Crecer hacia arriba, inundarse abajo: la paradoja urbana del Gran Santo Domingo

El Gran Santo Domingo pasó de la vivienda unifamiliar a los condominios y torres, pero su sistema de desagüe sanitario y pluvial no fue ampliado para que tuviera la capacidad de absorber las aguas negras de los grandes edificios y, al mismo tiempo, dar curso a las lluvias, que cada año se incrementan debido al cambio climático.

Esta realidad ocurre en un país altamente vulnerable a inundaciones, no solo por fenómenos naturales, sino por una combinación de factores que van desde su ubicación geográfica hasta las condiciones de sus asentamientos, infraestructuras y realidades sociales.

La vulnerabilidad se acentúa en las áreas urbanas, donde los asentamientos informales proliferan en zonas bajas y cercanas a ríos, arroyos y cañadas. Según el mapeo elaborado por la Defensa Civil en coordinación con el Sistema Integrado Nacional de Información (SINI) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), el Distrito Nacional concentra 53 zonas vulnerables: 43 por riesgo de inundaciones y nueve por deslizamientos.

Las principales causas son:

• 17 casos por obstrucción del drenaje.
• 12 casos por crecida y desbordamiento de ríos.
• 10 casos por desbordamiento de cañadas.
• Nueve casos por precipitaciones.
• Nueve casos por saturación del suelo y/o eventos sísmicos.

La situación cobra mayor relevancia en un contexto donde el cambio climático ha dejado de ser una advertencia distante para convertirse en una amenaza inmediata para República Dominicana, lo que demanda una adaptación urgente de las infraestructuras y una reflexión sobre el modelo de desarrollo urbano y la gobernanza municipal. Solo entre 2001 y 2023 se registraron 60 eventos climáticos extremos en el país, la mayoría correspondientes a tormentas tropicales e inundaciones.

El impacto económico también resulta significativo. Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), República Dominicana pierde aproximadamente el 2.2 % de su producto interno bruto (PIB) cada año a causa de fenómenos climáticos extremos. Por su parte, el Banco Mundial estima que estos eventos pueden ocasionar pérdidas de hasta el 1 % del PIB anualmente.

Una urbanización acelerada

Hasta 2022, 9.1 millones de dominicanos, equivalentes al 82 % de la población, residían en zonas urbanas, una realidad que refleja el acelerado proceso de urbanización y los desafíos asociados al ordenamiento territorial.

Las proyecciones apuntan a que para 2050 la población urbana aumentará hasta 12.2 millones de personas, equivalente al 92 % de la población estimada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Este crecimiento plantea nuevos desafíos para el sector construcción, especialmente en un contexto marcado por la vulnerabilidad climática.

El costo de los desastres naturales no solo aumenta en términos económicos, sino también por los daños causados a las infraestructuras. Entre 2017 y 2022, la Defensa Civil reportó 25,787 viviendas anegadas, 5,075 viviendas parcialmente destruidas, 914 viviendas destruidas, 58 puentes afectados y 617 poblados incomunicados. A ello se suma que entre 2016 y 2022 fue necesario reconstruir 1,000 puentes y vías, lo que generó daños estimados en US$ 700 millones que impactaron directamente la productividad del país, conforme a datos del BID.

El desafío de la densidad urbana

Para el urbanista Marcos Barinas, el problema no radica en las construcciones verticales en sí mismas.

“El problema no está en las construcciones verticales, sino en las densidades y el impacto que tiene sobre la infraestructura de servicios, el equipamiento comunitario y las áreas verdes necesarias para el esparcimiento de la población y para contrarrestar las islas de calor que generan la densidad de edificaciones y manejar las aguas de lluvia canalizando adecuadamente al subsuelo”, aclaró.

Los datos demográficos respaldan esa preocupación.

El Censo de 2010 registró una densidad de 10,544.96 habitantes por kilómetro cuadrado en el Distrito Nacional, mientras que en Santo Domingo fue de 1,824.14 habitantes por kilómetro cuadrado. Para entonces, la población conjunta ascendía a 3,339,410 personas, de las cuales 965,040 residían en el Distrito Nacional.

• Más de 1,000 habitantes por kilómetro cuadrado: era la densidad poblacional de Santo Domingo al cierre de 2022.
• 3,798,698 personas residen en la metrópoli de Santo Domingo.
• Los habitantes de Santo Domingo representan el 35.2 % de la población total del país.
• República Dominicana registraba 10,773,983 habitantes al cierre de 2022.
• En la provincia de Santo Domingo existen 1,297,631 viviendas.
• De ese total, 168,434 viviendas están ubicadas en zonas rurales.

Barinas también advirtió sobre las consecuencias territoriales del crecimiento urbano. “El crecimiento de la ciudad hacia las periferias, y a la vez su desarrollo vertical, impacta directamente las áreas naturales, protegidas o no, las fuentes de agua potable y el suelo productivo agrícola. Pero también generan movilidad innecesaria dependiente del automóvil que provoca contaminación ambiental y gastos innecesarios de combustible”, señaló.

