económicos necesitan, además de dos comunicados separados, una narrativa integrada que articule cómo se complementan disciplina fiscal y estabilidad monetaria en este episodio concreto. El crecimiento de 5.1 % en marzo y la contención de RD$ 40,000 millones en abril son, vistos juntos, expresión de una economía que crece por encima del promedio regional pero que opera bajo un choque externo significativo. Reconocer ambas cosas a la vez, sin maquillaje y sin alarmismo, es lo que distingue una comunicación económica madura de un relato meramente celebratorio o meramente defensivo.
El reto para los próximos meses no es elegir entre la narrativa optimista del Banco Central y la narrativa cautelosa de Hacienda. El reto es que el país disponga de un solo cuadro macrofiscal actualizado, transparente y sometido a discusión pública, donde se vean simultáneamente las proyecciones de crecimiento, las nuevas trayectorias de gasto y deuda, el costo fiscal del subsidio energético y los supuestos del precio del petróleo. Esa es la conversación pendiente.
Tu Consultorio Financiero es una columna desarrollada por Jesús Geraldo Martínez sobre finanzas personales, para orientar a las personas con conocimientos básicos en finanzas y economía a mejorar su entendimiento. Para consultar con el autor puede escribir al correo abogadojesus@icloud.com, o en Instagram @Jesusgeraldomartinez.
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