Viviendas vulnerables y presión ambiental

La tendencia continuará en las próximas décadas. Para 2050, más de 12 millones de dominicanos vivirán en asentamientos urbanos, exponiéndose a viviendas vulnerables frente a fenómenos naturales.

“El crecimiento acelerado de las urbes que no se ha podido dominar, influenciado con el aumento de los niveles de contaminación, está planteando un desafío para el Estado, el sector privado y la sociedad civil”, afirmó Carolina Acosta, arquitecta experta en planificación ambiental.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que el 24 % de la morbilidad mundial y el 23 % de los fallecimientos están relacionados con problemas ambientales.

• 2,456,930 viviendas están expuestas a algún tipo de contaminación en República Dominicana.
• 410,246 viviendas están afectadas por acumulación de basura.
• 254,612 viviendas están expuestas a agua estancada.
• La contaminación ambiental continúa siendo un factor de riesgo para millones de hogares en el país.

Las desigualdades también se reflejan en el riesgo climático. Uno de cada cuatro hogares entre los más pobres corre un alto riesgo de sufrir inundaciones, frente a uno de cada ocho hogares entre los más ricos. La arquitecta Yanelba Abreu considera que el Gran Santo Domingo ha crecido vertiginosamente hacia las alturas.

Según explicó, el acelerado desarrollo inmobiliario plantea desafíos relacionados con el acceso al agua potable, la disponibilidad de electricidad, las conexiones para drenaje pluvial y el manejo adecuado de los desechos sólidos.

En materia de residuos, el informe Perspectiva de la Gestión de Residuos Sólidos de América Latina y el Caribe, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala que la región genera 541,000 toneladas de residuos al día. Cada habitante produce aproximadamente un kilogramo diario de desechos.

En República Dominicana la situación es similar, con una generación per cápita cercana a un kilogramo diario de residuos sólidos municipales. A ello se suma un consumo per cápita de 180 litros de agua y 1,644.2 kWh de energía, lo que incrementa la presión sobre los recursos naturales y obliga tanto al sector público como al privado a buscar mecanismos para satisfacer la creciente demanda de la población residente en el Gran Santo Domingo.

Abreu insistió en la necesidad de fortalecer la regulación ambiental.

“Es crucial empujar esta normativa para que los proyectos formales cumplan con los criterios ambientales. En República Dominicana, muchos asentamientos informales carecen de supervisión técnica, lo que resulta en viviendas deficientes y un alto consumo de recursos materiales sin considerar el impacto ambiental”, advirtió.

El costo de la vulnerabilidad

Ubicada en el centro del Caribe, República Dominicana está expuesta a huracanes, terremotos y ciclones que generan pérdidas estimadas entre 0.69 % y 3.3 % del PIB, según el Perfil Nacional de Riesgo Catastrófico.

Además, el país enfrenta el reto de cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9, orientado a la construcción de infraestructuras resilientes y sostenibles. El Banco Mundial estima que para mejorar la resiliencia nacional sería necesario destinar recursos equivalentes al 1.6 % del PIB.

Los desastres naturales han afectado históricamente la economía dominicana. Entre 1960 y 2017, los costos directos e indirectos asociados a estos eventos fueron estimados en US$8,610 millones. De acuerdo con la Dirección General de Análisis y Política Fiscal (DGAPF), entre 1960 y 2022 el 47 % de los desastres naturales que impactaron el país correspondieron a tormentas tropicales, el 36 % a inundaciones, el 11 % a epidemias y el 4 % a incendios. Las sequías y los sismos representaron el 1 % cada uno.

Mientras tanto, en 2023 la Dirección General de Presupuesto (Digepres) registró US$ 1,350 millones en gastos asociados a actividades impulsoras del cambio climático, una cifra 1.8 veces superior a los US$ 760 millones destinados a gastos considerados amigables con el medio ambiente.

La Cepal estima que América Latina y el Caribe necesitarán entre 2015 y 2030 inversiones en infraestructura equivalentes al 3.1 % del PIB, incluyendo transporte, agua, saneamiento, protección contra inundaciones y sistemas de riego.

República Dominicana tampoco es ajena al impacto económico de los eventos meteorológicos, que pueden representar pérdidas equivalentes al 1.5 % del PIB nacional.

Las tormentas tropicales continúan siendo el fenómeno hidrometeorológico más frecuente en el país. Entre 1995 y 2024 se registraron 29 tormentas tropicales, 15 depresiones tropicales, 10 huracanes categoría 1, siete huracanes categoría 3, siete categoría 4, cuatro categoría 2 y tres categoría 5. En términos generales, el 81.3 % de los eventos registrados estuvo vinculado a fenómenos tropicales, mientras que el 16 % correspondió a perturbaciones y el 2.6 % a fenómenos extratropicales.